El Economista
Tema: Pensiones
Los sindicatos mayoritarios se piensan seriamente si les conviene convocar una nueva huelga general e irritar más al Gobierno y al conjunto de la sociedad o negociar con el Ejecutivo la manera de salvar los trastos, esto es, conseguir algunas mejoras en la reforma laboral que ya está en vigencia, a través del desarrollo reglamentario, y tratar de impedir que el Ejecutivo, como garantizó Valeriano Gómez al presidente de CEOE, Joan Rosell, en su primer encuentro (ver elEconomista del 30 de diciembre), imponga una normativa sobre negociación colectiva que apoye las tesis de la patronal.
En estos días de tregua madrileña se va imponiendo la tesis de los pragmáticos en las reuniones técnicas con el Gobierno, aunque las escenificaciones de los líderes mantengan todavía levantada la bandera de la huelga general ante las afirmaciones del Gobierno, tanto en materia de pensiones como en la profundización de la reforma laboral. Y ello, a pesar de saber de antemano que la convocatoria sumaría un nuevo fracaso a la fallida huelga del sector público y la general del 29 de septiembre.
Para colmo, los apoyos de los partidos políticos a las tesis sindicales ya suman sólo a las minorías de izquierda, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña y Bloque Nacionalista Gallego, es decir, siete diputados en total.
En la tesitura de tener que organizar una huelga general de mala gana y perdida de antemano, los sindicatos, sólo intentan ahora rebajar las reformas del Gobierno. Por un lado, en el reglamento de la reforma laboral ya vigente tratarán de que se clarifiquen con un sentido restrictivo las causas del despido objetivo, con objeto de reducir los litigios interpretativos y que se determine con claridad meridiana la temida argumentación sobre la previsión de pérdidas y la reducción del nivel de ingresos, a las que los sindicatos conceden la máxima importancia.
También en materia de pensiones han tenido que aceptar lo inevitable de la reforma y han retrasado sus líneas de defensa no frente a los principios, sino sobre los métodos, de tal manera que intentarán que la reforma gradual que anunció el presidente del Gobierno se extienda en el tiempo lo más posible, tanto para la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años como en la aplicación de los periodos de cotización.
- Un año duro.
La nueva actitud de los sindicatos se ve en parte reflejada en una entrevista concedida ayer por Cándido Méndez a Europa Press Televisión, en la que el líder de UGT trata de convencer a la opinión pública de que los sindicatos son los que llevan la razón, pero ya no apela a las amenazas.
Méndez califica en ella el año pasado como “muy negativo y duro para los trabajadores de este país y la inmensa mayoría de la sociedad”.
“Sobre esta situación, que tiene una directa relación con la crisis económica, el año ha tenido como impronta el hecho del giro radical de la política económica social del Gobierno de la nación, que ha tomado medidas muy injustas, estériles, inútiles como es la imposición de la reforma laboral”, afirma.
El líder de UGT pronostica un 2011 “duro” si no hay cambio de políticas económicas gubernamentales y ha vaticinado un aumento del paro y un débil crecimiento económico, algo que podría “reconducirse si el Ejecutivo corrigiera los contenidos de la reforma, si rectificara en la imposición del plan de ajuste”.
Méndez envía un mensaje a los trabajadores para este año y es que tengan claro que “las confederaciones sindicales de clase, como la UGT y como CCOO” son las organizaciones “que con mayor ahínco y sin ningún tipo de dependencia, salvo la defensa de los intereses de los trabajadores” están intentando que “los sacrificios de la crisis se repartan de manera más equilibrada”.
¿Y la huelga general? Parece ser que el líder de UGT no quiere esgrimir este argumento cuando los sindicatos negocian entre bastidores un acuerdo de mínimos que les permita salvar la cara.
- 36 votos a favor.
Cosechó el documento de compromiso que salió de la Comisión del pacto de Toledo, frente a los dos votos en contra que obtuvieron las tesis de las minorías de izquierda. La falta de apoyo político a las tesis sindicales ha hecho que las organizaciones hayan puesto en reconsideración sus estrategias de cara a conseguir, aunque sólo sea, un pequeño éxito.
Los sindicatos mayoritarios se piensan seriamente si les conviene convocar una nueva huelga general e irritar más al Gobierno y al conjunto de la sociedad o negociar con el Ejecutivo la manera de salvar los trastos, esto es, conseguir algunas mejoras en la reforma laboral que ya está en vigencia, a través del desarrollo reglamentario, y tratar de impedir que el Ejecutivo, como garantizó Valeriano Gómez al presidente de CEOE, Joan Rosell, en su primer encuentro (ver elEconomista del 30 de diciembre), imponga una normativa sobre negociación colectiva que apoye las tesis de la patronal.
En estos días de tregua madrileña se va imponiendo la tesis de los pragmáticos en las reuniones técnicas con el Gobierno, aunque las escenificaciones de los líderes mantengan todavía levantada la bandera de la huelga general ante las afirmaciones del Gobierno, tanto en materia de pensiones como en la profundización de la reforma laboral. Y ello, a pesar de saber de antemano que la convocatoria sumaría un nuevo fracaso a la fallida huelga del sector público y la general del 29 de septiembre.
Para colmo, los apoyos de los partidos políticos a las tesis sindicales ya suman sólo a las minorías de izquierda, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña y Bloque Nacionalista Gallego, es decir, siete diputados en total.
En la tesitura de tener que organizar una huelga general de mala gana y perdida de antemano, los sindicatos, sólo intentan ahora rebajar las reformas del Gobierno. Por un lado, en el reglamento de la reforma laboral ya vigente tratarán de que se clarifiquen con un sentido restrictivo las causas del despido objetivo, con objeto de reducir los litigios interpretativos y que se determine con claridad meridiana la temida argumentación sobre la previsión de pérdidas y la reducción del nivel de ingresos, a las que los sindicatos conceden la máxima importancia.
También en materia de pensiones han tenido que aceptar lo inevitable de la reforma y han retrasado sus líneas de defensa no frente a los principios, sino sobre los métodos, de tal manera que intentarán que la reforma gradual que anunció el presidente del Gobierno se extienda en el tiempo lo más posible, tanto para la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años como en la aplicación de los periodos de cotización.
- Un año duro.
La nueva actitud de los sindicatos se ve en parte reflejada en una entrevista concedida ayer por Cándido Méndez a Europa Press Televisión, en la que el líder de UGT trata de convencer a la opinión pública de que los sindicatos son los que llevan la razón, pero ya no apela a las amenazas.
Méndez califica en ella el año pasado como “muy negativo y duro para los trabajadores de este país y la inmensa mayoría de la sociedad”.
“Sobre esta situación, que tiene una directa relación con la crisis económica, el año ha tenido como impronta el hecho del giro radical de la política económica social del Gobierno de la nación, que ha tomado medidas muy injustas, estériles, inútiles como es la imposición de la reforma laboral”, afirma.
El líder de UGT pronostica un 2011 “duro” si no hay cambio de políticas económicas gubernamentales y ha vaticinado un aumento del paro y un débil crecimiento económico, algo que podría “reconducirse si el Ejecutivo corrigiera los contenidos de la reforma, si rectificara en la imposición del plan de ajuste”.
Méndez envía un mensaje a los trabajadores para este año y es que tengan claro que “las confederaciones sindicales de clase, como la UGT y como CCOO” son las organizaciones “que con mayor ahínco y sin ningún tipo de dependencia, salvo la defensa de los intereses de los trabajadores” están intentando que “los sacrificios de la crisis se repartan de manera más equilibrada”.
¿Y la huelga general? Parece ser que el líder de UGT no quiere esgrimir este argumento cuando los sindicatos negocian entre bastidores un acuerdo de mínimos que les permita salvar la cara.
- 36 votos a favor.
Cosechó el documento de compromiso que salió de la Comisión del pacto de Toledo, frente a los dos votos en contra que obtuvieron las tesis de las minorías de izquierda. La falta de apoyo político a las tesis sindicales ha hecho que las organizaciones hayan puesto en reconsideración sus estrategias de cara a conseguir, aunque sólo sea, un pequeño éxito.
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