Juan Carlos Arce (El Economista)
Tema: Pensiones
La reforma de las pensiones está de actualidad. Es un debate confuso porque está planteado de un modo insincero y contradictorio por quienes lo han situado en el eje de la polémica. Los estudios, informes, documentos y declaraciones de variada índole y diversa procedencia se cuidan de señalar en todos los casos que se trata de racionalizar el sistema tomando como pretexto la excesiva incidencia de las pensiones en las dimensiones del gasto público, esto es, que allí donde se dice racionalizar, se quiere decir reducir. No se entiende, por tanto, la causa por la que los autores de los diversos estudios se critican entre sí cuando están esencialmente de acuerdo en el propósito de recortar las pensiones.
Por otra parte, el Pacto de Toledo parece ser el santuario seglar de la reforma, aunque haya sido ya calificado de pacto de silencio en el que los partidos políticos deciden, a puerta cerrada, las reformas que creen necesarias. No es extraño, por tanto, que si en una mesa secreta se están decidiendo las cuestiones de todos, todos quieran influir desde afuera, donde el propio Pacto de Toledo los ha situado, mediante documentos, declaraciones y advertencias que, en la mayor parte de los casos, se articulan en dos secciones: una de conclusiones, todas alarmantes, y otra de propuestas salvadoras, convirtiendo un debate que debería ser serio, ordenado y plural en una improvisada reunión de arbitristas de nuevo cuño. Y las propuestas salvadoras se ofrecen siempre desde una visión científica, técnica; es decir, como si fueran políticamente neutrales. Habría que saber –yo creo que se sabe– que sobre la Seguridad Social nadie es neutral, como ha escrito el profesor Fuentes Quintana.
Aun con la crisis económica que atravesamos –atravesar es un verbo dinámico, y lo escribo con muchas dudas respecto a nuestra real situación dentro de la crisis– la reducción de prestaciones no puede ser un objetivo en sí mismo. O, precisamente, a causa de la crisis económica. Reducir el gasto del sistema de pensiones sí es, en cambio, muy necesario. Pero esas dos cosas no son la misma, ni se parecen. Como no es lo mismo reducir el agua a unas plantas secas, que aportar la que necesitan evitando que se pierda por los agujeros de la manguera. Porque el problema mayor no está en el gasto que efectivamente va a los pensionistas, sino en la disfuncionalidad del sistema, en su falta de racionalidad interior y en su progresiva descomposición jurídica, en el barullo, en el bochinche del que nadie se ha ocupado con proyectos políticos elaborados; una larga dejación que tiene, lógicamente, una elevada traducción en coste económico.
Durante muchos años, se han producido reformas confusas, parciales, coyunturales, institucionalmente desfiguradoras y destructivas de la coherencia interna del sistema, combinadas con las muy españolas contrarreformas. Por ejemplo, la regulación de la jubilación parcial, torpemente gradualista y condicionada a la contratación simultánea de otro trabajador, es considerada hoy como un problema de concepto que es preciso prevenir y hasta penalizar cuando, en realidad, el problema surge de su propia regulación, que quiere matar dos pájaros de un tiro, alcanzar dos finalidades distintas en dos esferas diferentes: el empleo y la jubilación, para, finalmente, al errar ambos disparos, atender más a las urgencias de las políticas de empleo que a los derechos de los pensionistas. Otro ejemplo: la que parecía muy definitiva reforma de 2007 es ya, para empezar, una efímera reforma a la que le queda ya muy poco recorrido y, además, se prefiguró recurriendo a recetas tópicas, en un panorama utilitario que ignoró deliberadamente la necesidad de un cambio profundo que ahora se pretende urgente y que volverá a ser meramente oportunista. Porque en la Seguridad Social se ha impuesto, desde mediados de los años 80, un modo de dirección política no muy distinta de la técnica del zahorí, que pierde en racionalidad a largo plazo lo que busca ganar en oportunidad a corto plazo y que ha llevado a legislar puntualmente en la misma coyuntura, mediante disposiciones ad hoc y leyes de medidas que parecen como contratadas a otros más que debatidas con criterio de alcance y visión de conjunto por el legislador.
La reforma de las pensiones está de actualidad. Es un debate confuso porque está planteado de un modo insincero y contradictorio por quienes lo han situado en el eje de la polémica. Los estudios, informes, documentos y declaraciones de variada índole y diversa procedencia se cuidan de señalar en todos los casos que se trata de racionalizar el sistema tomando como pretexto la excesiva incidencia de las pensiones en las dimensiones del gasto público, esto es, que allí donde se dice racionalizar, se quiere decir reducir. No se entiende, por tanto, la causa por la que los autores de los diversos estudios se critican entre sí cuando están esencialmente de acuerdo en el propósito de recortar las pensiones.
Por otra parte, el Pacto de Toledo parece ser el santuario seglar de la reforma, aunque haya sido ya calificado de pacto de silencio en el que los partidos políticos deciden, a puerta cerrada, las reformas que creen necesarias. No es extraño, por tanto, que si en una mesa secreta se están decidiendo las cuestiones de todos, todos quieran influir desde afuera, donde el propio Pacto de Toledo los ha situado, mediante documentos, declaraciones y advertencias que, en la mayor parte de los casos, se articulan en dos secciones: una de conclusiones, todas alarmantes, y otra de propuestas salvadoras, convirtiendo un debate que debería ser serio, ordenado y plural en una improvisada reunión de arbitristas de nuevo cuño. Y las propuestas salvadoras se ofrecen siempre desde una visión científica, técnica; es decir, como si fueran políticamente neutrales. Habría que saber –yo creo que se sabe– que sobre la Seguridad Social nadie es neutral, como ha escrito el profesor Fuentes Quintana.
Aun con la crisis económica que atravesamos –atravesar es un verbo dinámico, y lo escribo con muchas dudas respecto a nuestra real situación dentro de la crisis– la reducción de prestaciones no puede ser un objetivo en sí mismo. O, precisamente, a causa de la crisis económica. Reducir el gasto del sistema de pensiones sí es, en cambio, muy necesario. Pero esas dos cosas no son la misma, ni se parecen. Como no es lo mismo reducir el agua a unas plantas secas, que aportar la que necesitan evitando que se pierda por los agujeros de la manguera. Porque el problema mayor no está en el gasto que efectivamente va a los pensionistas, sino en la disfuncionalidad del sistema, en su falta de racionalidad interior y en su progresiva descomposición jurídica, en el barullo, en el bochinche del que nadie se ha ocupado con proyectos políticos elaborados; una larga dejación que tiene, lógicamente, una elevada traducción en coste económico.
Durante muchos años, se han producido reformas confusas, parciales, coyunturales, institucionalmente desfiguradoras y destructivas de la coherencia interna del sistema, combinadas con las muy españolas contrarreformas. Por ejemplo, la regulación de la jubilación parcial, torpemente gradualista y condicionada a la contratación simultánea de otro trabajador, es considerada hoy como un problema de concepto que es preciso prevenir y hasta penalizar cuando, en realidad, el problema surge de su propia regulación, que quiere matar dos pájaros de un tiro, alcanzar dos finalidades distintas en dos esferas diferentes: el empleo y la jubilación, para, finalmente, al errar ambos disparos, atender más a las urgencias de las políticas de empleo que a los derechos de los pensionistas. Otro ejemplo: la que parecía muy definitiva reforma de 2007 es ya, para empezar, una efímera reforma a la que le queda ya muy poco recorrido y, además, se prefiguró recurriendo a recetas tópicas, en un panorama utilitario que ignoró deliberadamente la necesidad de un cambio profundo que ahora se pretende urgente y que volverá a ser meramente oportunista. Porque en la Seguridad Social se ha impuesto, desde mediados de los años 80, un modo de dirección política no muy distinta de la técnica del zahorí, que pierde en racionalidad a largo plazo lo que busca ganar en oportunidad a corto plazo y que ha llevado a legislar puntualmente en la misma coyuntura, mediante disposiciones ad hoc y leyes de medidas que parecen como contratadas a otros más que debatidas con criterio de alcance y visión de conjunto por el legislador.
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