Primas para Wall Street

Jérome Dûval (Público)

Tema: Estados Unidos

En un contexto de crisis que afectaba sobre todo a los hogares humildes que ya no podían garantizar el pago de su vivienda, los grandes bancos ofrecieron primas astronómicas y otras ventajas a sus directivos. En octubre de 2007, en plena crisis de las subprime, Merrill Lynch decidió la salida anticipada de su presidente y consejero delegado, Stan O’Neal, y le concedió una indemnización de 160 millones de dólares (cerca de 30 millones en concepto de jubilación y 129 millones en stock options). Es así como Merrill Lynch daba ejemplo: agradeciéndole al presidente de un gran banco mundial haber asumido personalmente la responsabilidad de las pérdidas ligadas a las hipotecas de riesgo (subprime). Algunos días más tarde, en noviembre de 2007, fue el turno de Charles Prince, presidente de Citigroup, a quien reconocieron los servicios prestados con una prima de 12,5 millones de dólares. En 2007, el presidente y consejero delegado del banco Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, pulverizó el récord de primas concedidas al primer ejecutivo de un banco al verse recompensado con 68 millones de dólares.

Según una encuesta de The Wall Street Journal, en 2007 las principales entidades financieras estadounidenses se embolsaron 130.000 millones de dólares en concepto de remuneración (salarios más primas). Si sólo se contabilizan las primas, ese mismo año los banqueros y brokers de Wall Street percibieron 33.000 millones de dólares, lo que constituye una cifra astronómica en una época en la que los países industrializados se deslizaban hacia una crisis profunda y duradera. Este importe sólo es moderadamente inferior al récord de 2006, cuando se autoconcedieron más de 34.000 millones de dólares, justo antes del inicio de la crisis. En 2008, un año después, las autoridades de Nueva York anunciaron que las mismas entidades de Wall Street que habían recortado ese año 19.200 puestos de trabajo (esto es, un recorte del 10,3% de la plantilla del sector financiero) pagaron 18.400 millones de dólares en primas a sus trabajadores. Aunque esa cifra es un 44% inferior a la del año anterior, queda patente que los despidos de muchos trabajadores se producen para mantener las primas exorbitantes de unos cuantos.

Así pues, esas prácticas se continúan aplicando incluso después de que las entidades financieras hayan percibido las ayudas del Estado para salir a flote, en un momento en el que el desempleo y la precariedad campan a sus anchas en pleno apogeo de la crisis. En Estados Unidos, la tasa de desempleo oficial se duplicó en dos años, pasando del 4,6% en 2007 al 10% de la población activa en el cuarto trimestre de 2009 (según datos de laOCDE), por lo que perdió más de 8,5 millones de empleos a partir de diciembre de 2007. Los 55,8 millones de estadounidenses que perciben una pensión de la Seguridad Social volverán a experimentar por segundo año consecutivo una congelación de la misma, sin que tengan derecho a una subida correlativa a la inflación.

Mientras tanto, según lo publicado por The Wall Street Journal el 11 de octubre de 2010, las remuneraciones totales de los directivos de Wall Street apuntan a un nuevo récord de 144.000 millones de dólares para 2010.

Por otra parte, el mayor exportador de armas del mundo no deja de acrecentar su gasto militar, que entre 1998 y 2008 se incrementó en un 66,9% hasta situarse en más de 607.000 millones de dólares en 2008. Inmune a las esperanzas que había despertado, y a pesar de la crisis financiera mundial, la Administración Obama no ha logrado atajar la tendencia belicosa de su antecesora (durante su presidencia, entre 2000 y 2008, George W. Bush consiguió aumentar el presupuesto militar en un 63 %). Nada más llegar al poder, la Administración Obama pactó un presupuesto militar de 661.000 millones de dólares para 2009 (el 43% del presupuesto militar mundial), de los cuales 65.000 millones se destinaron a financiar la guerra de Afganistán, donde el Pentágono duplicó sus efectivos militares. Por lo tanto, el presupuesto estaba más dirigido a financiar la guerra en Afganistán, el armamento y el mantenimiento de la gran cantidad de bases estadounidenses (más de 700) instaladas por todo el mundo –como las nuevas bases en Honduras o Colombia– o las primas a los banqueros, que para los gastos sociales que benefician a la población.

Desde el inicio de la crisis en 2007 hasta 2009, los banqueros y brokers de Wall Street percibieron más de 70.000 millones de dólares en primas. Ahora bien, el 29 de enero de 2009 el flamante presidente de Estados Unidos no ocultó su enfado ante las primas distribuidas por los grupos financieros estadounidenses a sus trabajadores en 2008: “Entre otras cosas, será necesario que la gente de Wall Street que está pidiendo ayuda muestre moderación, disciplina y un mayor sentido de la responsabilidad”. A pesar de su llamada a la moderación, Obama no se pronunció sobre los 118 millones de dólares percibidos en concepto de salario, primas y acciones entre 1999 y 2008 por uno de sus asesores principales, el antiguo responsable de Citigroup Robert Rubin. Tampoco hizo referencia a Timothy Geithner –nombrado por Obama secretario del Tesoro– cuando este defraudó al fisco al ocultar los ingresos que había percibido del FMI. En definitiva, creo que los bonitos discursos sólo sirven para tranquilizar a la opinión pública y distraer su atención cuando hace falta.

Miembro del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

Sobre la guerra y la salud pública

Joan Benach y Carles Muntaner (Público)

Tema: Salud
1. ¿Quién prepara las guerras? Tras la masacre de Hiroshima y Nagasaki, el general Groves, director militar del proyecto Manhattan, dijo: “La guerra es un acto de fuerza” y para ella “no hay límite alguno”, afirmando que la muerte por radiación era “una manera muy placentera de morir”. Después de la II Guerra Mundial, EEUU siguió desarrollando un sistema militar planetario hegemónico donde un complejo político-económico-militar financia públicamente un conglomerado de empresas con intereses corporativos y políticos entrelazados. Un ejemplo es la empresa Blackwater (ahora Xe), cuyos soldados escapan al control estatal. En 2009, el gasto militar de EEUU (casi la mitad del mundo) fue de 534.000 millones de dólares, sin incluir guerras como Irak (más de tres billones de dólares). Los países europeos lideran el ranking mundial de 2010 de países exportadores de armas, en el que España ocupa el sexto lugar.

2. ¿Cuántos y quiénes mueren? En el siglo XX, murieron por las guerras 181 millones de personas. En el genocidio de Irak murió más de un millón de personas, sin contar soldados estadounidenses y de otros países, fuerzas de seguridad, periodistas y cooperantes. Hoy, cuatro de cada cinco muertos son civiles, la mayoría de clases populares. Entre los 400.000 soldados estadounidenses fallecidos en la II Guerra Mundial, Corea, Vietnam e Irak las víctimas fueron sobre todo pobres. Además, las muertes se subestiman. Por ejemplo, los estadounidenses creen que en Vietnam murieron 50.000 estadounidenses y 100.000 vietnamitas en lugar de entre los 4 y 5,5 millones que realmente murieron.

3. ¿Cómo engañar a la población? El político estadounidense Hiram Johnson apuntó que la verdad era la primera víctima de la guerra; y Orwell señaló que el lenguaje político se diseña para que las mentiras suenen como verdades. Göring, segundo de Hitler, reconoció que, como la gente no quiere la guerra, se debe ocultar y manipular: “Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo”. En la guerra de Vietnam, el presidente y el Pentágono mintieron sobre el incidente del golfo de Tonkin para convencer al pueblo de ir a la guerra. Las filtraciones de Wikileaks y los estudios han enseñado como se emitieron centenares de declaraciones falsas sobre las armas de destrucción masivas en Irak o los vínculos iraquíes con Al Qaeda.

4. ¿Cuál es su impacto global? El impacto de las guerras en la salud pública es inabarcable. Además de muertes y heridos, pensemos en el impacto sobre la salud física y mental en las víctimas de la tortura y en mujeres y niñas que sufren violencia sexual, los millones de refugiados y desplazados y los mutilados por millones de minas. Pensemos en la huida de técnicos, médicos, educadores y profesionales, los efectos sanitarios agudos y crónicos por contaminantes del aire, tierra y agua de armas químicas, biológicas y nucleares, la destrucción ecológica del paisaje, la biodiversidad y la alteración de ecosistemas por las múltiples actividades militares.

5. ¿Qué podríamos hacer sin guerras ni ejércitos? Los costes de la guerra restringen los recursos sociales y de salud. Cada arma, cada buque, cada estación militar, cada soldado, roba recursos imprescindibles para reducir la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la desigualdad. El coste del gasto militar mundial de un hora equivale a la iniciativa de dos décadas de erradicar la viruela; el coste de medio día, permite pagar la inmunización completa de todos los niños del mundo por enfermedades infecciosas; el coste de tres semanas permitiría pagar la atención primaria de salud para los niños de los países pobres, el suministro de agua potable y la inmunización.

6. ¿Un mundo sin guerras? Muchos autores y políticos han planteado que la violencia y la guerra son “irremediables”. McNamara, arquitecto de la guerra del Vietnam, dijo que no erradicaremos las guerras, “no vamos a cambiar la naturaleza humana”. Al recibir el Nobel de la Paz, Obama afirmó no tener duda de que la maldad existía y que decir que la fuerza podía ser necesaria era “reconocer la historia, las imperfecciones del hombre y los límites de la razón”, en una velada justificación de la escalada militar en Afganistán. Muchos otros creen que la guerra es un fenómeno asociado con conflictos sociales evitables. El antropólogo Douglas Fry ha documentado decenas de sociedades con niveles de agresión mínimos, apuntando que la guerra no es inevitable. Su prevención requiere analizar los conflictos e intereses geopolíticos, el negocio militar de las clases y países dominantes y las mentiras reproducidas en los medios, pero también educar en valores y actitudes antibélicos y pacifistas, y desarrollar movimientos como los encabezados por Gandhi y Martin Luther King.

En la víspera de Navidad de 1914 en la I Guerra Mundial, algunos soldados del frente occidental empezaron a cantar Noche de paz, que enseguida se propagó por las trincheras. No hubo disparos. Los soldados dejaron sus armas para ir a tierra de nadie y confraternizar. La no declarada tregua hizo que, por unas horas, estallara la paz. La guerra puede evitarse. La paz se puede construir. También está en nuestra naturaleza.

Profesores de Salud Pública en la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de Toronto. Miembros del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (Greds-Emconet, UPF)

El Papa confesará a la banca vaticana para evitar pecados con los capitales

El Economista

Tema: Religión
El papa Benedicto XVI ha promulgado un documento para la lucha contra el blanqueo de capitales en las instituciones financieras del Vaticano, con el fin de dotar de mayor transparencia a la Santa Sede, tres meses después de que el Banco Vaticano fuera objeto de investigación.

A través de una carta apostólica, Benedicto XVI subraya su compromiso en la adopción de los principios y los instrumentos jurídicos promovidos por la comunidad internacional para luchar contra el fenómeno del blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo.

La nueva norma, promulgada ayer, será de aplicación a todos los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede, al tiempo que se acuerda constituir la Autoridad de Información Financiera (AIF) a la que dota de competencias en esas materias y aprueba su estatuto.

- Aplicación de la Convención.

Esta decisión papal supone en la práctica la aplicación de la Convención monetaria firmada el 17 de diciembre del año pasado en Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la Ciudad del Vaticano, para combatir las actividades ilegales en campo financiero y monetario.

Con estas medidas, el Vaticano pretende entrar en la lista blanca o la lista de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El portavoz vaticano, Federico Lombardi dijo que "la nueva normativa obedece a la exigencia de conservar el eficaz funcionamiento de los organismos que operan en el marco económico y financiero para el servicio de la Iglesia Católica en el mundo, y aún más, a la necesidad moral de la transparencia, honestidad y responsabilidad que hay que observar siempre en el ámbito social y económico".

"Se evitarán en el futuro -dijo- aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles. La Iglesia será más creíble ante la comunidad internacional y sus miembros". Lombardi hacía referencia a años de graves acusaciones contra el Vaticano por supuestas operaciones o transacciones ilegales, que han hecho planear la sospecha sobre la Santa Sede.

- Precedente del Ambrosiano.

La quiebra en 1982 del Banco Ambrosiano, cuyo principal accionista era el Vaticano fue uno de los escándalos modernos más sonados.

Su presidente, Roberto Calvi, que apareció muerto en Londres, expuso al banco en 14.000 millones de dólares, en operaciones exteriores de alto riesgo, que contaban con la garantía de cartas firmadas por el cardenal Paul Marcinkus y Luis Mennini, los dos máximos responsables de la Instituto para las Obras de la Religión (IOR), la banca vaticana. La bancarrota originó la quiebra de una treintena de empresas y aunque el Vaticano siempre rechazó cualquier responsabilidad sí admitió su "implicación moral".

Crisis municipal y descentralización fallida

Luis Pires (El Economista)

Tema: Economía

De forma creciente surgen en la prensa noticias sobre la delicada situación financiera de los gobiernos municipales en España: dificultades para pagar a sus proveedores y empleados, para financiarse y para endeudarse. Las causas de estos problemas no sólo están en la mala gestión de los propios ejecutivos municipales: el problema de fondo reside en una estructura política y económica del poder local que hace inevitable la presencia de desequilibrios presupuestarios crónicos, situación que la crisis actual no ha hecho más que agravar.

Para entender el origen de la configuración actual de los municipios hay que remontarse a los siglos XIX y XX, en los que, partiendo del intento del Estado Liberal por crear una nueva ordenación del territorio español frente a la estructura heredada del Antiguo Régimen, se fue conformando una estructura local basada en tres niveles, de mayor a menor, las regiones (hoy llamadas comunidades autónomas), las provincias y los municipios.

La evolución de estos últimos ha sido poco racional. Hasta 1870 no hubo una definición jurídica clara del municipio, y desde entonces la tendencia ha sido la de disminuir el número excesivamente elevado de ellos en España (desde los casi 9.300 de ese año hasta los 8.114 actuales, cifra que sigue siendo muy alta). Hay que recordar que el municipio se extiende por todo el territorio nacional, y que los intentos de limitar su cifra en atención a una población mínima apenas han tenido éxito. Esto hace que exista una gran heterogeneidad en cuanto a población, superficie y densidad. Tan municipio es el menos poblado de España –Illán de Vacas, en la provincia de Toledo, con 6 habitantes– como Madrid, con más de tres millones de ciudadanos. Las desigualdades en superficie también son enormes, hasta el punto de que el más extenso, Cáceres, con 1.750 km2, es casi tan grande como la provincia de Guipúzcoa (1.909 km2).La democracia no ha traído una racionalización de los municipios, más bien lo contrario, ya que la tendencia descendente en su número que venía existiendo desde el siglo XIX hasta 1980 (cuando se llegó a la cifra más baja, 8.022) cambió radicalmente y, desde entonces, su número no ha parado de crecer.

Las comunidades autónomas, por su parte, han sido las verdaderas (y únicas) protagonistas en el proceso de descentralización que se inició en España en 1979. Este proceso todavía no se ha cerrado, ya que aunque las regiones han recibido prácticamente todas las transferencias posibles de gastos, la transferencia de ingresos todavía está abierta, principalmente porque no ha sido muy demandada por unos políticos regionales que prefieren sólo gastar y dejar que el Gobierno central cargue con la responsabilidad de recaudar los impuestos.

De las tres entidades, la mejor estructurada es la división provincial, ya que divide el territorio nacional en 50 provincias relativamente homogéneas en cuanto a población y superficie. Prueba de esta óptima división es que apenas ha sufrido cambios desde su creación en 1833, una creación que se basó en criterios de coherencia geográfica que predominaron sobre los elementos históricos. A pesar de ello, las provincias han perdido prácticamente todo su poder político en manos de unas autonomías que vieron a las diputaciones provinciales como un adversario en sus aspiraciones de obtener competencias del Gobierno Central y establecer influencia en su territorio, además de que en las comunidades autónomas uniprovinciales (más de un tercio de las regiones, 6 de 17) las diputaciones provinciales han desaparecido.

¡Y éste es el panorama en el que los ayuntamientos han tenido que desarrollar su labor! Entre sus problemas se encuentra, en primer lugar, que no han recibido apenas nuevas competencias, y las que han asumido no han sido atribuidas como propias sino de forma delegada, obteniendo en esos casos sólo facultades gestoras. Por otro lado, la mayoría de las competencias entregadas lo han sido sin poner a disposición de los ayuntamientos los recursos necesarios para cumplirlas, lo que ha agravado aún más su situación financiera. Junto a lo anterior, la presión ciudadana que veía cómo se hablaba de descentralización cuando en realidad ésta consistía en cambiar al Estado central por uno autonómico igual de centralista, sin acercar la mayoría de las políticas públicas a los poderes locales más cercanos al ciudadano (provincias y ayuntamientos), ha hecho que los municipios hayan asumido varias competencias que legalmente no tenían asignadas, las denominadas “impropias”, lo que supone una presión adicional a sus cuentas públicas. Por último, la desigualdad crea un doble problema. El primero es el de los municipios muy grandes, que se ven encorsetados por una estructura legal e institucional en la que no pueden desarrollar todas sus iniciativas y potencialidades. El segundo es el de aquellos municipios tan pequeños que no tienen capacidad para llevar a cabo las políticas básicas que demandan sus ciudadanos, escollo agravado por la pérdida de poder político de los organismos intermedios (véase las provincias) encargados de su coordinación, y sólo compensado en parte por la agrupación voluntaria en mancomunidades.

Si en un futuro próximo se pretende reforzar el papel de los municipios y, sobre todo, hacerlos viables financieramente, habrá que dotarles de los recursos financieros y competenciales adecuados. Esté es el sentido del llamado pacto local o segunda descentralización, que requiere unas reformas ya apuntadas por el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local publicado en 2005 por el Ministerio de Administraciones Públicas. Por un lado, habría que mejorar los ingresos municipales mediante su efectiva participación en varios tributos estatales o autonómicos, para que obtengan una suficiencia financiera y una capacidad de planificación que eviten su excesiva dependencia de subvenciones graciables en su concesión o de aumentos coyunturales de los precios inmobiliarios. Pero el grueso de las medidas se debe situar en el ámbito competencial, siendo imperioso el establecimiento de un mínimo de competencias asumidas exclusivamente por el poder local, no sólo en su gestión, sino también en su planificación, programación y regulación (además de su financiación).En la práctica, las leyes sectoriales del Gobierno central y de las autonomías tienen preeminencia sobre el poder local, incluso en asuntos tan evidentemente locales como el urbanismo, quedando el poder local relegado a un mero papel de participación en órganos y procedimientos estatales y autonómicos sin más alcance que el de proponer o informar.

Las anteriores recomendaciones del Libro Blanco y otras iniciativas parecidas apenas se han desarrollado, principalmente por la oposición de las autonomías y el escaso interés del Estado central. Por ello, los problemas financieros de los municipios seguirán arrastrándose mientras no se realice una reforma más profunda de la organización de las administraciones públicas en España. Expresiones como segunda descentralización o profundización de la descentralización esconden un hecho que muy pocos se atreven a denunciar: en España no se ha producido un verdadero proceso de descentralización que acercara de forma racional las políticas públicas a los ciudadanos, sino una errática y poco planificada creación de gobiernos regionales y posterior cesión precipitada de competencias desde el Estado central hacia estos nuevos gobiernos autonómicos. Este proceso lleva más de 30 años sin que se vislumbre un final, y ha originado unos gobiernos regionales absolutamente centralistas, celosos de sus competencias y a la vez poco eficientes en el desarrollo de las políticas competenciales recibidas.

A su vez, el proceso ha generado otros dos problemas: el escaso desarrollo de los poderes locales, y la pérdida de influencia de organismos intermedios de coordinación entre los municipios y el poder autonómico y nacional (curiosamente, las comunidades autónomas están recibiendo ahora las competencias para poder crear organismos intermedios supra e inter municipales, aunque su desarrollo ha sido muy escaso por ahora). Hasta que no se aborde una verdadera descentralización administrativa que conlleve una nueva relación de fuerzas entre los tres niveles, y no el excesivo poder que han venido acumulando los gobiernos regionales en los gastos y el Gobierno central en los ingresos, los desequilibrios financieros y de déficit públicos serán cada vez más difíciles de corregir.

Un riesgo enorme de choque

Michael Spence (El Economista)

Tema: Economía

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Es hora de que el G20 tome en serio su mandato de acordar medidas para estabilizar la economía global y encauzarla hacia un patrón de crecimiento más sostenible. Sin embargo, eso no está ocurriendo. El G20 se está comportando como una sociedad de debate en la que el discurso de cooperación que impulsó a principios de la crisis se ha convertido en una serie de acciones a menudo imprudentes y unilaterales por parte de sus miembros.

Con todo, hay varios riesgos significativos para la estabilidad y prosperidad de la economía global que se tienen que abordar urgentemente. Irlanda ha conducido a Europa a su segunda crisis de deuda soberana en un año. La esquizofrenia se ha apoderado de los mercados de capital, y los flujos de inversión van y vienen a través del Atlántico en respuesta al riesgo de contagio en Europa y a la expansión cuantitativa o QE2 emprendida en Estados Unidos.

Mientras tanto, los capitales están inundando unos mercados emergentes con tasas de interés más altas, y esto a su vez causa presiones inflacionarias, elevando los precios de las acciones y sometiendo a las divisas a una apreciación que puede poner en riesgo su competitividad. En resumen, se trata de distorsiones y dolores de cabeza para los encargados de la política económica que requieren respuestas defensivas no convencionales.

Las predicciones de empleo y crecimiento en los países avanzados son más modestas; un reconocimiento tardío de la realidad de una recuperación prolongada y difícil y de una nueva normalidad post crisis. Los déficit fiscales en el corto y medio plazo se observan como más peligrosos, debido a que estas previsiones de crecimiento sean más realistas y, por tanto, más bajas.

En Estados Unidos, los gestores de la política económica piensan que el elevado desempleo y un menor crecimiento requieren una respuesta política. Pensando en términos cíclicos, y puesto que las herramientas fiscales ya se han agotado, una nueva ronda de expansión cuantitativa (QE2) puede ser defendida como estrategia para mitigar el riesgo de otra desaceleración en los mercados de activos (principalmente el inmobiliario) y en las hojas de balance de las familias -y con ello la posibilidad de una dinámica deflacionaria-.

Es preocupante que en Estados Unidos se vea la QE2 como una estrategia de crecimiento porque no lo es, a menos que se piense que las bajas tasas de interés revertirán el proceso de desapalancamiento del sector privado, el aumento del consumo y la disminución del ahorro -un escenario que no es probable ni deseable-. También se asume que se puede postergar el tratamiento, tal vez permanentemente, para las limitaciones estructurales a la competitividad.

La opinión fuera de Estados Unidos es que la QE2 es un error con efectos externos negativos, o una política con una intención clara pero no anunciada de devaluar el dólar, una acción cuyos principales efectos negativos sobre el crecimiento y la competitividad se sentirían con mayor probabilidad en Europa que en China, la India o Brasil. Las acciones unilaterales en éste y otros temas han debilitado la misión del G20 de identificar y aplicar de forma coordinada políticas que brinden beneficios mutuos. Un requisito mínimo para el avance del G20 es que se discutan, y si es posible se acuerden previamente, las políticas de los países avanzados y emergentes que tengan efectos externos significativos.

Aparte de la necesidad de reducir el apalancamiento durante algunos años más, la economía estadounidense se enfrenta a problemas de largo plazo que tienen que ver con la demanda agregada, el empleo y la distribución de los ingresos, que no se pueden resolver sólamente mediante el consumo o la inversión. Estados Unidos necesita ampliar su participación en la demanda externa global, lo que requiere inversión en el sector público, cambios estructurales y una competitividad mejorada en el sector exportador.

Al mismo tiempo, Europa lucha para encontrar una solución a sus problemas de déficit y deuda tratándolos con soluciones de liquidez a corto plazo cuyo objetivo es ganar tiempo para la consolidación fiscal y, ante la falta de un mecanismo de tipo de cambio, una especie de proceso de deflación para restablecer la competitividad externa. El éxito de ninguna manera está garantizado y el resultado más probable es una secuencia de contagios y una mayor pérdida de confianza en el euro. La cuestión central es el reparto de la carga entre los tenedores de bonos, los ciudadanos de los países deficitarios, la Unión Europea y, por supuesto, el resto del mundo (a través del Fondo Monetario Internacional.)

Como resultado, las economías de mercado emergentes están en peligro. Pueden sostener tasas relativamente altas de crecimiento en caso de recuperaciones lentas y débiles en los países avanzados, excepto si hay una desaceleración importante en América del Norte o Europa (o en las dos), una erupción grave del proteccionismo o inestabilidad en los mercados financieros.

Las principales economías emergentes también producen efectos sistémicos cada vez mayores en el crecimiento y el empleo de una amplia gama de países, incluidos los avanzados, y así deben entenderlo. Las viejas asimetrías se están diluyendo y en el núcleo de la coordinación de la política económica global hay nuevos desafíos de distribución.

Durante la mayor parte del periodo de posguerra, los países avanzados crecieron mediante la ampliación de los conocimientos y la base tecnológica de sus economías. En una economía global que se abre rápidamente, las emergentes aprendieron cómo acceder a la tecnología y a los mercados y, de esa manera, crecieron a tasas sin precedentes y cada vez más rápido.

A medida que la actividad económica global cambió, y con ella evolucionó la estructura de todas las economías, los efectos distributivos fueron extremadamente benignos. Sin embargo, éso no era inevitable. Sucedió de esa manera porque, durante la mayor parte de ese periodo, los países avanzados se beneficiaron de la innovación dirigida por el mercado, mientras que las economías emergentes importaron conocimientos, exportaron bienes y servicios y tuvieron un impacto sistémico limitado en las economías avanzadas.

Pero ahora el patrón está cambiando. El volumen de las economías emergentes está creciendo y su posición en la cadena de valor global está cambiando rápidamente. Las encuestas sobre actitudes respecto a la evolución del sistema económico global muestran una creciente divergencia entre países, así como entre los distintos subgrupos dentro de los países. Lo que muy seguramente refleja las diferencias en la distribución fruto de este sistema económico. Es posible dirigir la interdependencia global de modo que amortigüe las tendencias de distribución negativas; pero eso requerirá mucha sabiduría y capacidad de discernimiento.

Éste debe ser el principal desafío del G20. Dicho de otro modo, no es suficiente reconocer nuestro interés colectivo en la apertura de la economía global. Necesitamos una disposición pragmática para adaptar los incentivos y los resultados de modo que se obtenga un reparto que permita a los actores principales mantener abierto el sistema teniendo en cuenta las limitaciones de sus políticas internas. La alternativa consistiría en medidas unilaterales encaminadas a obtener las mismas metas, pero que provocarían desenlaces en los que todo el mundo saldría perdiendo.