lunes, 3 de enero de 2011

Trabajemos de la mano

Li Keqiang (El País)

Tema: China
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Aún aspirando el alegre aire festivo del Año Nuevo, inicio una gira por Europa al frente de una delegación china, viaje que empezará por España, no solo porque abrigamos un profundo anhelo de conocer esta nación tan antigua como moderna, lejana en lo físico pero cercana en lo afectivo, sino porque también queremos aprovechar la oportunidad para hacerle llegar al pueblo español el cariño del pueblo chino y su buena voluntad para incrementar nuestra cooperación.

China, el mayor país en vías de desarrollo del mundo y con una población de 1.300 millones de habitantes, ha perseverado en la reforma y la apertura al exterior a lo largo de las últimas tres décadas, conquistando extraordinarios éxitos en la construcción económica y social que se resumen como sigue: el producto interior bruto (PIB) ha crecido en un promedio anual del 9,9%, colocándose en la primera fila del mundo por su tamaño económico; la continua expansión al exterior lo ha situado en el segundo lugar del ranking mundial en cuanto al volumen comercial total, el primer lugar entre los países en desarrollo en lo relativo a la captación de los capitales extranjeros y el quinto lugar entre los países inversores a nivel global; se registra una notable mejora del nivel de vida de su población con el histórico salto desde una vida desprovista de manutención básica a una modestamente acomodada en general, a consecuencia del cual se ha multiplicado por ocho veces el ingreso per cápita y se ha conformado básicamente el sistema de garantía del nivel mínimo de vida con cobertura en las ciudades y el campo, permitiendo a más de 200 millones de hombres y mujeres salir de la pobreza; y por último, se enriquece continuamente la vida espiritual y cultural del pueblo.

El pueblo chino se siente alentado por los logros y también es consciente de los problemas que surjan en su futuro desarrollo. Cualquier éxito de China, país que tiene la más compleja realidad del mundo, se reducirá a un número insignificante al ser dividido por los 1.300 millones de ciudadanos. En la actualidad, más de 700 millones de chinos todavía viven en las zonas rurales y el PIB per cápita de China se sitúa aproximadamente en el 100º lugar del mundo. En contraste con el desarrollo pujante y gran prosperidad en unas ciudades costeras, en algunas regiones centrales y occidentales, que siguen padeciendo un gran atraso en infraestructura, salud, cultura y educación, todavía hay gente que no tiene acceso al agua potable y vive en chozas, y cerca de 150 millones de personas aún sobreviven debajo del umbral de pobreza de un dólar por día. En la China de hoy coexisten lo avanzado y lo rezagado, con las nuevas y viejas contradicciones entrelazadas, lo que significa múltiples desafíos y riesgos en su avance.

Al echar una mirada retrospectiva a la trayectoria reciente de China, se puede sacar una experiencia sumamente importante, a saber: es imprescindible seguir una senda de desarrollo acorde con su propia realidad nacional, partiendo de la realidad, y no es menos importante abrir la puerta a intercambios y cooperación con el resto del mundo, con miras a nutrirse de los más espléndidos frutos del progreso de las civilizaciones humanas. En el mundo actual, ningún país llegará a conseguir su desarrollo con las puertas cerradas, y no es una excepción el caso de China, cuyo desarrollo no puede desvincularse del mundo, a la vez que este necesita a China para su progreso.

Recientemente, China elaboró un plan de desarrollo económico y social para el próximo quinquenio, a través del cual deja definidas las líneas para la aceleración de la transformación del modelo del crecimiento económico, en tanto que pone de manifiesto su voluntad de unirse al resto de la comunidad internacional para hacer frente a los desafíos y compartir las oportunidades. El futuro desarrollo de China tendrá una inserción internacional aún más estrecha.

En primer lugar, China se adherirá durante largo plazo a la directriz enfocada al aumento de la demanda doméstica. En pleno proceso de la aceleración de la industrialización y urbanización, China asiste cada año a la migración de más de 10 millones de campesinos hacia las ciudades, tendencia que se mantendrá durante muchos años y servirá para incentivar ingentes demandas de inversión y consumo, de modo que China pase a ser uno de los mayores mercados emergentes del mundo.

En segundo lugar, China está acelerando la reestructuración sectorial, con esfuerzos dirigidos a la elevación del nivel de la industria manufacturera, la gestación y el desarrollo de los sectores emergentes de valor estratégico y el desenvolvimiento con mayor celeridad del sector de servicios, por lo cual, junto con persistir en la apertura al exterior y proteger la propiedad intelectual, la continua introducción de las avanzadas tecnologías y experiencias de administración de otros países y el incremento de la aportación del capital humano al crecimiento económico se constituirán en una medida de gran relevancia para promover el desarrollo.

En tercer lugar, China es un enérgico impulsor del desarrollo de la economía verde. Los conceptos y tecnologías originados en los países desarrollados, tales como la economía circular, energía limpia, tecnología baja en carbono y desarrollo sostenible, encuentran cada vez mayor aceptación de las empresas y ciudadanos chinos y han sido aplicados en los más diversos aspectos de la producción y vida.

Para materializar el plan mencionado, China seguirá profundizando la reforma e insistiendo en su dirección orientada al mercado, en aras de la constitución de un sistema institucionalizado favorable a la transformación económica. La puerta de China siempre permanecerá abierta al mundo y el desarrollo de China brindará enormes oportunidades de colaboración para todos los países europeos, incluida España, así como el resto del mundo.

A pesar de la larga distancia que separa a China y España, situados en los dos extremos del continente euroasiático, nuestros países están unidos por el afecto entre sus pueblos y la complementariedad económica, a los cuales se suma la larga y magnífica tradición del intercambio amistoso. A raíz del establecimiento de relaciones diplomáticas, los lazos sino-españoles han cosechado resultados alentadores, con un profundo arraigo en el corazón de los pueblos. España goza de un alto nivel del desarrollo socioeconómico y mantiene el liderazgo mundial en materia de la informática, el turismo, los servicios financieros, la energía renovable y la agricultura moderna, cuyas experiencias y prácticas en muchos casos le valdrán a China como referencia en su propio desarrollo. Mientras tanto, China, con su numerosa población e inmenso mercado, también ofrecerá colosales oportunidades de negocios a España. Y de ahí la cooperación sino-española tendrá tanto una mayor amplitud como profundidad en el futuro.

Es verdad que hacer las divisiones con 1.300 millones de personas causa alguna insatisfacción, pero no es menos cierto que la multiplicación por el mismo número promete emociones. Si cada uno de los 1.300 millones de chinos consume una botella de aceite de oliva y disfruta de unas copas de vino, probablemente no alcanzaría para ello ni siquiera toda la producción anual de España. Si cada año tan solo un tanto por ciento de los chinos realizan un viaje turístico a este país ibérico, todos sus hoteles estarían llenos hasta el tope todos los días. Asimismo, los chinos formarán parte de los clientes de mayor peso para los sectores españoles de transporte, telecomunicaciones, banca y seguros.

China apoya las medidas adoptadas por España para el reajuste económico y financiero, con la firme convicción de que conseguirá la recuperación económica general. La parte china está dispuesta a explorar junto con su contraparte española cuantas modalidades de cooperación sean positivas y efectivas. Siendo China un país inversor responsable de largo plazo en el mercado financiero europeo y particularmente español, tenemos confianza en el mercado financiero de España, lo que se ha traducido en la adquisición de su deuda pública, acción que proseguiremos en el futuro.

China y España siempre han sido amigos y socios. Durante la Exposición Mundial de Shanghái, el año pasado, en el Pabellón de España, uno de los más visitados, se hicieron presentes más de siete millones de personas, de las cuales la mayoría era de nacionalidad china. Cada día hay más chinos que tienen el vehemente deseo de conocer más sobre España. También esperamos que, en la segunda década del nuevo siglo, un creciente número de españoles dirijan su mirada amistosa a China y se acerquen a este país, a fin de trabajar cogidos de la mano para crear un mejor porvenir de la humanidad.

Viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China y miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh.

Los primeros pasos de Rosell

El País

Tema: Economía
Después del agitado mandato de Gerardo Díaz Ferrán, los empresarios más optimistas esperaban vientos de cambio en la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Pero los primeros pasos del nuevo presidente son decepcionantes. Joan Rosell hizo público un equipo de gobierno (ocho vicepresidentes) que desprende los aromas inconfundibles del continuismo. No es solo que, con manifiesta tibieza, no se haya atrevido a nombrar un equipo ejecutivo de verdad, con dos vicepresidentes como mucho, y haya tirado por la calle de en medio, es decir, bajar de 21 a ocho; es que el reparto de naipes vuelve a recaer en defensores de una estructura vetusta, algunos muy próximos al presidente anterior, y otros con una mohosa inclinación al PP, facción Comunidad de Madrid. Bien está que la patronal defienda la economía de mercado; es lo suyo. Pero se le debe exigir independencia política, capacidad representativa y operativa. Como no han pasado 100 días, dígase prudentemente que la propuesta de Rosell suscita dudas en todos los frentes. Al nuevo presidente de la CEOE le han dado un papel pautado y, en contra de la recomendación de Juan Ramón Jiménez, no ha escrito por el otro lado.

Si Rosell admitiese un par de proposiciones, modestas desde luego, se preocuparía en primer lugar de la transparencia en las cuentas. ¿Cuánto ingresa la CEOE por las cuotas de las empresas y sectores afiliados? ¿Bastan esos ingresos ordinarios para subvenir los gastos de la organización o sobrevive merced a otras ayudas públicas? Si hay dinero público por medio, deberían conocerse la cuantía y el destino. La segunda proposición es austeridad. Sería un magnífico gesto en tiempos de tribulación que la CEOE recortase sus gastos y su plantilla, rebosante quizá de asesores, consultores e informes externalizados.

No parece equitativo clamar contra la proliferación de liberados sindicales mientras se mantiene una estructura onerosa de funcionariado en la CEOE. Las empresas agradecerán la frugalidad y los ciudadanos, si acaso pagan parte de esa estructura, también. Dado que la patronal es partidaria de reformas, nada mejor que empezar por casa.

Argentina sufre escasez energética por el recalentamiento de la economía. El país austral despide 2010 con cortes eléctricos y colas en gasolineras

Alejandro Rebosio (El País)

Tema: Argentina

Vecinos del suburbio de Ciudadela cortan la avenida General Paz, algo así como la versión porteña de la M-30 madrileña, para protestar porque llevan cuatro días sin electricidad en medio de una de las olas de calor más extensas de los últimos 50 veranos australes. En Palermo, un distinguido barrio de Buenos Aires, toda la manzana del Automóvil Club Argentino está rodeada de coches que hacen cola para repostar, pues otras gasolineras han cerrado surtidores por falta de combustible. En los cajeros automáticos de Lomas de Zamora, en la periferia sur de la capital, no se encuentran billetes de 100 pesos (19 euros), los de mayor valor de la moneda argentina, mientras el Banco Central los importa de emergencia, con aviones de la Fuerza Aérea, desde Brasil.

Las últimas semanas de 2010 se vivieron en Argentina bajo el síndrome de la escasez. La psicosis que apareció entre los ciudadanos que se iban de vacaciones por las noticias de falta de combustible elevó la demanda habitual de esta época. Finalmente, el 1 de enero se ha normalizado el abastecimiento de gasolina y gasóleo, y ya no hay más colas en las gasolineras. Pero estos sucesos ponen de manifiesto el recalentamiento de la economía.

Después de la crisis mundial de 2009, cuando el PIB cayó alrededor del 2%, el consumo privado y público y las exportaciones -Asia demanda granos y Brasil, coches- impulsaron un crecimiento en 2010 superior al 7,5%, con una inflación que rondó el 25%, según consultoras privadas y direcciones provinciales de estadística, más creíbles en sus datos que el Gobierno federal.

La demanda crece tan rápido que el sistema energético, tanto de generación eléctrica como de refino de petróleo, no da abasto. Desde 2005, en este país de 40 millones de habitantes se compraron 4,5 millones de equipos de aire acondicionado, mientras que este año se batirá el récord de ventas de coches nuevos.

Ha faltado planificación por parte del Gobierno y de las empresas para que la oferta creciera tanto como la demanda, según diversos analistas. Además, se han añadido factores coyunturales: las altas temperaturas se han prolongado más de lo normal, lo que llevó a quebrar una marca histórica de consumo eléctrico. Y una huelga del personal de las petroleras paralizó las primeras dos semanas de diciembre la actividad de los pozos en dos provincias de la Patagonia.

Después de conseguir una subida de la nómina, los petroleros volvieron a trabajar, pero en las últimas dos semanas, justo cuando muchos argentinos inician sus vacaciones, comenzó a sentirse el efecto retardado de la falta de producción de crudo. Al mismo tiempo, cuando comenzaba a faltar nafta (gasolina) y gasóleo en toda Argentina, en Buenos Aires y otras ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán o Resistencia se registraban cortes eléctricos de algunas horas o días. No ha habido apagones generalizados, sino por barrios e intermitentes. Suficientes como para que en diversos sitios los vecinos se echaran a las calles a montar piquetes para demostrar su hastío, llamar la atención de los medios de comunicación y así obtener una respuesta de las empresas distribuidoras.

En Buenos Aires hay dos compañías responsables: Edenor, de capital argentino, y Edesur, de Endesa, es decir, de la italiana Enel. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ordenó el pasado miércoles al ente regulador de la electricidad multar con 12,46 millones de euros a Edesur por la "falta de mantenimiento del sistema y la demora en la restitución del servicio".

Además, recordó que la empresa deberá indemnizar a los clientes que hayan sufrido pérdidas económicas, como aquellos que debieron arrojar al cubo de la basura los alimentos de la nevera. Una portavoz de Edesur ha atribuido las interrupciones del servicio al excesivo calor de este verano austral. Esta empresa y las demás distribuidoras, transportadores y generadoras (entre estas también se encuentra Endesa) vienen reclamando desde hace meses con propaganda en las calles y los periódicos que se eleven las tarifas para mejorar su rentabilidad y su inversión. Un hogar de clase media puede pagar en Buenos Aires por la electricidad unos cinco euros por mes, apenas un poco más que desde la crisis argentina de 2002.

Las petroleras, en cambio, ya no sufren la congelación de precios. Desde que Repsol vendió el 15% de YPF a la familia Eskenazi en 2008, el Gobierno de Fernández ha relajado los controles de facto que aplicaba sobre los valores de los combustibles. Sin embargo, en las gasolineras de YPF y en las de sus competidoras imponían cupos para repostar.

La carestía también atañe a los billetes de 100 pesos, pese a que el Banco Central también promete acabar con ella pronto. La moneda circula muy rápido en una economía que crece mucho, al igual que los precios. La elevada inflación lleva a que ninguna opción de ahorro sea lo suficientemente rentable como para mantener el poder adquisitivo, por lo que las clases alta y media alta invierten en propiedades o compran coches nuevos.

Mientras tanto, el paro ronda el 7,6%, un nivel bajo para la Argentina de los últimos 20 años, aunque aún altos desde una perspectiva histórica, y que sitúa a este país en la media latinoamericana.

Las reformas del sistema de pensiones

Ignacio Fernández Toxo (El País)

Tema: Pensiones

Las pensiones son un elemento esencial de nuestro modelo de protección social, especialmente para trabajadores y trabajadoras para los que, una vez termina su vida laboral, son la principal o única fuente de ingresos. Mantener y mejorar las mismas son objetivos preferentes para quienes representamos a los trabajadores también cuando cesan en la actividad laboral. Abordar con rigor su futuro es prioritario para una sociedad que, además de atender a sus mayores, asume su importancia como demandantes de bienes y servicios, es decir, para el empleo y las empresas.

Desde 1995 existe un amplio consenso en España para no utilizar el sistema de pensiones en la confrontación política, revisarlo y acordar reformas periódicamente para mejorar sus niveles de protección de forma compatible con nuestra capacidad de financiación de sus necesidades.

El gasto en pensiones no es causa ni consecuencia de la actual crisis económica. El sistema mantiene una situación de autofinanciación con cotizaciones sociales, que pagan incluso más de 4.000 millones de euros anuales (complementos hasta pensiones mínimas) que debería asumir el Estado conforme al contenido del Pacto de Toledo y sucesivos acuerdos sociales.

El gasto en pensiones tampoco es la causa del déficit y deuda públicos. Las reformas de pensiones no son útiles para afrontar los desequilibrios actuales en nuestras cuentas públicas. Sus efectos se ven al cabo de muchos años y, además, actualmente no incrementan el déficit público ni lo harán en bastante tiempo, lo que da margen para continuar pactando reformas como en los últimos 15 años, en los que se han alcanzado dos acuerdos políticos, tres con el recién alcanzado en el Congreso de los Diputados, y tres acuerdos entre Gobierno, empresarios y sindicatos (1996, 2001 y 2006), todos ellos firmados por CC OO.

No es cierto que una reforma de pensiones haga desaparecer las tensiones sobre la prima de riesgo de nuestra deuda pública. La alternativa, además de establecer reglas de actuación en los mercados financieros, es una actuación coordinada europea que refuerce las garantías existentes, ya suficientes a nuestro juicio, de pago de la deuda ante nuestros acreedores y, especialmente, deje claro que no es posible en Europa ganar dinero a corto plazo a costa de la deuda soberana.

Establecido lo anterior, hablemos ahora sí de pensiones. Partimos de una situación saneada, que ha permitido mejorar nuestras prestaciones medias. Pero el sistema de pensiones es un reflejo de la calidad del mercado de trabajo y tiene, además, que afrontar en las próximas décadas necesidades crecientes para responder a nuestro reto demográfico: más pensionistas como consecuencia de la jubilación de generaciones nacidas entre 1950 y 1978 y mayor esperanza de vida, por tanto del número de años a percibir pensión.

Para afrontar ese reto demográfico debemos seguir la senda iniciada hace 15 años, mejorar la estructura de ingresos del sistema, reforzar su contributividad, es decir, la relación entre lo cotizado y lo percibido, eliminando la posibilidad de planificación personal que hemos reducido mucho pero que aun tiene márgenes de actuación. Todo ello, de manera equilibrada y con la mayor legitimación política y social. No olvidemos que las pensiones contributivas se pagan de manera preferente, hoy en su totalidad, con las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, es decir, que se sostienen desde el mundo del trabajo y su financiación tiene relación directa con la cantidad y calidad del empleo.

Las necesidades de largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción debilitaría la Seguridad Social y supondría una injustificada transferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales. La mejor forma de proteger nuestras pensiones contributivas es financiarlas desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolas al margen de la coyuntura. El recurso al Estado, si fuese necesario, debe ser limitado, puntual y justo, con criterios de equidad sobre cómo se financia el sistema.

La financiación de los sistemas de protección social y su mejora, también de las pensiones, descansa sobre la calidad del empleo y la mayor productividad de personas más formadas, con trabajos más estables y mejor remunerados. Así se mejorará también el excedente empresarial, los ingresos fiscales del Estado y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, objetivo de la Estrategia de Lisboa; equiparar la tasa de actividad femenina a la masculina, aún distante; facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; mejorar las tasas de fecundidad, con una mejor protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que actuar que afectan a nuestra capacidad de financiación futura de los sistemas de protección social.

También a través de la negociación colectiva y del diálogo social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo y abordando las reformas estructurales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético...

En ese marco, hemos insistido en que retrasar la edad legal de jubilación de forma obligatoria y generalizada es injusto e innecesario, existiendo alternativas más adecuadas. Es contradictorio con un mercado de trabajo en el que más de la mitad de los mayores de 55 años no tiene posibilidades de trabajar y se dirige únicamente a reducir gasto, sin atender a criterios de protección y necesidad social. Refuerza una innecesaria alarma social en esta materia que tiene otros beneficiarios, los que anhelan sustituir los sistemas públicos, solidarios y redistributivos por otros ligados a la capacidad individual de ahorro y gestión privada.

Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos no traumáticos que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real. Así se retrasa de manera efectiva la edad de jubilación y con ello, no lo olvidemos, el gasto en pensiones de manera ajustada a la situación de cada persona.

Reforzar mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación, son instrumentos que gozan de consenso general.

En cuanto a las medidas sobre el gasto, únicas de las que hasta la fecha se ocupa, eso sí con profusión, el Gobierno, valoramos las que mejoran la contributividad del sistema y las que tienen efectos positivos para la protección de las personas que más lo necesitan (obligadas a abandonar de forma anticipada el mercado de trabajo, pensiones de viudedad que son única renta, pensiones mínimas...).

Debemos promover comportamientos de cotización equilibrados, impedir aún más los mecanismos de planificación personal con la Seguridad Social, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona. No podemos desconocer que la base de cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general prácticamente duplica la del resto de regímenes. ¿Significa esto que los primeros ganan el doble que los autónomos, empleados de hogar, trabajadores del campo,...? No. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestablecidas, independientes del salario, en otros, provocan ese efecto.

El acuerdo del Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Toledo constata el rechazo mayoritario al retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación. Esperamos que los grupos que han mantenido posiciones claras a este respecto, las mantengan en los próximos meses y, con ello, faciliten un nuevo acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social.

Apostamos por un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Una reforma equilibrada, actuando sobre ingresos, gastos y la equidad interna del sistema. Tenemos propuestas y disposición al acuerdo, tanta como de oponernos a la utilización indebida del sistema de pensiones reduciendo los niveles de protección social para satisfacer a quien no puede ser satisfecho de este modo. Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo.

Secretario General de Comisiones Obreras

Guillermo Fernández-Vara: "Si Zapatero se retira, yo tengo tres candidatos: Alfredo, Pérez y Rubalcaba"

Anabel Díez (El País)

Tema: Política
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Guillermo Fernández-Vara, presidente de la Junta de Extremadura, emprende la difícil tarea de convencer a los ciudadanos de que en las elecciones municipales y autonómicas de 2011 juzguen la gestión de los presidentes autonómicos y de los alcaldes y no utilicen las urnas "para hacer un plebiscito sobre Zapatero". El propio presidente del Gobierno debe "evitar" que así sea, aunque solo a él corresponde decidir si una de las maneras posibles de "desactivar esa operación del PP" es desvelar si va a ser el candidato en 2012.

Pregunta. ¿Cuándo cree que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe comunicar si se presenta a las elecciones generales?

Respuesta. No lo sé, pero sí sé que debemos evitar que las próximas elecciones municipales y autonómicas se conviertan en un Zapatero sí, Zapatero no.

P. Pero eso en alguna medida también depende de él, si mantiene o no la incógnita.

R. Si tiene la decisión tomada, debe evitar que las elecciones se conviertan en un plebiscito sobre Zapatero, sobre si debe ser o no candidato.

P. ¿El partido le va a pedir que lo aclare?

R. Todos estamos preocupados por si triunfa la estrategia del PP según la cual Zapatero es el culpable de todo porque todo depende del Gobierno de España. Eso significaría un fracaso imponente del Estado autonómico y del municipalismo. Sobramos todos porque, según el PP, todo depende de Zapatero y de todo tiene la culpa.

P. Pero en los Parlamentos autonómicos se habla ya más de Zapatero que de los presidentes...

R. Es así y desde los Parlamentos autonómicos se está minimizando el papel de las autonomías, y el PP está en esa operación, echando por tierra 30 años de construcción autonómica. No se habla tanto de nuestra gestión como de la de Zapatero. A mí se me acusa de hacer seguidismo del presidente del Gobierno.

P. ¿Y le perjudica? ¿Usted cree que invocar al presidente del Gobierno de España le puede restar votos a usted y a otros presidentes autonómicos?

R. Desde luego es lo que intenta el PP. Pero los ciudadanos seguro que van a recordar que cuando las cosas iban bien, y había empleo, se lo apuntaban el presidente autonómico e incluso el alcalde. Ahora, cuando se destruye empleo, la culpa es de Zapatero. En fin, también es falta de respeto hacia los ciudadanos esa estrategia. Hay que desactivar ese montaje injusto. Las elecciones no pueden girar en torno al presidente Zapatero.

P. ¿Zapatero debe contribuir a desactivar esa estrategia? ¿Cómo cree que debe hacerlo?

R. Es una pregunta que debe responder él.

P. ¿Usted le va a pedir que lo haga y la forma de hacerlo?

R. No me corresponde a mí esa tarea, pero sí insistir en que todos debemos contribuir a que estas elecciones sean municipales y autonómicas, también él, claro.

P. ¿Niega usted que en el PSOE también preocupa qué va a hacer el presidente?

R. No, no lo niego, claro que preocupa en el partido y está en las conversaciones. Negarlo sería ocultar la verdad, pero eso no implica deslealtad.

P. En aras de esa lealtad, ¿pedirá a Zapatero que haga campaña en Extremadura?

R. Claro que hará campaña en Extremadura. Es el secretario general de mi partido y el presidente del Gobierno de España, y cuando viene a Extremadura está en su casa; como también lo estaba Aznar cuando venía a esta tierra como presidente.

P. No cree entonces que Zapatero sea una rémora para su compaña.

R. Este Zapatero que ahora afronta la crisis económica es el mismo que ha subido las becas en Extremadura un 48% en los últimos siete años, y el mismo que ha aumentado las pensiones a las viudas en un 50%, y el mismo por el que 20.000 extremeños tienen acceso a una ayuda a la dependencia, porque fue una creación de su Gobierno... Todo eso lo ha hecho Zapatero.

P. ¿Quién cree usted que podría ser el mejor candidato para el PSOE si el presidente Zapatero decidiera dar un paso atrás?

R. En ese supuesto, solo si el presidente quisiera, yo tengo tres candidatos: Alfredo, Pérez, Rubalcaba. Pero es una opinión personal, sin hablarla con nadie.

P. ¿El giro de la política económica del Gobierno con recortes sociales puede alejarles de su base social?

R. Si como socialistas solo pensáramos en las elecciones y no en España, no haríamos algunas de las políticas a sabiendas de que nos perjudican electoralmente. Pero benefician a España. Se está haciendo lo que hay que hacer para que no se desmorone el Estado de bienestar.

P. ¿Qué errores considera que ha cometido el Gobierno en estos dos últimos años?

R. Nos hemos ocupado más en resolver los problemas que en explicar por qué lo hacíamos, pero creo que las medidas en términos generales son las adecuadas. El PP sigue sin decir qué haría en esta situación de crisis, pero los ciudadanos se dan cuenta de que se ponen de lado.

P. El PSOE está solo en la defensa de elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años.

R. ¿Cómo resolveremos que en la primera mitad de siglo habrá 25 millones de personas trabajando y 15 millones de pensionistas? Ahora bien, desearía que la solución fuera consensuada y la fórmula de elevar la edad de jubilación hasta los 67 años fuera con flexibilidad.

P. El Gobierno estudia reformar el sistema de negociación colectiva de forma muy ventajosa para la patronal, de manera que pueda partir de cero en los convenios en determinadas circunstancias.

R. Querría que esa reforma no transcurriera de esa manera. No estoy de acuerdo.

P. En las revelaciones de Wikileaks hay actuaciones del Gobierno de España no muy defendibles. ¿Qué es lo que menos le ha gustado?

R. Yo respeto la libertad de expresión y la función de los medios. Pero también el derecho y el deber de los gobiernos a defenderse. En todo caso, una foto sin su contexto, no está completa.

P. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, defiende la plenitud nacional de Cataluña y un nuevo marco de financiación. ¿Qué le parece para empezar su mandato?

R. Creo que cuando el señor Mas empiece a gobernar será consciente de que los ciudadanos de Cataluña y del resto de España tienen preocupaciones más graves que la plenitud nacional.

- El 'mirlo blanco'.

- En su juventud militó en las Nuevas Generaciones de AP.

- En julio de 2008 se convirtió en secretario general del PSOE extremeño con el 99,7% de los votos.

- Considerado el mirlo blanco del socialismo, amplió el espacio electoral que heredó de Rodríguez Ibarra, sumando dos diputados a la histórica mayoría absoluta del PSOE en Extremadura.

- Ha declarado que si Zapatero tiene dudas, no debería volver a presentarse.

- Es una de las pocas voces autocríticas del PSOE: "A veces, uno tiene que mirarse al espejo y ser consciente de su insuficiencia". "Tenemos cosas que arreglar en nuestras propias casas", dijo el pasado junio.

El fracaso de la Ley Sinde

Miquel Peguera (El Economista)

Tema: Leyes
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El fenómeno de las descargas de música, películas y otras obras sujetas a propiedad intelectual suscita reacciones contrapuestas. La industria de contenidos considera que es una de las causas principales de la disminución de la facturación y que debe combatirse sin paliativos.

Para otros, en cambio, cualquier medida legal dirigida a perseguir las infracciones de derechos de autor sería una intolerable concesión a una industria que se aferra a un modelo de negocio caduco en perjuicio del desarrollo de la red.

Lo cierto es que Internet ha hecho que las barreras naturales que antes protegían la propiedad intelectual se desmoronen. Hoy en día es poco menos que imposible impedir que las obras se copien y se difundan masivamente en la red. No lo consiguen los instrumentos tecnológicos -que al final la propia tecnología siempre permite eludir-, ni tampoco los instrumentos jurídicos, ya que la persecución de los infractores resulta complicada e ineficaz.

Pruebas en otros países

En Francia y en el Reino Unido se han aprobado, no sin polémica, leyes que permiten cortar o restringir la conexión a Internet a los usuarios infractores. Se trata de las llamadas fórmulas de "respuesta graduada", adoptadas también en otros países.

En estos sistemas, que requieren la participación de los proveedores de acceso, el usuario infractor recibe diversos avisos, y si persiste en su actividad ilícita puede acabar por sufrir una sanción de corte temporal de su acceso a Internet.

En España, el Gobierno propuso también una fórmula jurídica contra las descargas. Se trata de la ya famosa Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, que el pasado 21 de diciembre fue rechazada en el Congreso de los Diputados pero que aún podría reaparecer por vía de enmienda en el Senado.

A diferencia de las leyes francesa o británica, su objetivo no era sancionar al usuario final sino actuar contra los intermediarios que facilitan las descargas, en particular, según manifestaron sus promotores, contra las páginas que proporcionan enlaces para la descarga de archivos. Para ello, el proyecto atribuía a la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de adoptar medidas de restricción que podían llegar hasta el cierre del sitio web que vulnerara los derechos de autor.

Controversia de la Ley

Buena parte de la controversia sobre la Ley Sinde se ha articulado como un debate a favor o en contra de las descargas, o más aun, a favor o en contra de la propiedad intelectual. Creo, sin embargo, que esa es una visión desenfocada del problema concreto de la aprobación o rechazo del proyecto.

No apoyo en modo alguno la puesta a disposición no autorizada de las obras protegidas en la red, y sin embargo tampoco respaldo la Ley Sinde porque entiendo que presenta graves inconvenientes como herramienta jurídica.

En primer lugar, parece inapropiado confiar a un órgano administrativo la defensa de intereses privados cuya protección corresponde de modo natural a los jueces. Ciertamente, para salvar las críticas sobre el impacto que la ley podría tener en la libertad de expresión, se estableció que la medida que acordara la Comisión no podría ejecutarse sin autorización judicial.

Sin embargo, no se permitía al Juez valorar si efectivamente se había vulnerado la propiedad intelectual. Solo podía examinar si la medida perjudicaba a las libertades de expresión e información, y limitarse a autorizarla o denegarla.

Por ello no hubiera sido de extrañar que los jueces -salvo en aquellas páginas que claramente no constituyeran un vehículo de expresión-, hubieran optado directamente por denegar la ejecución de la medida, al no poder determinar la proporcionalidad de la misma.

Falta de definición del proyecto

El proyecto era, además, muy impreciso. Permitía adoptar medidas contra el prestador de servicios que actúe "con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Aunque se promovió para ir contra las páginas de enlaces, su redacción era tan abierta que podía afectar a cualquier servicio de la sociedad de la información.

Pero, sobre todo, la base legal para las medidas restrictivas era inadecuada para el objetivo perseguido. En efecto, las acciones judiciales contra las páginas de enlaces han sido sistemáticamente rechazadas por los tribunales, que de modo prácticamente unánime consideran que el mero hecho de enlazar no es una infracción de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Ciertamente, tales páginas facilitan la comisión de infracciones y por tanto perjudican a los autores, pero si no incurren en infracción directa no cabe ejercitar contra ellas las acciones de la LPI ni tampoco las del Código Penal.

Los titulares de derechos consideran que existe una laguna legal que impide la adecuada protección de sus intereses. Pero si esto es así, es claro que la laguna no se resuelve atribuyendo la competencia a un órgano administrativo.

Cambios necesarios

Para que ese órgano pudiera actuar contra las páginas de enlaces sería preciso reformar también la LPI, para establecer que el mero enlace constituirá un acto de infracción, o para introducir la categoría de contribución a la infracción, como en otros sistemas existe el denominado "contributory infringement".

Sin modificar primero la calificación jurídica de la actividad en la LPI, la Comisión no tendría base legal para apreciar que la página de enlaces "vulnera" la propiedad intelectual. Y sería realmente grave que el motivo último de la Ley Sinde fuera dar la competencia a un órgano administrativo con la convicción de que este interpretará las leyes de modo distinto a como han venido haciéndolo los jueces.

Por estos y otros motivos pienso que el proyecto era jurídicamente deficiente y que las esperanzas que muchos habían depositado en el mismo carecían de base real. Si finalmente se aprueba una reforma en esos términos, no sólo los obstáculos jurídicos continuarán presentes, sino que, aunque se logre el cierre de las páginas en cuestión, los usuarios seguirán contando con múltiples formas de descargar los contenidos protegidos. Y por el camino no habremos logrado otra cosa que aumentar la inseguridad jurídica con una norma caracterizada por una técnica defectuosa y una peligrosa ambigüedad.

Facultad de Derecho de ESADE. Foro IP&IT

Dos catedráticos para sacar Cataluña del pozo

Mireia Corchón (El Economista)

Tema: Catalunya
(pincha en la imagen para ampliarla)
Si una virtud puede ya atribuirse al recién nombrado presidente de la Generalitat, Artur Mas, es la de haberse sabido rodear de dos profesionales que cuentan con el beneplácito de los empresarios y de los sindicatos para trabajar conjuntamente para sacar a la economía catalana del pozo en el que se halla inmersa.

La elección de Andreu Mas-Colell para la cartera de Economía y Conocimiento (en la que también se enmarcan las competencias en Universidades) y la de Francesc Xavier Mena al frente de la consejería de Empleo y Empresa han logrado acercar posturas en colectivos con posiciones tradicionalmente distantes. Sus nombramientos también han sido bien vistos por algunos de los contrincantes de CiU en el Parlamento catalán, como el PP.

Para lograr este nivel de consenso, ha resultado clave que Mas se decantara por designar a dos académicos sin afiliación política y con una amplia trayectoria como docentes en algunas de las más prestigiosas instituciones del mundo. Un buen comienzo para inaugurar una nueva era en la que CiU va a enarbolar la bandera de la austeridad. Por el momento, ya ha reducido el número de consejerías de 15 a 11 y el nuevo 'president' se ha comprometido a eliminar un 25 por ciento el número de cargos públicos. Es sólo el principio.

El tijeretazo también llegará al gasto en informes, estudios técnicos o campañas institucionales que van a reducirse en otro 20 por ciento. Parece ser el leit motiv de la era Mas: "con menos hemos de hacer más y mejor", advirtió a su equipo de gobierno durante la toma de posesión. Pero la obsesión del nuevo presidente catalán va más allá y ya ha advertido a sus consejeros que en ese intento de gobernar con eficacia y austeridad deberán estar debidamente justificadas su inversiones.

Mas va a seguir muy de cerca a sus fichajes, ya que es un hombre que conoce bien el mundo de la empresa y que además fue consejero de Economía de la Generalitat antes de que Jordi Pujol lo eligiera como delfín.

El hombre fuerte de Mas, Andreu Mas-Colell, ha sido profesor en la crème de la crème de las facultades de Economía del mundo, como las de Berkeley y Harvard y, hasta hace poco también en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se las deberá de ingeniar para reparar las maltrechas finanzas de la Generalitat, con una deuda que supera los 40.000 millones de euros. No le va a resultar fácil dar un vuelco a las cuentas públicas que hereda de Antoni Castells y que han cerrado 2010 con un déficit entre un 0,7 por ciento y 0,9 por ciento por encima del tope fijado del 2,4 por ciento.

El tripartito pasará a la historia por haber llevado la deuda de la Generalitat a cotas inauditas: se duplicó durante los cuatro años de la presidencia de Montilla y fue la comunidad pionera en explorar vías alternativas para financiarse, como los llamados bonos patrióticos. Una fórmula de financiación que el nuevo gobierno de Convergencia i Unió no descarta volver a poner en práctica en el futuro. De Mas-Colell también dependerá la negociación de un nuevo modelo fiscal inspirado en el concierto económico vasco. Es la asignatura pendiente que han ido arrastrando desde hace varias legislaturas los sucesivos inquilinos del Palau de la Generalitat.

Por ahora, la prioridad se centra en recabar apoyos del resto de grupos que conforman el arco parlamentario catalán para plantear un modelo sólido y consensuado a quién resulte ganador en las próximas elecciones generales. Artur Mas cree que el debate es lo sumamente trascendente para plantearlo a un gobierno que empieza de cero.

El nuevo gobierno catalán va a poner en práctica una de las propuestas estrellas del programa convergente: la eliminación del impuesto de sucesiones. Su objetivo es que los catalanes reciban en este capítulo el mismo trato que los ciudadanos de otras comunidades, como Madrid o Valencia. El tripartito ya suprimió la tasa para las clases medias y lo dejó sólo para las grandes fortunas. Con esa abolición, las arcas dejarán de ingresar 400 millones de euros.

El otro guardián del porvenir de la economía catalana es otro hombre reputado por la comunidad académica, Francesc Xavier Mena. Doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona (UB) y licenciado en Derecho por la Uned, ha sido profesor de Esade durante 25 años y profesor visitante en universidades de China, Perú y Argentina. El nuevo titular de Empresa y Empleo asume también las competencias de Industria, Comercio, Consumo y Turismo.

Su principal reto es cortar de raíz otro de los grandes males que de la economía catalana, una tasa de paro superior al 17 por ciento. Su misión: reducirla a la mitad.

Cascos amaga con un nuevo partido y con presentarse a las autonómicas. Duras críticas a Rajoy tras declarar que su baja del PP es “irrevocable”

El Economista

Tema: Política

Aunque ayer no lo afirmó con rotundidad, el ex secretario general del Partido Popular y ya ex militante de dicho partido, Francisco Álvarez Cascos, cree disponer de apoyos para fundar un partido político y presentarse a las elecciones autonómicas el próximo 22 de mayo.

En una explicación pública del porqué del abandono del partido en el que ha militado más de 30 años, ha asegurado que se mantiene “disponible para recuperar el orgullo de sentirse asturianos”. “Mi disponibilidad estaba antes dirigida al Partido Popular, ahora hacia un grupo de asturianos que se ha movilizado y ha hablado conmigo”, indicó Álvarez Cascos, “pero no sé; todavía estamos a 2 de enero”.

Cascos no explicó el contenido de sus conversaciones con Rajoy a lo largo de todos estos años, pero ha matizado que no se reúne con él desde el 17 de septiembre. “En ellas, Rajoy me comunicó que creía que yo debía ser el candidato”, afirmó. “En política no vale de nada hablar a toro pasado”, indicó el ex vicepresidente del Gobierno, negándose a dar más explicaciones sobre sus relaciones en el partido. “Lo que pensaba lo expliqué en su momento y en mis declaraciones se encuentra la anticipación de lo que iba a ocurrir”.

“En 35 años no ha habido en toda la historia del PP otra ocasión en la que la dirección premiase una actitud” como la llevada a cabo por el partido en Asturias, ha asegurado un visiblemente enfadado Álvarez Cascos en su rueda de prensa”.

“Estoy fuera del Partido Popular. Irrevocable”, así de tajante concluyó Álvarez Cascos ante las continuas preguntas de los periodistas. Pero una cosa ha querido dejar clara “y es que en ninguna de mis decisiones he tenido en cuenta los costes electorales”.

Los sindicatos intentan un recorte de las reformas y evitar la huelga general. Buscan una victoria parcial que les deje no hacer el paro

El Economista

Tema: Pensiones

Los sindicatos mayoritarios se piensan seriamente si les conviene convocar una nueva huelga general e irritar más al Gobierno y al conjunto de la sociedad o negociar con el Ejecutivo la manera de salvar los trastos, esto es, conseguir algunas mejoras en la reforma laboral que ya está en vigencia, a través del desarrollo reglamentario, y tratar de impedir que el Ejecutivo, como garantizó Valeriano Gómez al presidente de CEOE, Joan Rosell, en su primer encuentro (ver elEconomista del 30 de diciembre), imponga una normativa sobre negociación colectiva que apoye las tesis de la patronal.

En estos días de tregua madrileña se va imponiendo la tesis de los pragmáticos en las reuniones técnicas con el Gobierno, aunque las escenificaciones de los líderes mantengan todavía levantada la bandera de la huelga general ante las afirmaciones del Gobierno, tanto en materia de pensiones como en la profundización de la reforma laboral. Y ello, a pesar de saber de antemano que la convocatoria sumaría un nuevo fracaso a la fallida huelga del sector público y la general del 29 de septiembre.

Para colmo, los apoyos de los partidos políticos a las tesis sindicales ya suman sólo a las minorías de izquierda, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña y Bloque Nacionalista Gallego, es decir, siete diputados en total.

En la tesitura de tener que organizar una huelga general de mala gana y perdida de antemano, los sindicatos, sólo intentan ahora rebajar las reformas del Gobierno. Por un lado, en el reglamento de la reforma laboral ya vigente tratarán de que se clarifiquen con un sentido restrictivo las causas del despido objetivo, con objeto de reducir los litigios interpretativos y que se determine con claridad meridiana la temida argumentación sobre la previsión de pérdidas y la reducción del nivel de ingresos, a las que los sindicatos conceden la máxima importancia.

También en materia de pensiones han tenido que aceptar lo inevitable de la reforma y han retrasado sus líneas de defensa no frente a los principios, sino sobre los métodos, de tal manera que intentarán que la reforma gradual que anunció el presidente del Gobierno se extienda en el tiempo lo más posible, tanto para la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años como en la aplicación de los periodos de cotización.

- Un año duro.

La nueva actitud de los sindicatos se ve en parte reflejada en una entrevista concedida ayer por Cándido Méndez a Europa Press Televisión, en la que el líder de UGT trata de convencer a la opinión pública de que los sindicatos son los que llevan la razón, pero ya no apela a las amenazas.

Méndez califica en ella el año pasado como “muy negativo y duro para los trabajadores de este país y la inmensa mayoría de la sociedad”.

“Sobre esta situación, que tiene una directa relación con la crisis económica, el año ha tenido como impronta el hecho del giro radical de la política económica social del Gobierno de la nación, que ha tomado medidas muy injustas, estériles, inútiles como es la imposición de la reforma laboral”, afirma.

El líder de UGT pronostica un 2011 “duro” si no hay cambio de políticas económicas gubernamentales y ha vaticinado un aumento del paro y un débil crecimiento económico, algo que podría “reconducirse si el Ejecutivo corrigiera los contenidos de la reforma, si rectificara en la imposición del plan de ajuste”.

Méndez envía un mensaje a los trabajadores para este año y es que tengan claro que “las confederaciones sindicales de clase, como la UGT y como CCOO” son las organizaciones “que con mayor ahínco y sin ningún tipo de dependencia, salvo la defensa de los intereses de los trabajadores” están intentando que “los sacrificios de la crisis se repartan de manera más equilibrada”.

¿Y la huelga general? Parece ser que el líder de UGT no quiere esgrimir este argumento cuando los sindicatos negocian entre bastidores un acuerdo de mínimos que les permita salvar la cara.

- 36 votos a favor.

Cosechó el documento de compromiso que salió de la Comisión del pacto de Toledo, frente a los dos votos en contra que obtuvieron las tesis de las minorías de izquierda. La falta de apoyo político a las tesis sindicales ha hecho que las organizaciones hayan puesto en reconsideración sus estrategias de cara a conseguir, aunque sólo sea, un pequeño éxito.

Cinco años

Julio Anguita (El Economista)

Tema: Economía

La última intervención del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados ha añadido -si cabe- un punto mayor de zozobra e inquietud a la opinión pública.

Los avatares por los que el discurso presidencial ha ido pasando en el plazo de dos años han sido numerosos y contradictorios cada uno con el anterior, hasta que abordó la recta final de reformas. Y, una vez en ella, el in crescendo de medidas económicas y sociales de dudosa constitucionalidad ha sido la característica más sobresaliente.

Desde la intuida aurora de los brotes verdes hasta los cinco años que propone como horizonte para la recuperación, el presidente ha ido difiriendo y posponiendo el comienzo del cambio de tendencia.

Tampoco en esta ocasión, como en todas las anteriores, ha habido ni una sola alusión a las razones, cálculos o análisis que han llevado al Ejecutivo a demorar, otra vez, el plazo de las previsiones. ¿Por qué cinco años? ¿Qué perspectivas internacionales y nacionales sostienen la fecha? ¿Cuáles son los sectores de la eco- nomía que entonces marcarán señales inequívocas de fin de ciclo? ¿Desde dónde se espera el impulso de la mudanza?

Creo que, una vez pasada la sorpresa causada por la magnitud de la crisis, se ha instalado en el ánimo de los gobernantes del G-20 y afines la conciencia de que ésta continúa bajo otras formas, otros problemas y otros parámetros.

¿Cómo harán frente a sus compromisos las economías de Grecia e Irlanda? ¿Cómo hará frente España al pago de la deuda con una situación de decreciente ritmo económico? ¿Cómo va a abordar la UE -primera potencia económica del mundo- su raquitismo político y su notoria endeblez de proyecto? ¿Hasta cuándo podrán EEUU y China mantener su pulso de devaluaciones de facto?

La dilatación de plazos no es otra cosa que posponer sine die el encuentro con una realidad que el velo de la ideología del mercado se empecina en obviar. Se trata de ganar tiempo por si algún milagro trae el arreglo de la situación, y a expensas de ese futurible se continúa demoliendo los restos del llamado Estado del Bienestar.