José María Triper (El Economista)
Tema: Corrupción
Los extremeños se tocan. El título de esta comedia de Pedro Muñoz Seca podría aplicarse al contenido del informe que el Tribunal de Cuentas acaba de presentar al Parlamento sobre la fiscalización contable de la Junta de Extremadura durante los años 2004 y 2005. Aunque, a tenor del contenido, el informe tiene mucho de enredo y muy poco de comedia.
Porque, si nos atenemos a lo reflejado por el Tribunal, durante los dos ejercicios analizados se han detectado irregularidades, ausencia de publicidad, falta de transparencia y adjudicaciones a dedo en las contrataciones realizadas por la Junta de Extremadura que, en esos años, estaba presidida por Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Unas presuntas anomalías de las que, algunos expertos jurídicos explican, podrían desprenderse responsabilidades políticas, o incluso de mayor gravedad, ya que, según confirmó el propio presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, el informe ha sido sometido al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado, quienes "solicitaron la remisión de antecedentes a la sección de enjuiciamiento en relación con diferentes supuestos de gestión de gastos e inmovilizado, subvenciones y distintos contratos".
- Transporte escolar y avales.
Aunque de la fiscalización se comprueba que durante los dos ejercicios analizados no se incrementó el nivel de endeudamiento, situado en 782 millones de euros, en el análisis de las contrataciones el informe del organismos fiscalizador del Estado destaca que, en los concursos examinados, las bajas de las ofertas económicas "fueron escasamente valoradas".
En los pliegos de algunos concursos no se especificó adecuadamente la forma de otorgar las puntuaciones de los baremos establecidos para los diferentes criterios de adjudicación, lo que "no es conforme con los principios de publicidad y transparencia" y se constataron, también, "demoras injustificadas en la ejecución de algunos de los contratos de obra examinados".
- Irregularidades.
Resalta el informe que 42 expedientes de contratos de transporte escolar, adjudicados por un importe de 4 millones de euros, "fueron tramitados con algunas irregularidades por contratos administrativos especiales".
Asimismo, Manuel Núñez reconoció ante la Comisión Mixta Congreso Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que estos contratos "fueron también -dicho entre paréntesis y con la palabra presunto delante- indebidamente adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas". En otras palabras y aunque el presidente del Tribunal no puede ni debe decirlo así, se trata de contratos adjudicados directamente, a dedo, por la Junta.
El informe matiza, además, que todos estos contratos "fueron resueltos durante la ejecución, sin que conste en los datos que tiene el Tribunal la aplicación de actuaciones establecidas para la valoración y el resarcimiento de los daños".
En relación con la concesión de avales, el Tribunal apunta que, a finales del año 2005, constaba la existencia de cuatro avales vivos, otorgados directamente a través de una sociedad por un importe total ligeramente superior a dos millones de euros.
En el análisis de la gestión de las dos líneas de subvenciones seleccionadas en la fiscalización se observaron tres clases de deficiencias: "La verificación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios, la imprecisión normativa sobre los plazos y la forma de justificación con las actuaciones posteriores de acreditación y control".
- Indicios de ilegalidad.
Con los datos del informe y conocidas las explicaciones del presidente, el diputado del Grupo Popular, Mariano Gallego Barrero, precisaba que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado 105 contratos, de los que 71 corresponden al año 2004 y los 34 restantes al año 2005. En conjunto estos contratos suman "la nada despreciable cifra, para un comunidad pobre como es Extremadura", de 166 millones de euros. "Pues bien, en todos ellos, a excepción de uno del ejercicio de 2005, se detectan anomalías, irregularidades y deficiencias".
Respecto a los contratos de transporte escolar, Mariano Gallego puntualiza que "estaban controlados internamente, puesto que van acompañados, y el Tribunal de Cuentas lo refleja, por el reparo, advertencia de ilegalidad e informe contrario de la Intervención".
Apunta también que todos ellos fueron calificados y tramitados como contratos administrativos especiales y adjudicados el mismo mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia mínima de oferta, "porque la voluntad era adjudicarlos directamente a dedo". El diputado popular recuerda, a este respecto, que por un supuesto prácticamente similar hoy en día están imputados dos concejales de Plasencia y el interventor de esta localidad.
Los extremeños se tocan. El título de esta comedia de Pedro Muñoz Seca podría aplicarse al contenido del informe que el Tribunal de Cuentas acaba de presentar al Parlamento sobre la fiscalización contable de la Junta de Extremadura durante los años 2004 y 2005. Aunque, a tenor del contenido, el informe tiene mucho de enredo y muy poco de comedia.
Porque, si nos atenemos a lo reflejado por el Tribunal, durante los dos ejercicios analizados se han detectado irregularidades, ausencia de publicidad, falta de transparencia y adjudicaciones a dedo en las contrataciones realizadas por la Junta de Extremadura que, en esos años, estaba presidida por Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Unas presuntas anomalías de las que, algunos expertos jurídicos explican, podrían desprenderse responsabilidades políticas, o incluso de mayor gravedad, ya que, según confirmó el propio presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, el informe ha sido sometido al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado, quienes "solicitaron la remisión de antecedentes a la sección de enjuiciamiento en relación con diferentes supuestos de gestión de gastos e inmovilizado, subvenciones y distintos contratos".
- Transporte escolar y avales.
Aunque de la fiscalización se comprueba que durante los dos ejercicios analizados no se incrementó el nivel de endeudamiento, situado en 782 millones de euros, en el análisis de las contrataciones el informe del organismos fiscalizador del Estado destaca que, en los concursos examinados, las bajas de las ofertas económicas "fueron escasamente valoradas".
En los pliegos de algunos concursos no se especificó adecuadamente la forma de otorgar las puntuaciones de los baremos establecidos para los diferentes criterios de adjudicación, lo que "no es conforme con los principios de publicidad y transparencia" y se constataron, también, "demoras injustificadas en la ejecución de algunos de los contratos de obra examinados".
- Irregularidades.
Resalta el informe que 42 expedientes de contratos de transporte escolar, adjudicados por un importe de 4 millones de euros, "fueron tramitados con algunas irregularidades por contratos administrativos especiales".
Asimismo, Manuel Núñez reconoció ante la Comisión Mixta Congreso Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que estos contratos "fueron también -dicho entre paréntesis y con la palabra presunto delante- indebidamente adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas". En otras palabras y aunque el presidente del Tribunal no puede ni debe decirlo así, se trata de contratos adjudicados directamente, a dedo, por la Junta.
El informe matiza, además, que todos estos contratos "fueron resueltos durante la ejecución, sin que conste en los datos que tiene el Tribunal la aplicación de actuaciones establecidas para la valoración y el resarcimiento de los daños".
En relación con la concesión de avales, el Tribunal apunta que, a finales del año 2005, constaba la existencia de cuatro avales vivos, otorgados directamente a través de una sociedad por un importe total ligeramente superior a dos millones de euros.
En el análisis de la gestión de las dos líneas de subvenciones seleccionadas en la fiscalización se observaron tres clases de deficiencias: "La verificación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios, la imprecisión normativa sobre los plazos y la forma de justificación con las actuaciones posteriores de acreditación y control".
- Indicios de ilegalidad.
Con los datos del informe y conocidas las explicaciones del presidente, el diputado del Grupo Popular, Mariano Gallego Barrero, precisaba que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado 105 contratos, de los que 71 corresponden al año 2004 y los 34 restantes al año 2005. En conjunto estos contratos suman "la nada despreciable cifra, para un comunidad pobre como es Extremadura", de 166 millones de euros. "Pues bien, en todos ellos, a excepción de uno del ejercicio de 2005, se detectan anomalías, irregularidades y deficiencias".
Respecto a los contratos de transporte escolar, Mariano Gallego puntualiza que "estaban controlados internamente, puesto que van acompañados, y el Tribunal de Cuentas lo refleja, por el reparo, advertencia de ilegalidad e informe contrario de la Intervención".
Apunta también que todos ellos fueron calificados y tramitados como contratos administrativos especiales y adjudicados el mismo mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia mínima de oferta, "porque la voluntad era adjudicarlos directamente a dedo". El diputado popular recuerda, a este respecto, que por un supuesto prácticamente similar hoy en día están imputados dos concejales de Plasencia y el interventor de esta localidad.
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