jueves, 18 de noviembre de 2010

Los trenes franceses y el perdón

Francesc-Marc Álvaro (La Vanguardia)

Tema: Historia

Hace pocos días, la compañía francesa de ferrocarriles, la SNCF, ha pedido disculpas por primera vez por su participación directa en la deportación de miles de judíos de Francia a Alemania durante los años de la Segunda Guerra Mundial. La declaración oficial, a cargo del presidente de la empresa, Guillaume Pepy, habla de “profunda pena” y lamenta los sucesos que tuvieron lugar durante la ocupación alemana. En este comunicado, Pepy cita como argumento de autoridad las palabras que Jacques Chirac expresó en 1995 como presidente de la República, al reconocer la responsabilidad del Estado francés y de ciudadanos franceses en “la locura criminal del ocupante”. Así pues, como “brazo del Estado”, la compañía ferroviaria de Francia asume oficialmente, ante las víctimas y sus descendientes, que realizó el transporte hacia los campos de la muerte de alrededor de 75.000 judíos franceses y de otras nacionalidades europeas.

¿Por qué precisamente ahora, setenta años después de aquella tragedia? Muy sencillo: estaba en juego un gran negocio para la SNCF, nada más y nada menos que la construcción de dos trenes de alta velocidad, uno en California y otro en Florida. De ahí que, paradójicamente, este solemne reconocimiento de responsabilidad histórica no se produzca a instancias nacionales sino como un rebote inesperado de la expansión internacional de la SNCF, que como tantas empresas europeas –incluidas algunas españolas– se ha lanzado a la conquista del mercado americano. Varias organizaciones y personalidades judías de Estados Unidos se movilizaron para presionar a la compañía francesa, entre ellas Bob Blumenfield, diputado demócrata en la Asamblea estatal de California, impulsor de una ley que exige transparencia sobre el papel de la SNCF en las deportaciones, así como la concreción de reparaciones para los supervivientes de aquel terrible episodio y sus familias. A pesar del veto del gobernador Arnold Schwarzenegger a esta ley, el presidente de la compañía ha reiterado su voluntad de colaborar con las autoridades y abrir los archivos a los ciudadanos estadounidenses, como lo están para los franceses desde 1996. Por otro lado, la SNCF recuerda a través de su web que, entre otras iniciativas, ha solicitado investigaciones sobre su papel durante la ocupación, ha tomado parte en actos conmemorativos y ha señalado como lugares de memoria las estaciones de donde partían los trenes que terminaban su trayecto junto a las cámaras de gas.

Esta noticia ha pasado bastante desapercibida en nuestro país, desgraciadamente. Todo lo relativo a la persecución y destrucción de los judíos es visto como algo ajeno y lejano a causa de los avatares históricos vividos en suelo español a partir de 1939, a pesar del apoyo de la Alemania nazi, primero al bando franquista y, luego, a la dictadura de Franco. Pero estamos ante un hecho más relevante de lo que parece, pues reconstruye los frágiles pasadizos entre el pasado y el presente de una forma insospechada, a través de los intereses más prosaicos que impone la lógica del negocio global. Si la persecución de Pinochet por el juez Garzón nos descubrió los resquicios de una justicia mundial retroactiva e imprescriptible, la declaración de la SNCF ante sus clientes de Estados Unidos revela la ambivalencia de la asunción de una responsabilidad histórica que no nace de un imperativo ético ni de un mandato político, sino de la necesidad práctica de conquistar un mercado nuevo. ¿Es la declaración de Pepy una mera acción de su departamento de responsabilidad social empresarial? Todo hace pensar que así es, aunque su trascendencia supera, con mucho, las intenciones de cualquier directivo preocupado por acallar una campaña de protestas que, a la larga, podría implicar muchas pérdidas y costes tremendos de imagen.

Estamos acostumbrados a que sean los gobiernos los que entonen el solemne mea culpa histórico, aunque España no destaca precisamente por esta actitud, baste recordar el caso del president Companys. En los últimos años, Canadá y Australia, por ejemplo, han intentado cerrar heridas con relación a sus respectivas poblaciones indígenas, a través del perdón pedido por sus primeros ministros. A los gobiernos corresponde, en primer lugar, este tipo de gestos, imprescindibles para cualquier horizonte de reconciliación en una sociedad condicionada por traumas colectivos de gran envergadura. Asimismo, se espera que estos ejercicios sean imitados por grupos armados, por organizaciones políticas, por iglesias y por cualquier colectivo con un papel destacado en la historia reciente. En cambio, no es nada habitual que sean empresas, privadas o públicas, las que protagonicen estos actos. En este sentido, debe recordarse la polémica que generó en su día el libro de Edwin Black IBM y el holocausto, un trabajo que acusa directamente al gigante de la informática de haber contribuido decisivamente, mediante la primitiva tecnología de las tarjetas perforadas, a elaborar listas de judíos y otras víctimas del Tercer Reich.

La empresa de los ferrocarriles franceses pide perdón por haber sido instrumento principal de una maquinaria criminal sin parangón. Que lo haga por un sincero compromiso moral con la verdad o por evitar millones de pérdidas en dólares acabará siendo una anécdota. De momento, queda claro que California y Florida no van a ser muy imitadas en esta materia. Además, ¿quién quiere sentar un precedente tan peligroso? No seamos ingenuos. ¿Dónde iría a parar, si dentro de medio siglo se abren los archivos, el buen nombre de algunos de los altos ejecutivos más triunfantes de ahora mismo?

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