Rocío Gallego Losada (El Economista)
Tema: Economía
El proceso de fusión real o virtual de las cajas de ahorros va a suponer la salida de entre el 15 y el 25 por ciento de la plantilla. La mayoría, a través de expedientes de regulación de empleo pactados bajo la fórmula de prejubilaciones. Ello supone la destrucción de entre 12.000 y 18.000 empleos en los próximos tres años, periodo en el que se espera que finalice el ajuste. Muchas de esas negociaciones ya están en marcha en gran parte de 26 de las 45 entidades de ahorro que han detallado sus planes de ajustes laborales al acudir al Frob. Este ejército de nuevos prejubilados será similar, o incluso superior, al formado por los aproximadamente 15.000 trabajadores que dejaron Hunosa desde principios de los años 90, cuando comenzó el recorte más intenso de la minería del carbón.
Hasta ahora, y en la teoría, las prejubilaciones han sido una forma pacífica de prescindir de los trabajadores de más edad porque, en líneas generales, siempre han gozado del acuerdo previo entre empresa y sindicatos para llevarlas a cabo. Por ello, tratan de ofrecer unas condiciones económicas ventajosas para el trabajador, y suelen ser voluntarias, aunque también pueden aplicarse dentro de un ERE, y así la compañía puede llevar a cabo la reducción de plantilla que necesita entre el grupo de trabajadores con sueldos más elevados debido a su antigüedad. De esa manera, cuentan con el respaldo de trabajador, empresa y sindicatos, lo que convierte a estos programas en una fórmula menos agresiva que los tradicionales despidos. Así se han aplicado en numerosas empresas, tanto públicas, RTVE o Renfe son un ejemplo, como privadas, principalmente en el sector de la banca y las telecomunicaciones.
Pero ese éxito también puede ser interpretado como un abuso, ya que, en principio, las prejubilaciones se pensaron para personas al borde de la jubilación, en torno a los 60 años. Pero, debido a la buena aceptación que recibió entre los sindicatos y la plantilla, las empresas han ido multiplicando su uso y reduciendo, cada vez más, la franja de edad, llegando incluso a plantearse programas para trabajadores con 48 años en multinacionales con importantes beneficios. Por ello, una de las ideas que se baraja en la actualidad es elevar progresivamente la edad mínima de prejubilación, desde los 52 actuales que recoge la ley hasta los 58 años.
De hecho, la prejubilación no existe como concepto jurídico en nuestra legislación laboral ni genera prestaciones del sistema de Seguridad Social. Es una medida de la empresa a través de bajas incentivadas, acuerdos individuales, expedientes de regulación de empleo y planes de prejubilación que activa los mecanismos legales de la extinción del contrato. Es decir, pago de la indemnización al trabajador y derecho de éste a percibir la prestación por desempleo. Un trabajador prejubilado acogido al desempleo puede mantener la prestación en función del tiempo cotizado, es decir, hasta dos años de prestación máxima. Una vez agotado este periodo, y si no se alcanza la edad ordinaria de jubilación de los 65 años, puede recurrir al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, de carácter asistencial, que se percibe hasta la edad en que le corresponda acogerse a la pensión contributiva.
El coste de las prejubilaciones en términos de prestaciones al desempleo constituye la primera de las cargas para el sistema. Ni siquiera se sabe con exactitud cuántos prejubilados hay en nuestro país, pero sí sabemos que el gasto público en los parados mayores de 55 años se ha duplicado por encima de los 2.000 millones de euros en los últimos tres años. La crisis económica y las prejubilaciones han provocado que el número de beneficiarios por desempleo a punto de retirarse de la vida activa llegue a la cifra récord de 474.000 personas.
El hecho de utilizar el sistema público en los ajustes de plantillas, o como señalaba un respetado ex ministro de Economía sobre “el sinsentido que supone que el erario público subvencione las prejubilaciones”, ha conseguido que todos los partidos parlamentarios hayan acordado rescatar la vieja idea de limitar las prejubilaciones dentro de los expedientes de regulación de empleo, de tal manera que si las empresas deciden seguir con las prejubilaciones, tendrán que pagar, además de la indemnización por despido, la renta sustitutiva del subsidio por desempleo. Ésta sería la recomendación más concreta del borrador de reforma del Pacto de Toledo que se discute desde hace meses y todavía está pendiente de ser aprobada.
Por otro lado, nos encontramos con personas que han cotizado más de 40 años y que han sido prejubiladas antes de los 60 por decisión empresarial. En estos casos, se encuentran con unas pensiones muy recortadas en comparación con las que les corresponderían en caso de no haber sufrido esa situación.
Pero el económico, ya sea para el Estado o para los prejubilados, no es el único coste que se deriva de las prejubilaciones. El coste humano que se sacrifica es incalculable. En estos procesos, se suele prescindir de los empleados más costosos y, por tanto, los de mayor experiencia y recorrido en la empresa. Están, pues, diseñados para quitar de en medio a personas que aportan valor a la compañía, y en plenitud de facultades, desgraciadamente, son sacadas del mercado laboral para siempre, por la propia incapacidad del mismo para readmitirlas.
No se trata de clamar contra las medidas empresariales tendentes a proponer soluciones en situaciones de crisis en un mundo globalizado cada vez más competitivo. Pero sí se debe eliminar el recurso cortoplacista de sustituir el colectivo de mayores de las compañías por otros colectivos de menor coste salarial, medida que va camino de perpetuarse en nuestra economía y en nuestra sociedad, a la vez que se debe acometer, de una vez por todas, la gestión de las carreras profesionales de las personas mayores de 50 y 60 años, un activo en otras sociedades.
El proceso de fusión real o virtual de las cajas de ahorros va a suponer la salida de entre el 15 y el 25 por ciento de la plantilla. La mayoría, a través de expedientes de regulación de empleo pactados bajo la fórmula de prejubilaciones. Ello supone la destrucción de entre 12.000 y 18.000 empleos en los próximos tres años, periodo en el que se espera que finalice el ajuste. Muchas de esas negociaciones ya están en marcha en gran parte de 26 de las 45 entidades de ahorro que han detallado sus planes de ajustes laborales al acudir al Frob. Este ejército de nuevos prejubilados será similar, o incluso superior, al formado por los aproximadamente 15.000 trabajadores que dejaron Hunosa desde principios de los años 90, cuando comenzó el recorte más intenso de la minería del carbón.
Hasta ahora, y en la teoría, las prejubilaciones han sido una forma pacífica de prescindir de los trabajadores de más edad porque, en líneas generales, siempre han gozado del acuerdo previo entre empresa y sindicatos para llevarlas a cabo. Por ello, tratan de ofrecer unas condiciones económicas ventajosas para el trabajador, y suelen ser voluntarias, aunque también pueden aplicarse dentro de un ERE, y así la compañía puede llevar a cabo la reducción de plantilla que necesita entre el grupo de trabajadores con sueldos más elevados debido a su antigüedad. De esa manera, cuentan con el respaldo de trabajador, empresa y sindicatos, lo que convierte a estos programas en una fórmula menos agresiva que los tradicionales despidos. Así se han aplicado en numerosas empresas, tanto públicas, RTVE o Renfe son un ejemplo, como privadas, principalmente en el sector de la banca y las telecomunicaciones.
Pero ese éxito también puede ser interpretado como un abuso, ya que, en principio, las prejubilaciones se pensaron para personas al borde de la jubilación, en torno a los 60 años. Pero, debido a la buena aceptación que recibió entre los sindicatos y la plantilla, las empresas han ido multiplicando su uso y reduciendo, cada vez más, la franja de edad, llegando incluso a plantearse programas para trabajadores con 48 años en multinacionales con importantes beneficios. Por ello, una de las ideas que se baraja en la actualidad es elevar progresivamente la edad mínima de prejubilación, desde los 52 actuales que recoge la ley hasta los 58 años.
De hecho, la prejubilación no existe como concepto jurídico en nuestra legislación laboral ni genera prestaciones del sistema de Seguridad Social. Es una medida de la empresa a través de bajas incentivadas, acuerdos individuales, expedientes de regulación de empleo y planes de prejubilación que activa los mecanismos legales de la extinción del contrato. Es decir, pago de la indemnización al trabajador y derecho de éste a percibir la prestación por desempleo. Un trabajador prejubilado acogido al desempleo puede mantener la prestación en función del tiempo cotizado, es decir, hasta dos años de prestación máxima. Una vez agotado este periodo, y si no se alcanza la edad ordinaria de jubilación de los 65 años, puede recurrir al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, de carácter asistencial, que se percibe hasta la edad en que le corresponda acogerse a la pensión contributiva.
El coste de las prejubilaciones en términos de prestaciones al desempleo constituye la primera de las cargas para el sistema. Ni siquiera se sabe con exactitud cuántos prejubilados hay en nuestro país, pero sí sabemos que el gasto público en los parados mayores de 55 años se ha duplicado por encima de los 2.000 millones de euros en los últimos tres años. La crisis económica y las prejubilaciones han provocado que el número de beneficiarios por desempleo a punto de retirarse de la vida activa llegue a la cifra récord de 474.000 personas.
El hecho de utilizar el sistema público en los ajustes de plantillas, o como señalaba un respetado ex ministro de Economía sobre “el sinsentido que supone que el erario público subvencione las prejubilaciones”, ha conseguido que todos los partidos parlamentarios hayan acordado rescatar la vieja idea de limitar las prejubilaciones dentro de los expedientes de regulación de empleo, de tal manera que si las empresas deciden seguir con las prejubilaciones, tendrán que pagar, además de la indemnización por despido, la renta sustitutiva del subsidio por desempleo. Ésta sería la recomendación más concreta del borrador de reforma del Pacto de Toledo que se discute desde hace meses y todavía está pendiente de ser aprobada.
Por otro lado, nos encontramos con personas que han cotizado más de 40 años y que han sido prejubiladas antes de los 60 por decisión empresarial. En estos casos, se encuentran con unas pensiones muy recortadas en comparación con las que les corresponderían en caso de no haber sufrido esa situación.
Pero el económico, ya sea para el Estado o para los prejubilados, no es el único coste que se deriva de las prejubilaciones. El coste humano que se sacrifica es incalculable. En estos procesos, se suele prescindir de los empleados más costosos y, por tanto, los de mayor experiencia y recorrido en la empresa. Están, pues, diseñados para quitar de en medio a personas que aportan valor a la compañía, y en plenitud de facultades, desgraciadamente, son sacadas del mercado laboral para siempre, por la propia incapacidad del mismo para readmitirlas.
No se trata de clamar contra las medidas empresariales tendentes a proponer soluciones en situaciones de crisis en un mundo globalizado cada vez más competitivo. Pero sí se debe eliminar el recurso cortoplacista de sustituir el colectivo de mayores de las compañías por otros colectivos de menor coste salarial, medida que va camino de perpetuarse en nuestra economía y en nuestra sociedad, a la vez que se debe acometer, de una vez por todas, la gestión de las carreras profesionales de las personas mayores de 50 y 60 años, un activo en otras sociedades.
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