Rafael Ramos (La Vanguardia)
Tema: Irlanda
Tras rendirse a la evidencia de que resulta irresistible la presión de Alemania y otros socios europeos para aceptar un rescate que impide el contagio de su crisis a Portugal, el objetivo del Gobierno irlandés es minimizar el daño a su imagen internacional como país solvente y establecer una serie de barreras a la intervención de Bruselas en la elaboración de sus presupuestos y la gestión de su economía. Que lo vaya a conseguir es otra cuestión.
La fórmula elegida por Dublín para limitar la pérdida de soberanía que conlleva el rescate consiste en el subterfugio de que los fondos que va a aportar la Unión Europea no sean para el Estado irlandés sino para la banca del país, cuyo colapso tras prestar 420.000 millones a constructores que no han podido devolver el dinero es el veneno que tiene postrado al país. En el fondo se trata de una cuestión semántica, porque el Tesoro ha nacionalizado buena parte del sector y garantizado los depósitos de todos los ciudadanos.
El problema de Irlanda es el agujero negro en que se ha convertido su banca, dominada tradicionalmente por los llamados cinco grandes (Bank of Ireland, Allied Irish Bank, Bank of Ulster –uno de los más saludables–, Permanent TSB y National Irish Bank), pero con una cantidad significativa de cajas de ahorros. Un factor importante en el estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria japonesa de 1989 fue que sus bancos concedieron un 25% del total de sus créditos a los constructores. Los banqueros irlandeses fueron todavía más lejos, prestaron al sector un 28% del total de préstamos.
El Gobierno que preside el impopular taoiseach (primer ministro) Brian Cowen ha tenido que inyectar hasta ahora 50.000 millones para que el sector bancario permanezca a flote. El detonante de la crisis fue el Anglo Irish Bank, que registró las mayores pérdidas en toda la historia de la empresa privada irlandesa (8.200 millones) y tuvo que ser nacionalizado y fragmentado en dos, uno sano que sigue operando, y uno tóxico absorbido por el Estado. Cualquier esperanza de que los problemas concluyeran ahí resultó una quimera, ya que todo el sector bancario está expuesto a los préstamos que los constructores no han podido devolver tras estallar la crisis (Irlanda está llena de solares y bloques de viviendas y oficinas sin terminar). El Gobierno se vio obligado a garantizar los depósitos de todos los ciudadanos, y creó una institución llamada NAMA (Agencia Nacional de Gestión de Activos), que es el equivalente de un gran banco estatal tóxico.
En la actualidad el Estado irlandés es propietario del 100% del capital del Anglo Irish Bank, del 51% del Irish National Building Society y EBS Bulding Society y del 34% del Bank of Ireland, y podría hacerse con hasta el noventa por ciento del Allied Irish Bank (ahora tiene el 18%), en caso de que su prevista ampliación de capital no reciba suficiente respaldo inversor desde el sector privado. Se estima que la crisis del sector costará a cada trabajador irlandés 34.000 euros, mientras el panorama para este año es que continúen las pérdidas debido a un crecimiento sostenido de la morosidad y la prolongación de la caída del precio de la vivienda, que ya ha perdido en algunas regiones un 50% respecto al cenit de la burbuja.
El llamado tigre celta registró el mayor crecimiento de Europa occidental y uno de los más altos del mundo desarrollado desde que adoptó el euro en 1999, beneficiándose de una fuerza laboral flexible y bien preparada que habla inglés y de unos impuestos sobre los beneficios empresariales muy competitivos (12,5%, una tasa que Alemania y Francia consideran competencia fiscal desleal y pretenden que suba ahora como precio del rescate). Empresas norteamericanas y japonesas del sector farmacéutico, los servicios financieros y la alta tecnología establecieron sus cuarteles generales en Irlanda.
En el 2003 la renta per cápita era un 136% superior a la media de la UE, por encima de la de Estados Unidos y Gran Bretaña. Con un paro de tan sólo el 4%, un país de emigrantes por excelencia acogió a decenas de miles de inmigrantes polacos, chinos y africanos. Los elevados ingresos del fisco permitieron un enorme gasto público en infraestructuras y servicios públicos, haciendo que la isla esmeralda fuera designada por The Economist el lugar ideal para vivir.
Pero cuando la demanda interna y las exportaciones ya no pudieron tirar más del crecimiento, el Gobierno optó por estimular artificialmente el mercado inmobiliario. Y en un país teñido históricamente por la corrupción, con enormes vínculos entre banqueros, políticos y constructores, se introdujo una disposición fiscal llamada la norma 23 que permitía a los empresarios inmobiliarios descontar de los impuestos los costes de sus proyectos, al tiempo que los ministros alentaban la concesión de hipotecas a intereses muy bajos. Los irlandeses empezaron a comprar pisos en Praga, Sofía y Budapest, pero se trató de un boom artificial que, lejos de crear riqueza, tan sólo generó deuda. Ahora toca pagarla.
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