Xavier Batalla (La Vanguardia)
Tema: Saharauis
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Mohamed VI es un gobernante especial: representa dos papeles: uno como el de la reina Isabel II, ya que es el jefe de una confesión, y otro como el de Nicolas Sarkozy, por cuanto su régimen es presidencialista. Pero no es infalible, por mucho que los suyos sean más papistas que el Papa. La decisión de Mohamed VI de calentar el Sáhara Occidental con motivo del 35º. aniversario de la marcha verde, cuando el régimen franquista abandonó la última colonia española, ha sido un grave error. El rey formuló en un discurso diversas advertencias el sábado pasado, justo cuando iban a reanudarse las negociaciones con el Frente Polisario y acto seguido decidió aplastar la mayor revuelta saharaui en dos decenios. Una grave torpeza.
En el origen del conflicto del Sáhara está el incumplimiento por parte española de las responsabilidades de las que abdicó el régimen franquista, ya que la ONU considera ilegales los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, por los que España abandonó su colonia. Pero la continuidad del contencioso también se explica por la rivalidad entre Marruecos y Argelia.
Esta rivalidad se remonta más allá de 1975. En 1932, Francia descubrió hierro en la región de Tinduf. Y a continuación anexionó la ciudad a su colonia argelina. En 1958 el Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino y diversos partidos nacionalistas marroquíes alcanzaron un acuerdo por el que, tras la independencia, Argelia devolvería Tinduf a Marruecos. Pero, una vez independiente en 1962, Argelia no cumplió su promesa, lo que provocó una guerra en octubre de 1963. Entonces, para los marroquíes, el Sáhara fue el pretexto para que Argel legitimara su desacuerdo. Ahmed Bujari, representante del Polisario ante la ONU, escribió en febrero del 2010: “Argelia es, se quiera o no, la potencia regional indispensable sin cuyo conocimiento y aprobación nada podrá ser considerado como definitivo”.
La última bandera española en el Aaiún, la capital, fue arriada el 26 de febrero de 1976. Un día después, el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), fundado en 1973, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y estalló una guerra que puso fin el alto el fuego firmado en 1991.
En octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia emitió un dictamen que juzgó “insuficientes” los lazos del Sáhara con Marruecos y Mauritania (que entregó su parte a Marruecos), y se pronunció por un referéndum sobre la autodeterminación. Treinta y cinco años después, el conflicto está donde estaba, pero el escenario ha cambiado. Mohamed VI propone como única solución, con el asentimiento de Estados Unidos y Francia, un plebiscito que sólo contempla la autonomía del territorio.
Marruecos tiene mucho a favor. Francia es su primer socio comercial. Estados Unidos le tiene por un aliado estratégico, ya que le considera un factor de estabilidad en el Magreb. Y España, equilibrista entre Argel (suministrador de gas a España) y Rabat, de donde teme las pateras, la relajación de las medidas antiterroristas y las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, aboga por “una solución política justa, definitiva y de acuerdo con las partes”, pero no cita el plebiscito de autodeterminación. El Polisario acusa a Madrid de asumir “la grave responsabilidad de otorgarle validez a las leyes marroquíes en un territorio sobre el que la ONU no reconoce a Rabat ninguna soberanía”. Máximo Cajal, embajador de España, escribió el pasado enero que “la creación de un Estado en el desierto del Sáhara, bajo tutela argelina, es contrario a los intereses de España”. Y la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha lamentado la represión de la protesta saharaui pero no la condena.
Es decir, la presencia de Al Qaeda en la región refuerza la posición marroquí cuando la revuelta parece alumbrar otro liderazgo saharaui: unos, los del exilio, como si fueran la Organización para la Liberación de Palestina de Yasir Arafat, y otros, los del interior, hacen que se piense en Hamas. Pero Rabat, al asaltar el campamento de Agdaym Izik, donde miles de saharauis protestaban por sus condiciones de vida, sólo puede fomentar el independentismo.
¿Aceptará el Polisario la carta autonómica que le ofrece Rabat? El conflicto no se resolverá sin una gran dosis de realismo por ambas partes. Así pasó con el alto el fuego de 1991. Pero aquel acuerdo fue una prueba de realismo que obedeció al estallido de una guerra civil en Argelia y a la caída del precio del petróleo, lo que agotó al protector del Polisario. La situación actual es otra.
Marruecos ultima un plan regionalista con el que quiere hacerle sitio a un Sáhara Occidental autónomo. Pero Rabat, al reprimir la protesta saharaui, ya ha demostrado qué entiende por autonomía. Y el Polisario, en este contexto, seguirá siendo un rehén de Argel y de una opinión pública internacional que tiene razones para identificar el Sáhara Occidental con un plebiscito sobre la autodeterminación. Pero resulta, como sostiene el enviado especial de la ONU y mediador en el proceso, Christopher Ross, que el statu quo es “insostenible”.
Pincha en la imagen para ampliarlaMohamed VI es un gobernante especial: representa dos papeles: uno como el de la reina Isabel II, ya que es el jefe de una confesión, y otro como el de Nicolas Sarkozy, por cuanto su régimen es presidencialista. Pero no es infalible, por mucho que los suyos sean más papistas que el Papa. La decisión de Mohamed VI de calentar el Sáhara Occidental con motivo del 35º. aniversario de la marcha verde, cuando el régimen franquista abandonó la última colonia española, ha sido un grave error. El rey formuló en un discurso diversas advertencias el sábado pasado, justo cuando iban a reanudarse las negociaciones con el Frente Polisario y acto seguido decidió aplastar la mayor revuelta saharaui en dos decenios. Una grave torpeza.
En el origen del conflicto del Sáhara está el incumplimiento por parte española de las responsabilidades de las que abdicó el régimen franquista, ya que la ONU considera ilegales los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, por los que España abandonó su colonia. Pero la continuidad del contencioso también se explica por la rivalidad entre Marruecos y Argelia.
Esta rivalidad se remonta más allá de 1975. En 1932, Francia descubrió hierro en la región de Tinduf. Y a continuación anexionó la ciudad a su colonia argelina. En 1958 el Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino y diversos partidos nacionalistas marroquíes alcanzaron un acuerdo por el que, tras la independencia, Argelia devolvería Tinduf a Marruecos. Pero, una vez independiente en 1962, Argelia no cumplió su promesa, lo que provocó una guerra en octubre de 1963. Entonces, para los marroquíes, el Sáhara fue el pretexto para que Argel legitimara su desacuerdo. Ahmed Bujari, representante del Polisario ante la ONU, escribió en febrero del 2010: “Argelia es, se quiera o no, la potencia regional indispensable sin cuyo conocimiento y aprobación nada podrá ser considerado como definitivo”.
La última bandera española en el Aaiún, la capital, fue arriada el 26 de febrero de 1976. Un día después, el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), fundado en 1973, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y estalló una guerra que puso fin el alto el fuego firmado en 1991.
En octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia emitió un dictamen que juzgó “insuficientes” los lazos del Sáhara con Marruecos y Mauritania (que entregó su parte a Marruecos), y se pronunció por un referéndum sobre la autodeterminación. Treinta y cinco años después, el conflicto está donde estaba, pero el escenario ha cambiado. Mohamed VI propone como única solución, con el asentimiento de Estados Unidos y Francia, un plebiscito que sólo contempla la autonomía del territorio.
Marruecos tiene mucho a favor. Francia es su primer socio comercial. Estados Unidos le tiene por un aliado estratégico, ya que le considera un factor de estabilidad en el Magreb. Y España, equilibrista entre Argel (suministrador de gas a España) y Rabat, de donde teme las pateras, la relajación de las medidas antiterroristas y las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, aboga por “una solución política justa, definitiva y de acuerdo con las partes”, pero no cita el plebiscito de autodeterminación. El Polisario acusa a Madrid de asumir “la grave responsabilidad de otorgarle validez a las leyes marroquíes en un territorio sobre el que la ONU no reconoce a Rabat ninguna soberanía”. Máximo Cajal, embajador de España, escribió el pasado enero que “la creación de un Estado en el desierto del Sáhara, bajo tutela argelina, es contrario a los intereses de España”. Y la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha lamentado la represión de la protesta saharaui pero no la condena.
Es decir, la presencia de Al Qaeda en la región refuerza la posición marroquí cuando la revuelta parece alumbrar otro liderazgo saharaui: unos, los del exilio, como si fueran la Organización para la Liberación de Palestina de Yasir Arafat, y otros, los del interior, hacen que se piense en Hamas. Pero Rabat, al asaltar el campamento de Agdaym Izik, donde miles de saharauis protestaban por sus condiciones de vida, sólo puede fomentar el independentismo.
¿Aceptará el Polisario la carta autonómica que le ofrece Rabat? El conflicto no se resolverá sin una gran dosis de realismo por ambas partes. Así pasó con el alto el fuego de 1991. Pero aquel acuerdo fue una prueba de realismo que obedeció al estallido de una guerra civil en Argelia y a la caída del precio del petróleo, lo que agotó al protector del Polisario. La situación actual es otra.
Marruecos ultima un plan regionalista con el que quiere hacerle sitio a un Sáhara Occidental autónomo. Pero Rabat, al reprimir la protesta saharaui, ya ha demostrado qué entiende por autonomía. Y el Polisario, en este contexto, seguirá siendo un rehén de Argel y de una opinión pública internacional que tiene razones para identificar el Sáhara Occidental con un plebiscito sobre la autodeterminación. Pero resulta, como sostiene el enviado especial de la ONU y mediador en el proceso, Christopher Ross, que el statu quo es “insostenible”.
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