Mabel Azcui, Agencias (El País)
Tema: Bolivia
(pincha en la imagen para ampliarla)Acorralado por las protestas callejeras, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anulado el decreto que subía hasta en un 82% el precio de los combustibles, y que le ha generado una de las peores crisis desde que asumió el poder, en 2006. Morales hizo el anuncio en un inesperado mensaje a la nación en la medianoche del viernes 31, mientras las organizaciones sociales se aprestaban a retomar las movilizaciones a partir de mañana.
Morales informó de su decisión tras una prolongada reunión del Consejo de Ministros, y tras un encuentro con líderes sindicales y organizaciones sociales que le son afines. "Prometí gobernar obedeciendo al pueblo. En estos días escuché y entendí las recomendaciones de los trabajadores y en esta política de mandar obedeciendo al pueblo hemos decidido abrogar el decreto 748 y las otras medidas que le acompañan", dijo Morales en una breve presentación junto al vicepresidente, Álvaro García Linera, en la Casa de Gobierno.
Apenas dos días antes, el presidente boliviano había insistido en que mantendría el decreto, destinado, explicó, a terminar con las enormes subvenciones a los carburantes que estaban comprometiendo la economía nacional y alimentando el contrabando a países vecinos. En esa ocasión anunció que elevaría un 20% el salario mínimo para compensar la espiral de subidas de precios en los productos básicos.
Pero el anuncio no logró convencer a la población, y sobre todo a las propias bases del partido oficial, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y a las organizaciones sindicales y campesinas afines a Evo Morales.
Las protestas se reanudaron con mayor violencia el jueves. Los cortes de carreteras y la huelga de transportistas interrumpieron las comunicaciones entre las provincias. Las principales ciudades fueron escenario de nutridas marchas, que acabaron a menudo disueltas a golpes por la policía.
En El Alto, bastión incondicional del mandatario indígena situado a 14 kilómetros de La Paz, los manifestantes cortaron la carretera y quemaron una estación de peaje. En la capital, los asistentes convocados por las combativas juntas vecinales a la marcha destruyeron el portón del edificio de la vicepresidencia, atacaron a pedradas algunos comercios y quemaron una bandera de Venezuela, ya que atribuyen la decisión del gasolinazo a la influencia de Hugo Chávez, mentor de Evo Morales.
En realidad, la subida suponía el reconocimiento del Gobierno de su fracaso en la nacionalización de los hidrocarburos, decretada en 2006, al poco de llegar a la presidencia, y que ha ahuyentado las inversiones, provocando un descenso de la producción local. "Si queremos inversiones en petróleo, es obligado que los inversores tengan utilidades [beneficios]", había declarado Evo Morales.
El problema es que sus propias bases, las mismas que, con él al frente, derrocaron a dos presidentes en 2003 (Gonzalo Sánchez de Lozada) y 2005 (Carlos Mesa), no atendieron a las argumentaciones de su líder.
Ante el anuncio de un recrudecimiento de las protestas y el incierto desenlace que se le planteaba, Morales decidió dar marcha atrás. "Todas las medidas quedan sin efecto", anunció en la noche del 31 (madrugada del 1 de enero en España). "No existe ninguna justificación ahora para subir los pasajes ni aumentar el precio de los alimentos, ni la especulación. Todo vuelve a la situación anterior", añadió. También queda anulada la subida del salario mínimo.
La elevación de precios de los carburantes (un 57% para la gasolina y hasta un 82% para el diésel) ocasionó una escalada en las tarifas del transporte y en el costo de los alimentos. La carne, la harina y el azúcar empezaban a escasear.
El Ejército había empezado a fabricar y vender pan, en respuesta a la huelga de panaderos. "Hemos empezado a hacer pan en nuestros barracones, donde tenemos hornos industriales con una capacidad de 10.000 barras al día", había declarado un oficial a la prensa local. Para mañana estaban previstas nuevas protestas, entre ellas una marcha de miles de mineros desde el altiplano a La Paz, además de un bloqueo de carreteras por parte de organizaciones campesinas.
Las subvenciones a los combustibles, que tienen el precio congelado muy por debajo del precio real del mercado, supusieron el año pasado 380 millones de dólares (unos 287 millones de euros). Además de lastrar la economía, las subvenciones han alentado el contrabando fronterizo de combustibles, que se realiza a pesar de la vigilancia militar.
Morales informó de su decisión tras una prolongada reunión del Consejo de Ministros, y tras un encuentro con líderes sindicales y organizaciones sociales que le son afines. "Prometí gobernar obedeciendo al pueblo. En estos días escuché y entendí las recomendaciones de los trabajadores y en esta política de mandar obedeciendo al pueblo hemos decidido abrogar el decreto 748 y las otras medidas que le acompañan", dijo Morales en una breve presentación junto al vicepresidente, Álvaro García Linera, en la Casa de Gobierno.
Apenas dos días antes, el presidente boliviano había insistido en que mantendría el decreto, destinado, explicó, a terminar con las enormes subvenciones a los carburantes que estaban comprometiendo la economía nacional y alimentando el contrabando a países vecinos. En esa ocasión anunció que elevaría un 20% el salario mínimo para compensar la espiral de subidas de precios en los productos básicos.
Pero el anuncio no logró convencer a la población, y sobre todo a las propias bases del partido oficial, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y a las organizaciones sindicales y campesinas afines a Evo Morales.
Las protestas se reanudaron con mayor violencia el jueves. Los cortes de carreteras y la huelga de transportistas interrumpieron las comunicaciones entre las provincias. Las principales ciudades fueron escenario de nutridas marchas, que acabaron a menudo disueltas a golpes por la policía.
En El Alto, bastión incondicional del mandatario indígena situado a 14 kilómetros de La Paz, los manifestantes cortaron la carretera y quemaron una estación de peaje. En la capital, los asistentes convocados por las combativas juntas vecinales a la marcha destruyeron el portón del edificio de la vicepresidencia, atacaron a pedradas algunos comercios y quemaron una bandera de Venezuela, ya que atribuyen la decisión del gasolinazo a la influencia de Hugo Chávez, mentor de Evo Morales.
En realidad, la subida suponía el reconocimiento del Gobierno de su fracaso en la nacionalización de los hidrocarburos, decretada en 2006, al poco de llegar a la presidencia, y que ha ahuyentado las inversiones, provocando un descenso de la producción local. "Si queremos inversiones en petróleo, es obligado que los inversores tengan utilidades [beneficios]", había declarado Evo Morales.
El problema es que sus propias bases, las mismas que, con él al frente, derrocaron a dos presidentes en 2003 (Gonzalo Sánchez de Lozada) y 2005 (Carlos Mesa), no atendieron a las argumentaciones de su líder.
Ante el anuncio de un recrudecimiento de las protestas y el incierto desenlace que se le planteaba, Morales decidió dar marcha atrás. "Todas las medidas quedan sin efecto", anunció en la noche del 31 (madrugada del 1 de enero en España). "No existe ninguna justificación ahora para subir los pasajes ni aumentar el precio de los alimentos, ni la especulación. Todo vuelve a la situación anterior", añadió. También queda anulada la subida del salario mínimo.
La elevación de precios de los carburantes (un 57% para la gasolina y hasta un 82% para el diésel) ocasionó una escalada en las tarifas del transporte y en el costo de los alimentos. La carne, la harina y el azúcar empezaban a escasear.
El Ejército había empezado a fabricar y vender pan, en respuesta a la huelga de panaderos. "Hemos empezado a hacer pan en nuestros barracones, donde tenemos hornos industriales con una capacidad de 10.000 barras al día", había declarado un oficial a la prensa local. Para mañana estaban previstas nuevas protestas, entre ellas una marcha de miles de mineros desde el altiplano a La Paz, además de un bloqueo de carreteras por parte de organizaciones campesinas.
Las subvenciones a los combustibles, que tienen el precio congelado muy por debajo del precio real del mercado, supusieron el año pasado 380 millones de dólares (unos 287 millones de euros). Además de lastrar la economía, las subvenciones han alentado el contrabando fronterizo de combustibles, que se realiza a pesar de la vigilancia militar.
