Tema: Leyes
La localización de parientes para pruebas de ADN se complicará.
El «código personal de ciudadanía», es decir, el registro individual de cada persona desde que nazca o adquiera la nacionalidad, previsto en el cambio del Registro Civil llega cargado de algunas polémicas e inconvenientes no menores. Dos de ellos los planteó ayer el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, en su papel de forense. «La identificación documental tendrá con esta modificación un peso más secundario porque se complica el trabajo a la hora de establecer vínculos familiares». No ocurre en el día a día, pero ante un accidente de avión o de autobús el carné de identidad es ahora la primera herramienta de la que se echa mano para empezar la búsqueda de parientes. Con los apellidos intercambiados —por orden alfabético o con el de la madre primero, según acuerden los padres— ese rastreo inicial resultará baldío.
Segunda cuestión: la identificación por ADN. «Se pueden presentar problemas de localización a la hora de identificar cadáveres —explica Lorente—; teniendo en cuenta además que en algunos casos utilizamos el ADN mitocondrial, el de la madre, y nos retrotraemos a generaciones anteriores. Si no sabemos como han decidido apellidarse, será complejo».
- Resarcimiento moral.
La solución para ambos problemas pasa, a su juicio, por un sistema informático muy potente, que no solo englobe todos los datos, sino que además marque cuáles han sido los cambios que se han dado a la hora de poner esos apellidos. «Habrá que pensar de manera distinta a la hora de identificar, pero esto no puede anteponerse al paso fundamental que supone una decisión libre de cambiar los apellidos por los motivos que sean».
Para Lorente el gran cambio es el «resarcimiento moral» que esta modificación legislativa llevará a las víctimas de violencia de género y a sus hijos, permitiéndoles desvincularse de un padre maltratador o incluso asesino. El proyecto contempla un procedimiento urgente para este tipo de víctimas. El caso de Ana Orantes, la mujer quemada viva por su marido en 1997 en Granada, es paradigmático. Su hija Raquel consiguió, no sin dificultad, eliminar el apellido paterno. Para los hijos víctimas que estén protegidos, será además un elemento de seguridad porque dificultará que el padre les encuentre, como ahora sucede en algunas ocasiones.
No obstante, el forense está convencido de que esta modificación no supondrá un gran cambio en la sociedad y, sobre todo, considera que los españoles no van a acudir en masa a cambiarse los apellidos.
Sin embargo, otros puntos del proyecto de ley del Registro Civil, como el de anular la primacía del apellido paterno y el tradicional libro de familia, han generado el rechazo unánime de asociaciones profamilia, expertos en Derecho Civil y catedráticos de Genealogía. Eduardo Hertfelder de Aldecoa, presidente del Instituto de Política Familiar, calificó el proyecto como una «agresión» encaminada a destruir el concepto de familia, «un paso más hacia la existencia oficial de solo individuos ante la administración». Hazte Oír, otra organización profamilia, coincidió con esa opinión. «No es sino otra vuelta de tuerca en el proyecto de reingeniería social que el Gobierno lleva aplicando desde hace seis años», declaró ayer su presidente, Ignacio Arsuaga, que agregó que esta reforma pretende «arrancar» a la persona de su vínculo familiar.
Por su parte, la Asociación de Genealogía Hispana defendió el actual modelo de registro de apellidos en España, al entender que se trata del mejor para las investigaciones históricas, gracias a la pervivencia de dos apellidos de familias distintas. La titular de Derecho Civil de la UNED, Patricia López Peláez, advirtió a Ep de que, con el paso de los años, los apellidos de la segunda mitad del alfabeto tienen más posibilidades de extinguirse, si el orden se rige por el criterio que propone el Gobierno.
El «código personal de ciudadanía», es decir, el registro individual de cada persona desde que nazca o adquiera la nacionalidad, previsto en el cambio del Registro Civil llega cargado de algunas polémicas e inconvenientes no menores. Dos de ellos los planteó ayer el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, en su papel de forense. «La identificación documental tendrá con esta modificación un peso más secundario porque se complica el trabajo a la hora de establecer vínculos familiares». No ocurre en el día a día, pero ante un accidente de avión o de autobús el carné de identidad es ahora la primera herramienta de la que se echa mano para empezar la búsqueda de parientes. Con los apellidos intercambiados —por orden alfabético o con el de la madre primero, según acuerden los padres— ese rastreo inicial resultará baldío.
Segunda cuestión: la identificación por ADN. «Se pueden presentar problemas de localización a la hora de identificar cadáveres —explica Lorente—; teniendo en cuenta además que en algunos casos utilizamos el ADN mitocondrial, el de la madre, y nos retrotraemos a generaciones anteriores. Si no sabemos como han decidido apellidarse, será complejo».
- Resarcimiento moral.
La solución para ambos problemas pasa, a su juicio, por un sistema informático muy potente, que no solo englobe todos los datos, sino que además marque cuáles han sido los cambios que se han dado a la hora de poner esos apellidos. «Habrá que pensar de manera distinta a la hora de identificar, pero esto no puede anteponerse al paso fundamental que supone una decisión libre de cambiar los apellidos por los motivos que sean».
Para Lorente el gran cambio es el «resarcimiento moral» que esta modificación legislativa llevará a las víctimas de violencia de género y a sus hijos, permitiéndoles desvincularse de un padre maltratador o incluso asesino. El proyecto contempla un procedimiento urgente para este tipo de víctimas. El caso de Ana Orantes, la mujer quemada viva por su marido en 1997 en Granada, es paradigmático. Su hija Raquel consiguió, no sin dificultad, eliminar el apellido paterno. Para los hijos víctimas que estén protegidos, será además un elemento de seguridad porque dificultará que el padre les encuentre, como ahora sucede en algunas ocasiones.
No obstante, el forense está convencido de que esta modificación no supondrá un gran cambio en la sociedad y, sobre todo, considera que los españoles no van a acudir en masa a cambiarse los apellidos.
Sin embargo, otros puntos del proyecto de ley del Registro Civil, como el de anular la primacía del apellido paterno y el tradicional libro de familia, han generado el rechazo unánime de asociaciones profamilia, expertos en Derecho Civil y catedráticos de Genealogía. Eduardo Hertfelder de Aldecoa, presidente del Instituto de Política Familiar, calificó el proyecto como una «agresión» encaminada a destruir el concepto de familia, «un paso más hacia la existencia oficial de solo individuos ante la administración». Hazte Oír, otra organización profamilia, coincidió con esa opinión. «No es sino otra vuelta de tuerca en el proyecto de reingeniería social que el Gobierno lleva aplicando desde hace seis años», declaró ayer su presidente, Ignacio Arsuaga, que agregó que esta reforma pretende «arrancar» a la persona de su vínculo familiar.
Por su parte, la Asociación de Genealogía Hispana defendió el actual modelo de registro de apellidos en España, al entender que se trata del mejor para las investigaciones históricas, gracias a la pervivencia de dos apellidos de familias distintas. La titular de Derecho Civil de la UNED, Patricia López Peláez, advirtió a Ep de que, con el paso de los años, los apellidos de la segunda mitad del alfabeto tienen más posibilidades de extinguirse, si el orden se rige por el criterio que propone el Gobierno.
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