Fernando García (La Vanguardia)
Tema: Cuba
Cuba puso ayer el cerrojo a sucorredor de la muerte. Lo hizo mediante la conmutación de la pena capital, por la de 30 años de reclusión, al cubanoestadounidense Humberto Eladio Real Suárez, condenado en el año 1994 por asesinato y delito contra la seguridad del Estado.
Un gesto significativo al término de un año que empezó mal, con el fallecimiento del preso Orlando Zapata tras una huelga de hambre, y finaliza con esta renuncia a los fusilamientos y con la excarcelación ya de 56 reclusos previa mediación de la Iglesia, entre ellos la mayoría de los detenidos en la primavera negra del 2003.
Real Suárez era el tercero y último de los reos condenados aquí a morir ante un pelotón. A los dos anteriores, los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez, el Tribunal Supremo les conmutó el castigo máximo –también por 30 años– tras sendos juicios de apelación celebrados a primeros de este mismo mes. Ambos resultaron culpables de terrorismo continuado por las bombas que pusieron en hoteles de La Habana en 1997, en el caso de Cruz León con el resultado de la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo.
La policía detuvo a Real Suárez el 15 de octubre de 1994 después de que hubiera asesinado al ciudadano Arcelio Rodríguez en la localidad central de Caibarién para robarle el coche. El asesino había desembarcado en la isla procedente de Estados Unidos junto con seis compatriotas. Según las investigaciones, todos ellos formaban parte de un comando de “infiltración terrorista” denominado Partido Unidad Nacional Democrática y habían recibido entrenamiento militar en campamentos de Florida a fin de crear columnas guerrilleras para “desestabilizar el orden interno” en Cuba. En el momento del arresto les ocuparon cinco fusiles AK-47, un AR-15, un M-14S y cuatro pistolas.
Las conmutaciones de las últimas penas de muerte pendientes responden a la decisión que en tal sentido adoptó el Gobierno a propuesta de Raúl Castro en abril del 2008. El presidente anunció entonces la ampliación de la moratoria de facto que sobre la aplicación del castigo existía desde el 2000, aunque tres años después se había suspendido excepcionalmente para ejecutar a los tres autores del secuestro de una lancha de pasajeros que pretendían huir a EE.UU.
La confirmación de la moratoria, apuntalada ahora con el vaciado del corredor de la muerte, no implica la abolición de la pena capital: una medida largamente demandada por las organizaciones de derechos humanos y por numerosos países europeos, España entre ellos. El mandatario lo explicó así: “En diversas ocasiones hemos discutido sobre el tema (de la abolición) y siempre ha prevalecido el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos”, alegó Raúl Castro en su discurso del 2008: el mismo en que anunció por vez primera la celebración del VI congreso del PC, convocado finalmente hace dos meses para abril del 2011.
La clemencia otorgada a Real Suárez, Cruz León y René Rodríguez culmina un giro apreciable, dentro del año que acaba, en la política judicial cubana sobre casos de conciencia o de acciones aquí vinculadas al “enemigo” y la contrarrevolución... Apreciable, aunque de momento incompleto.
Tras la muerte de Orlando Zapata, y entre las protestas de las Damas de Blanco y la sonada huelga de hambre de Guillermo Fariñas, el Gobierno se comprometió con la Iglesia a excarcelar a los 52 detenidos de la primavera del 2003 aún en prisión. Hasta hoy ha liberado a 41 –todos menos uno enviados a Madrid con su consentimiento–, más otros 15 que penaban por asuntos más o menos relacionados con actividades disidentes. Del grupo inicial beneficiario de aquel compromiso quedan 11 en espera de salir de la cárcel. Aunque todos ellos rechazan la oferta de trasladarse a España, el cardenal Jaime Ortega, mediador en el proceso, confía en su pronta liberación.
Otro asunto que empaña los avances e impide su reconocimiento pleno por parte de la comunidad internacional, empezando por la Casa Blanca, es la ya muy prolongada detención del subcontratista estadounidense Alan Gross, capturado hace más de un año bajo acusación de espionaje por haber distribuido equipos de telecomunicaciones a disidentes en la isla. El Gobierno de Barack Obama ha advertido varias veces que el encarcelamiento de Gross, sin cargos formales, “dificulta sin duda” una aproximación a Cuba. El Gobierno de Raúl Castro sigue, por su parte, insistiendo en la necesidad de que EE.UU. deje libres a los cinco “antiterroristas” allí presos desde hace más de 11 años por imputaciones de espionaje.
El caso Gross no ha impedido que EE.UU haya facilitado el envío de las remesas con que cientos de miles de cubanos allí emigrados ayudan a sus familiares en la isla. Desde el 20 de diciembre, los destinatarios pueden recibir el dinero en moneda nacional y ya no tienen que pagar la tasa del 10% de conversión establecida años antes por La Habana en represalia a las sanciones de EE.UU. contra los bancos internacionales que operaban en dólares en Cuba. La medida pone en quiebra a las mulas o intermediarios ilegales que transportaban y entregaban en mano grandes sumas; así puede compensar la pérdida de ingresos que el Estado caribeño recaudaba con la tasa. Las remesas a Cuba superan los mil millones de dólares al año.
La mejora de condiciones para estas transferencias no sólo beneficia a la economía familiar; también puede impulsar la incipiente iniciativa privada en el país. Más de 100.000 cubanos han pedido licencia para convertirse en trabajadores por cuenta propia o pequeños empresarios, conversión que facilitará la planeada eliminación de 1,8 millones de empleos públicos en cinco años. Un cambio traumático y necesario.
Cuba puso ayer el cerrojo a sucorredor de la muerte. Lo hizo mediante la conmutación de la pena capital, por la de 30 años de reclusión, al cubanoestadounidense Humberto Eladio Real Suárez, condenado en el año 1994 por asesinato y delito contra la seguridad del Estado.
Un gesto significativo al término de un año que empezó mal, con el fallecimiento del preso Orlando Zapata tras una huelga de hambre, y finaliza con esta renuncia a los fusilamientos y con la excarcelación ya de 56 reclusos previa mediación de la Iglesia, entre ellos la mayoría de los detenidos en la primavera negra del 2003.
Real Suárez era el tercero y último de los reos condenados aquí a morir ante un pelotón. A los dos anteriores, los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez, el Tribunal Supremo les conmutó el castigo máximo –también por 30 años– tras sendos juicios de apelación celebrados a primeros de este mismo mes. Ambos resultaron culpables de terrorismo continuado por las bombas que pusieron en hoteles de La Habana en 1997, en el caso de Cruz León con el resultado de la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo.
La policía detuvo a Real Suárez el 15 de octubre de 1994 después de que hubiera asesinado al ciudadano Arcelio Rodríguez en la localidad central de Caibarién para robarle el coche. El asesino había desembarcado en la isla procedente de Estados Unidos junto con seis compatriotas. Según las investigaciones, todos ellos formaban parte de un comando de “infiltración terrorista” denominado Partido Unidad Nacional Democrática y habían recibido entrenamiento militar en campamentos de Florida a fin de crear columnas guerrilleras para “desestabilizar el orden interno” en Cuba. En el momento del arresto les ocuparon cinco fusiles AK-47, un AR-15, un M-14S y cuatro pistolas.
Las conmutaciones de las últimas penas de muerte pendientes responden a la decisión que en tal sentido adoptó el Gobierno a propuesta de Raúl Castro en abril del 2008. El presidente anunció entonces la ampliación de la moratoria de facto que sobre la aplicación del castigo existía desde el 2000, aunque tres años después se había suspendido excepcionalmente para ejecutar a los tres autores del secuestro de una lancha de pasajeros que pretendían huir a EE.UU.
La confirmación de la moratoria, apuntalada ahora con el vaciado del corredor de la muerte, no implica la abolición de la pena capital: una medida largamente demandada por las organizaciones de derechos humanos y por numerosos países europeos, España entre ellos. El mandatario lo explicó así: “En diversas ocasiones hemos discutido sobre el tema (de la abolición) y siempre ha prevalecido el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos”, alegó Raúl Castro en su discurso del 2008: el mismo en que anunció por vez primera la celebración del VI congreso del PC, convocado finalmente hace dos meses para abril del 2011.
La clemencia otorgada a Real Suárez, Cruz León y René Rodríguez culmina un giro apreciable, dentro del año que acaba, en la política judicial cubana sobre casos de conciencia o de acciones aquí vinculadas al “enemigo” y la contrarrevolución... Apreciable, aunque de momento incompleto.
Tras la muerte de Orlando Zapata, y entre las protestas de las Damas de Blanco y la sonada huelga de hambre de Guillermo Fariñas, el Gobierno se comprometió con la Iglesia a excarcelar a los 52 detenidos de la primavera del 2003 aún en prisión. Hasta hoy ha liberado a 41 –todos menos uno enviados a Madrid con su consentimiento–, más otros 15 que penaban por asuntos más o menos relacionados con actividades disidentes. Del grupo inicial beneficiario de aquel compromiso quedan 11 en espera de salir de la cárcel. Aunque todos ellos rechazan la oferta de trasladarse a España, el cardenal Jaime Ortega, mediador en el proceso, confía en su pronta liberación.
Otro asunto que empaña los avances e impide su reconocimiento pleno por parte de la comunidad internacional, empezando por la Casa Blanca, es la ya muy prolongada detención del subcontratista estadounidense Alan Gross, capturado hace más de un año bajo acusación de espionaje por haber distribuido equipos de telecomunicaciones a disidentes en la isla. El Gobierno de Barack Obama ha advertido varias veces que el encarcelamiento de Gross, sin cargos formales, “dificulta sin duda” una aproximación a Cuba. El Gobierno de Raúl Castro sigue, por su parte, insistiendo en la necesidad de que EE.UU. deje libres a los cinco “antiterroristas” allí presos desde hace más de 11 años por imputaciones de espionaje.
El caso Gross no ha impedido que EE.UU haya facilitado el envío de las remesas con que cientos de miles de cubanos allí emigrados ayudan a sus familiares en la isla. Desde el 20 de diciembre, los destinatarios pueden recibir el dinero en moneda nacional y ya no tienen que pagar la tasa del 10% de conversión establecida años antes por La Habana en represalia a las sanciones de EE.UU. contra los bancos internacionales que operaban en dólares en Cuba. La medida pone en quiebra a las mulas o intermediarios ilegales que transportaban y entregaban en mano grandes sumas; así puede compensar la pérdida de ingresos que el Estado caribeño recaudaba con la tasa. Las remesas a Cuba superan los mil millones de dólares al año.
La mejora de condiciones para estas transferencias no sólo beneficia a la economía familiar; también puede impulsar la incipiente iniciativa privada en el país. Más de 100.000 cubanos han pedido licencia para convertirse en trabajadores por cuenta propia o pequeños empresarios, conversión que facilitará la planeada eliminación de 1,8 millones de empleos públicos en cinco años. Un cambio traumático y necesario.
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