Begoña P. Ramírez (El Mundo)
Tema: Huelga general 29-SLa Comunidad Valenciana firma con UGT y CCOO los mismos porcentajes del Gobierno.
Blanco califica de «histórico» el acuerdo y lo pone de ejemplo para otras administraciones.
La madrugada del jueves los sindicatos presentaron el acuerdo sobre los servicios mínimos del 29-S en el transporte como un «marco» en el que instaban a negociar a las comunidades autónomas y cuyos porcentajes no debían «superar». El mensaje iba dirigido a Madrid y Valencia, gobernadas por el PP y a aquellas horas aún en proceso de negociaciones con los sindicatos. La primera en desatender la invitación sindical fue Esperanza Aguirre, que ha doblado, y por decreto, los porcentajes de servicios mínimos acordados por el Ministerio de Fomento. Por el contrario, Francisco Camps ha convertido a la Comunidad Valenciana en la primera autonomía popular que ha conseguido un acuerdo con los sindicatos. Respetando, además, las frecuencias de transporte establecidas en el «marco» estatal.
El resto de las comunidades en manos del PP ha fijado los servicios mínimos unilateralmente, como Murcia, La Rioja y Castilla y León. UGT y CCOO de Murcia ya han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia el decreto, que consideran «abusivo». También Navarra (UPN) ha impuesto su regulación para el día de la huelga general, al igual que Cantabria, donde gobiernan los regionalistas en alianza con el PSOE.
En cambio, Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, regidas por los socialistas, han establecido sus servicios mínimos tras negociar con los sindicatos.
Así, la Comunidad de Madrid ha establecido para los autobuses, urbanos e interurbanos, y para el Metro un 50% de servicios mínimos en hora punta, que se reduce hasta el 20% el resto de la jornada. El acuerdo con Fomento, sin embargo, fija para los trenes de cercanías -los medios alternativos de su competencia- un 30% del servicio en la hora punta y un 25% de media el resto del día.
El decreto del Gobierno madrileño aparece como el penúltimo episodio del largo enfrentamiento que mantienen los sindicatos y Esperanza Aguirre, agudizado desde la huelga de Metro el pasado mes de julio. El consejero madrileño de Presidencia, Francisco Granados, reprochó ayer a UGT y CCOO que su «grado de exigencia» con la Comunidad de Madrid no fuera el mismo que con Fomento, mientras que los sindicatos se quejaron de que el Gobierno de Aguirre estaba informando del decreto cuando aún estaban sentados en la mesa de negociación.
La Generalitat Valenciana, en cambio, pactó ayer con las centrales sindicales que circulen el día 29 hasta un 30% de trenes y tranvías en hora punta, y el mismo porcentaje de autobuses urbanos e interurbanos. Es decir, dentro del marco diseñado por Fomento que el ministro, José Blanco, saludó como un «precedente» que «marca una forma de trabajar». Tras proclamar que el pacto de la madrugada del jueves era «histórico», no dudó en pedir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que siguieran su «ejemplo».
No lo hizo Cataluña, que se había adelantado al ministerio y negoció con los sindicatos «en frío», en 2005 y 2006, sin una convocatoria de huelga inminente, cómo definir sus servicios mínimos. El 29-S los transportes públicos de pasajeros funcionarán con una frecuencia del 25% en hora de máxima afluencia, según la orden de la Generalitat. Lo que incluye a los autobuses, tranvías y el Metro de Barcelona, así como a los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). Además, el servicio lanzadera de las terminales del aeropuerto de El Prat funcionará todo el día al 50%.
En Andalucía, el acuerdo con las centrales sindicales tampoco dio lugar a conflictos, al haber aceptado el Gobierno de José Antonio Griñán la propuesta de UGT y CCOO. El mismo Ejecutivo reconoce haber utilizado criterios similares a los empleados en la huelga general del 20 de junio de 2002. En el caso del transporte, el pacto garantiza el 25% de los servicios de transporte urbano durante las horas punta y el mantenimiento de un autobús por cada línea el resto de la jornada.
Idéntico talante y porcentajes similares revisten el decreto del Ejecutivo aragonés, con unos servicios mínimos para el transporte público que van del 20% al 30%.
En Castilla y León, por el contrario, ni siquiera hubo negociación, aunque los sindicatos sí fueron informados. El Consejo de Gobierno de la Junta fijó ayer por decreto unos servicios mínimos más reducidos que los fijados para la huelga de los funcionarios, el pasado 8 de junio. Entonces trabajaron 23.699 empleados públicos (un 24,08%), el próximo día 29 serán 22.272 (22,63%).
En Galicia, y tras debatir con los sindicatos, la Xunta dictó ayer su propio decreto, que recurrirán ante los tribunales CCOO y CIG, el sindicato nacionalista. Curiosamente, la UGT gallega se ha desmarcado del resto de las centrales en tres de los cinco puntos en que se divide la norma sobre servicios mínimos. En ellos se alineó con los planteamientos del Gobierno autonómico.
El pacto de Fomento recibió también los parabienes de los máximos responsables de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, quienes confían en su extensión a todos los ámbitos donde aún no se hayan fijado lo servicios mínimos. De hecho, fueron patentes las ansias de acuerdo con que negociaron las partes en el ministerio durante los dos últimos días. El pacto se cerró pasadas las cuatro de la mañana, tras una tercera tanda de conversaciones que se prolongó casi 10 horas de forma ininterrumpida.
Como resultado, el 29-S circulará el 20% del AVE y el 40% de los trenes de FEVE en hora punta. En lo que al transporte aéreo se refiere, operará el 10% de los vuelos en el interior de la Península y el 50% de los vuelos interinsulares. Sólo volará la mitad de los aviones entre la Península y las islas, el 20% de los que enlacen con la UE y el 40% de los intercontinentales. Por mar, quedan garantizadas las conexiones con Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias.
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