Javier Romera, Alejandra Ramón (El Economista)
Tema: Corrupción
‘Sandokán’ las levantó en 2005 sin licencia en una zona de 45.000 m2 de especial protección.
Como responsable de urbanismo en la Junta dio el visto bueno al plan que ‘salva’ al constructor.
La nueva ministra de Medio Ambiente del ejecutivo de Rodríguez Zapatero, Rosa Aguilar, ha salido de Andalucía con la alegría de haber zanjado uno de los casos más sonados en el sur de España. Desde que saltó la operación Malaya, las relaciones entre la ex alcaldesa de Córdoba con el constructor Rafael Gómez Sandokán han estado en entredicho. Sobre todo porque ella fue la responsable de que el dueño de Arenal 2000, actualmente en el banquillo de los acusados imputado por cohecho, levantase unas 16 naves en 2005 en 45.000 metros cuadrados sin licencia y en una zona de especial protección.
Desde esa fecha hasta ahora, tanto el pleno del consistorio cordobés como la Junta, aunque en alguna ocasión se han opuesto con la boca pequeña, han intentado por todos los medios que esas naves ilegales se legalizasen. Y la actual ministra Aguilar siempre aparecía al frente de las mayores campañas de legalización, hasta el punto de que dejó todo bien atado antes de ser nombrada por Zapatero ministra de Medio Ambiente.
La Gerencia de Urbanismo de la Junta de Andalucía aprobó, hace apenas un mes y de forma provisional (falta el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Córdoba), un plan especial que legalizaba las naves de Colecor (empresa propietaria de las naves, vinculada con Arenal 2000, propiedad de Sandokán) y que tan sólo contempla la demolición de 15.000 metros cuadrados.
Hasta las elecciones municipales de 2007, el PSOE era contrario a la legalización de las naves y Rosa Aguilar fue perseguida por el que ahora es su partido (antes pertenecía a IU) y por algunos de sus actuales compañeros. “Después de las últimas actuaciones auspiciadas por Rosa Aguilar, parece que quien verdaderamente gobierna en Córdoba es la empresa Arenal 2000” aseguraba tajante en mayo de 2006 Francisco Garrido, diputado socialista por Sevilla.
Sin embargo, la política supo salirse con la suya al dejar la Alcaldía de Córdoba e introducirse en la Junta de Andalucía, concretamente en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio desde donde, antes de dar su gran salto a Madrid, se encargó de dejar a su amigo Sandokán con el negocio de Colecor salvado. Y fue con su aval con lo que se consiguió la aprobación, ya que en la Delegación de Obras Públicas existía un informe técnico no vinculante que era muy crítico con la situación de las naves.
Lo más curioso es que la aprobación en el pleno del consistorio cordobés no se llevará a cabo hasta que no se conozca qué ha ocurrido con el proceso judicial que también siguen estas naves en paralelo.
Una vez que se puso la mirada en la irregularidad cometida por Sandokán con el beneplácito del consistorio cordobés, éste decidió restaurar la legalidad imponiendo una multa de 24 millones de euros.
La multa, sin embargo, fue anulada por los tribunales, que decidieron que no era preceptiva, puesto que el trámite se había extendido en el tiempo más de los 12 meses que establece la ley. El consistorio decidió, entonces, aprobar la naves en primera instancia, sin embargo, el TSJ de Andalucía tumbó el proceso puesto que el plan de legalización había sido redactado por el propio constructor, por eso se imponía redactar uno nuevo (que es prácticamente igual) desde la Administración Pública. Actualmente, esa sentencia está pendiente de lo que diga el Tribunal Supremo, ya que fue recurrida. Sin embargo, las naves ya son prácticamente legales.
- Ni multa ni ilegal.
Y así son las cosas, las naves y sus múltiples expedientes han dado la vuelta por multitud de despachos de altos cargos políticos y, finalmente, parece que el constructor no va a tener ni que pagar la multa que le fue impuesta.
La multa de 24 millones por aplicación directa de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) se reduce a 6 millones y, según las fuentes consultadas, ésta será satisfecha a través del pago en especie. A pesar de que Sandokán ha despedido de su compañía Arenal 2000 a un total de 1.000 empleados en los últimos meses, el constructor todavía conserva algunas propiedades que servirán para pagar el reducido importe. Por otro lado, la aprobación del consistorio cordobés a una situación que ya ha dado muchas vueltas parece evidente. Y, con todo zanjado de manera legal y de acuerdo a la normativa, las irregularidades cometidas durante tantos años desaparecen para alivio de muchos...
- Su abogado desveló quién está detrás de J.A.G.
El letrado del empresario Rafael Gómez, Antonio Urdiales, se mostró contundente ante el actual juez instructor de Malaya ,Miguel Ángel Pérez: “Lo poco que tardaron en identificar a quienes aquí se sientan por sus acrónimos, y para identificar a su alto cargo policial con las iniciales J. A. G. aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de los comisarios”. Él fue el único que, hasta la fecha, se ha atrevido a desvelar en público el nombre de Juan Antonio González, jefe de la policía judicial, como la persona que se esconde tras esas siglas.
Las investigaciones en torno a la siglas J. A. G. siempre estuvieron envueltas en polémica. Dos agentes encargados de la investigación presentaron su dimisión al juez que inició la ‘operación Malaya’, Miguel Ángel Torres, por las trabas que les estaban poniendo para “desvelar” lo que había detrás del alto mando policial “que cobraba cantidades millonarias por informar a Roca”. Torres decidió no investigar y apartó todas las pruebas que apuntaban al jefe de la policía judicial en una pieza separada. Y, si no llega a ser por la ponencia de Urdiales, ya nadie se acordaría de este alto cargo sin identificar.
‘Sandokán’ las levantó en 2005 sin licencia en una zona de 45.000 m2 de especial protección.
Como responsable de urbanismo en la Junta dio el visto bueno al plan que ‘salva’ al constructor.
La nueva ministra de Medio Ambiente del ejecutivo de Rodríguez Zapatero, Rosa Aguilar, ha salido de Andalucía con la alegría de haber zanjado uno de los casos más sonados en el sur de España. Desde que saltó la operación Malaya, las relaciones entre la ex alcaldesa de Córdoba con el constructor Rafael Gómez Sandokán han estado en entredicho. Sobre todo porque ella fue la responsable de que el dueño de Arenal 2000, actualmente en el banquillo de los acusados imputado por cohecho, levantase unas 16 naves en 2005 en 45.000 metros cuadrados sin licencia y en una zona de especial protección.
Desde esa fecha hasta ahora, tanto el pleno del consistorio cordobés como la Junta, aunque en alguna ocasión se han opuesto con la boca pequeña, han intentado por todos los medios que esas naves ilegales se legalizasen. Y la actual ministra Aguilar siempre aparecía al frente de las mayores campañas de legalización, hasta el punto de que dejó todo bien atado antes de ser nombrada por Zapatero ministra de Medio Ambiente.
La Gerencia de Urbanismo de la Junta de Andalucía aprobó, hace apenas un mes y de forma provisional (falta el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Córdoba), un plan especial que legalizaba las naves de Colecor (empresa propietaria de las naves, vinculada con Arenal 2000, propiedad de Sandokán) y que tan sólo contempla la demolición de 15.000 metros cuadrados.
Hasta las elecciones municipales de 2007, el PSOE era contrario a la legalización de las naves y Rosa Aguilar fue perseguida por el que ahora es su partido (antes pertenecía a IU) y por algunos de sus actuales compañeros. “Después de las últimas actuaciones auspiciadas por Rosa Aguilar, parece que quien verdaderamente gobierna en Córdoba es la empresa Arenal 2000” aseguraba tajante en mayo de 2006 Francisco Garrido, diputado socialista por Sevilla.
Sin embargo, la política supo salirse con la suya al dejar la Alcaldía de Córdoba e introducirse en la Junta de Andalucía, concretamente en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio desde donde, antes de dar su gran salto a Madrid, se encargó de dejar a su amigo Sandokán con el negocio de Colecor salvado. Y fue con su aval con lo que se consiguió la aprobación, ya que en la Delegación de Obras Públicas existía un informe técnico no vinculante que era muy crítico con la situación de las naves.
Lo más curioso es que la aprobación en el pleno del consistorio cordobés no se llevará a cabo hasta que no se conozca qué ha ocurrido con el proceso judicial que también siguen estas naves en paralelo.
Una vez que se puso la mirada en la irregularidad cometida por Sandokán con el beneplácito del consistorio cordobés, éste decidió restaurar la legalidad imponiendo una multa de 24 millones de euros.
La multa, sin embargo, fue anulada por los tribunales, que decidieron que no era preceptiva, puesto que el trámite se había extendido en el tiempo más de los 12 meses que establece la ley. El consistorio decidió, entonces, aprobar la naves en primera instancia, sin embargo, el TSJ de Andalucía tumbó el proceso puesto que el plan de legalización había sido redactado por el propio constructor, por eso se imponía redactar uno nuevo (que es prácticamente igual) desde la Administración Pública. Actualmente, esa sentencia está pendiente de lo que diga el Tribunal Supremo, ya que fue recurrida. Sin embargo, las naves ya son prácticamente legales.
- Ni multa ni ilegal.
Y así son las cosas, las naves y sus múltiples expedientes han dado la vuelta por multitud de despachos de altos cargos políticos y, finalmente, parece que el constructor no va a tener ni que pagar la multa que le fue impuesta.
La multa de 24 millones por aplicación directa de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) se reduce a 6 millones y, según las fuentes consultadas, ésta será satisfecha a través del pago en especie. A pesar de que Sandokán ha despedido de su compañía Arenal 2000 a un total de 1.000 empleados en los últimos meses, el constructor todavía conserva algunas propiedades que servirán para pagar el reducido importe. Por otro lado, la aprobación del consistorio cordobés a una situación que ya ha dado muchas vueltas parece evidente. Y, con todo zanjado de manera legal y de acuerdo a la normativa, las irregularidades cometidas durante tantos años desaparecen para alivio de muchos...
- Su abogado desveló quién está detrás de J.A.G.
El letrado del empresario Rafael Gómez, Antonio Urdiales, se mostró contundente ante el actual juez instructor de Malaya ,Miguel Ángel Pérez: “Lo poco que tardaron en identificar a quienes aquí se sientan por sus acrónimos, y para identificar a su alto cargo policial con las iniciales J. A. G. aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de los comisarios”. Él fue el único que, hasta la fecha, se ha atrevido a desvelar en público el nombre de Juan Antonio González, jefe de la policía judicial, como la persona que se esconde tras esas siglas.
Las investigaciones en torno a la siglas J. A. G. siempre estuvieron envueltas en polémica. Dos agentes encargados de la investigación presentaron su dimisión al juez que inició la ‘operación Malaya’, Miguel Ángel Torres, por las trabas que les estaban poniendo para “desvelar” lo que había detrás del alto mando policial “que cobraba cantidades millonarias por informar a Roca”. Torres decidió no investigar y apartó todas las pruebas que apuntaban al jefe de la policía judicial en una pieza separada. Y, si no llega a ser por la ponencia de Urdiales, ya nadie se acordaría de este alto cargo sin identificar.
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