Rafael Ramos (La Vanguardia)
Tema: Irlanda
Pincha en la imagen para ampliarlaCuando todavía no se ha cumplido un siglo de su independencia, los irlandeses ven como una humillación el rescate de sus finanzas por los organismos internacionales y la pérdida de soberanía económica. En este contexto era inevitable la ruptura de la frágil coalición entre Fianna Fáil (en el poder durante siete décadas), Verdes y un puñado de independientes, y la celebración de elecciones anticipadas.
Han sido los Verdes quienes han tirado de la manta al día siguiente de que Irlanda pidiera oficialmente la ayuda de la UE tras una semana de marear la perdiz, siete días en los que el Gobierno repitió que no necesitaba asistencia y gozaba de fondos suficientes hasta la primavera del 2011. “Sabíamos que era una administración corrupta que nos ha llevado a la ruina, ahora también sabemos que ha mentido descaradamente”, se lamenta Margaret O'Rourke, cajera de una tienda de electrodomésticos a punto de cerrar por culpa de la crisis.
“Hemos llegado al punto en que el pueblo irlandés necesita acabar con la incertidumbre y elegir un nuevo gobierno que salvaguarde la independencia y la prosperidad de futuras generaciones –dijo John Gormley, líder del Partido Verde–. Desgraciadamente, no podemos dar marcha atrás en las decisiones que nos han llevado a la actual situación, ni tampoco controlar el nerviosismo de los mercados, que ha disparado el coste de nuestra deuda. Pero sí podemos hacer limpieza y empezar la reconstrucción nacional”.
Gormley, cuyo partido ha sufrido un considerable deterioro por pertenecer a la coalición, ha pedido que las elecciones se celebren en la segunda quincena de enero, aunque la fecha será polémica. Antes debe aprobarse el presupuesto en diciembre, deben negociarse con la UE y el FMI las condiciones del rescate, y es casi seguro que tendrá que haber un congreso extraordinario de Fianna Fáil para reemplazar al actual taoiseach, Brian Cowen, por un nuevo líder lo menos contaminado posible por la crisis. Cowen insistió ayer en que “es imperativo para el país” que el presupuesto sea aprobado y dijo que sólo entonces disolverá el Parlamento.
Los irlandeses se sienten traicionados por el club de políticos, banqueros y constructores que hicieron crecer artificialmente la burbuja inmobiliaria y fueron incapaces de impedir que explotara. Aunque hasta ahora habían aceptado con cristiana resignación la pérdida de empleos (el paro es del 13%), de valor adquisitivo (los sueldos se han congelado o incluso han bajado hasta un 12%) y de riqueza (la propiedad inmobiliaria ha caído entre un 30% y un 60%), los sindicatos han convocado el sábado una manifestación a la que se espera que asistan decenas de miles de personas. Y el domingo una persona fue detenida al ponerse delante del Mercedes que llevaba al titular de Medio Ambiente al Consejo de Ministros en el que se decidió pedir el rescate.
La situación se puede volver aún más desesperada para el Gobierno el jueves, tras una elección parcial en Donegal Sudoeste en la que el Sinn Féin es favorito para arrebatar un escaño al Fianna Fáil en uno de sus bastiones tradicionales, dejando la mayoría parlamentaria a sólo dos escaños.
Todos los partidos de oposición apoyan la celebración de elecciones anticipadas (la legislatura no acaba hasta la primavera del 2012), y algunos incluso desearían que fueran antes de Navidad, inmediatamente después de la aprobación del presupuesto. “El Gobierno ha demostrado claramente su incompetencia y su incapacidad para dirigir el país”, comentó el líder laborista, Eamon Gilmore, uno de los principales beneficiarios de la crisis y favorito para formar una coalición con los nacionalistas de centroderecha del Fine Gael tras los comicios.
“Como en las tragedias personales, Irlanda tiene que atravesar las tres fases del dolor antes de levantar de nuevo la cabeza. Ya hemos superado la de negar la realidad, ahora estamos en la furia, y aún queda la aceptación –dice el analista Martin O'Sullivan–. La crisis puede revolucionar la política y acabar con la dinámica de gobiernos nacionalistas liderados por el Fianna Fáil, la mayoría de las veces, y si no por el Fine Gael. Los independientes y el Sinn Féin van a beneficiarse, lo mismo que el Labour, y no es imposible que surjan partidos populistas de extrema derecha al estilo del Tea Party que pidan la salida del euro e incluso de la UE”.
- “Decidirán desde fuera”.
El deterioro del Fianna Fáil “es tan monumental que no es descabellado pensar en su desaparición”, opina el periodista Brendan Mulligan, a quien las tensiones en su seno, en especial entre Cowen y su ministro de Finanzas, Brian Lenihan, le recuerdan “al choque entre Michael Collins y Eamon de Valera cuando las negociaciones con Londres para la independencia”. “Irlanda se convertirá de facto en un protectorado de la UE y el FMI, como Bohemia y Moravia lo fueron de Alemania. Habrá elecciones, pero el próximo gobierno tendrá las manos atadas respecto al presupuesto, la política económica y fiscal, el Estado de bienestar. Las decisiones vendrán dictadas desde fuera”, sostiene.
- Irlanda recortará el salario mínimo y creará un impuesto de propiedad. Dublín eliminará 28.000 funcionarios y rebajará un 5% los beneficios sociales.
El severísimo presupuesto extraordinario que el Gobierno irlandés va a presentar mañana miércoles, negociado con los expertos del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, es el esqueleto del plan de austeridad con el que Dublín pretende devolver los créditos de casi 100.000 millones de euros que va a recibir de los organismos internacionales, y sentar las bases de una lenta y penosa recuperación.
Aunque la cuantía y condiciones exactas del rescate –el primero de esta naturaleza en los 88 años de historia de la Irlanda independiente– están todavía por concretarse, fuentes del Tesoro han explicado que 60.000 millones de euros se dedicarán a cubrir la actual diferencia entre ingresos y gastos del Estado (a razón de 20.000 millones por año), y el resto a recapitalizar una banca cuyo agujero oficial es de 50.000 millones, pero podría ser hasta el doble. El canciller del Exchequer británico, George Osborne, ha anunciado en la Cámara de los Comunes la concesión a su vecino de un préstamo directo de 8.200 millones de euros, dada la alta exposición de los bancos del Reino Unido, en especial Royal Bank of Scotland y Lloyds.
Una de las maneras de aumentar los ingresos contemplada en el plan de austeridad es un nuevo impuesto de en torno a los 300 euros sobre la propiedad, que se aplicará en dos fases (año fiscal 2013 y año fiscal 2014) e introducirá por lo menos 500 millones de euros en las arcas del Tesoro. “La ventaja de esta tasa –señala un funcionario– es que permite recaudar rápidamente dinero, pero va a resultar tremendamente impopular para unas clases medias y trabajadoras que consideran que están pagando ellas el salvamento de los banqueros que han hundido el país y tienen sus fortunas a buen recaudo en paraísos fiscales”. No se descarta que los más pobres queden exentos.
Otra de las propuestas más controvertidas del presupuesto es la reducción en un euro –13%– del salario mínimo (actualmente el segundo más elevado de la Unión Europea, 8,65 la hora, en comparación con 6,92 euros en el Reino Unido), a pesar de que afectará a los trabajadores de menores ingresos y cuenta con la oposición de los sindicatos, que han convocado para el sábado una manifestación en las calles de Dublín a la que se espera que acudan decenas de miles de personas. El argumento del ministro de finanzas, Brian Lenihan, es que en los años de vacas gordas ha subido muy por encima del nivel de la inflación, hasta cotas insostenibles en tiempos de austeridad.
Ampliar la red fiscal es otra de las prioridades dentro del paquete de medidas que se anunciarán mañana, ya que un 50% de los trabajadores declara ingresos inferiores al mínimo a partir del cual se empieza a pagar el impuesto sobre la renta. “El peligro de castigar de esta manera al sector de la población menos acomodado, que ya está sufriendo de una manera desproporcionada el impacto de la crisis, es que mucha más gente será incapaz de pagar las hipotecas, los bancos se encontrarán con propiedades que han perdido hasta el 70% y 80% de su valor nominal, y el agujero de sus balances se incrementará aún más. Por no hablar de la reducción del consumo y la demanda interna que implique el empobrecimiento generalizado”, señala el economista Patrick Moynihan.
La imposición de una tarifa al consumo de agua es otra nueva fuente de ingresos contemplada por el frágil Gobierno de coalición liderado por el taoiseach Brian Cowen, que se enfrenta a unas elecciones anticipadas en los próximos meses después de que los Verdes anunciaran la retirada de su apoyo. Muchas de las medidas del plan de austeridad son muy parecidas –aunque proporcionalmente más radicales– a las adoptadas por David Cameron en Gran Bretaña, como la supresión en muchos casos de la ayuda legal y la reducción de los beneficios a las familias con hijos y el subsidio de paro. “Irlanda no se puede permitir seguir pagando 120 millones de euros al día en el Estado de bienestar –dice el ministro de Protección Social, Eamon O Cuiv–, hay que reducir ese total en por lo menos un 5%”.
La pensión oficial del Estado (con un coste de 2.800 millones anuales) no va a sufrir ningún recorte, pero el Gobierno va a penalizar fiscalmente a aquellos empleados públicos ya retirados que cobren paralelamente una pensión privada. El Ejecutivo se dispone a eliminar 28.000 puestos de funcionario, alentando las jubilaciones anticipadas y no cubriendo las vacantes que se produzcan a partir de ahora.
Han sido los Verdes quienes han tirado de la manta al día siguiente de que Irlanda pidiera oficialmente la ayuda de la UE tras una semana de marear la perdiz, siete días en los que el Gobierno repitió que no necesitaba asistencia y gozaba de fondos suficientes hasta la primavera del 2011. “Sabíamos que era una administración corrupta que nos ha llevado a la ruina, ahora también sabemos que ha mentido descaradamente”, se lamenta Margaret O'Rourke, cajera de una tienda de electrodomésticos a punto de cerrar por culpa de la crisis.
“Hemos llegado al punto en que el pueblo irlandés necesita acabar con la incertidumbre y elegir un nuevo gobierno que salvaguarde la independencia y la prosperidad de futuras generaciones –dijo John Gormley, líder del Partido Verde–. Desgraciadamente, no podemos dar marcha atrás en las decisiones que nos han llevado a la actual situación, ni tampoco controlar el nerviosismo de los mercados, que ha disparado el coste de nuestra deuda. Pero sí podemos hacer limpieza y empezar la reconstrucción nacional”.
Gormley, cuyo partido ha sufrido un considerable deterioro por pertenecer a la coalición, ha pedido que las elecciones se celebren en la segunda quincena de enero, aunque la fecha será polémica. Antes debe aprobarse el presupuesto en diciembre, deben negociarse con la UE y el FMI las condiciones del rescate, y es casi seguro que tendrá que haber un congreso extraordinario de Fianna Fáil para reemplazar al actual taoiseach, Brian Cowen, por un nuevo líder lo menos contaminado posible por la crisis. Cowen insistió ayer en que “es imperativo para el país” que el presupuesto sea aprobado y dijo que sólo entonces disolverá el Parlamento.
Los irlandeses se sienten traicionados por el club de políticos, banqueros y constructores que hicieron crecer artificialmente la burbuja inmobiliaria y fueron incapaces de impedir que explotara. Aunque hasta ahora habían aceptado con cristiana resignación la pérdida de empleos (el paro es del 13%), de valor adquisitivo (los sueldos se han congelado o incluso han bajado hasta un 12%) y de riqueza (la propiedad inmobiliaria ha caído entre un 30% y un 60%), los sindicatos han convocado el sábado una manifestación a la que se espera que asistan decenas de miles de personas. Y el domingo una persona fue detenida al ponerse delante del Mercedes que llevaba al titular de Medio Ambiente al Consejo de Ministros en el que se decidió pedir el rescate.
La situación se puede volver aún más desesperada para el Gobierno el jueves, tras una elección parcial en Donegal Sudoeste en la que el Sinn Féin es favorito para arrebatar un escaño al Fianna Fáil en uno de sus bastiones tradicionales, dejando la mayoría parlamentaria a sólo dos escaños.
Todos los partidos de oposición apoyan la celebración de elecciones anticipadas (la legislatura no acaba hasta la primavera del 2012), y algunos incluso desearían que fueran antes de Navidad, inmediatamente después de la aprobación del presupuesto. “El Gobierno ha demostrado claramente su incompetencia y su incapacidad para dirigir el país”, comentó el líder laborista, Eamon Gilmore, uno de los principales beneficiarios de la crisis y favorito para formar una coalición con los nacionalistas de centroderecha del Fine Gael tras los comicios.
“Como en las tragedias personales, Irlanda tiene que atravesar las tres fases del dolor antes de levantar de nuevo la cabeza. Ya hemos superado la de negar la realidad, ahora estamos en la furia, y aún queda la aceptación –dice el analista Martin O'Sullivan–. La crisis puede revolucionar la política y acabar con la dinámica de gobiernos nacionalistas liderados por el Fianna Fáil, la mayoría de las veces, y si no por el Fine Gael. Los independientes y el Sinn Féin van a beneficiarse, lo mismo que el Labour, y no es imposible que surjan partidos populistas de extrema derecha al estilo del Tea Party que pidan la salida del euro e incluso de la UE”.
- “Decidirán desde fuera”.
El deterioro del Fianna Fáil “es tan monumental que no es descabellado pensar en su desaparición”, opina el periodista Brendan Mulligan, a quien las tensiones en su seno, en especial entre Cowen y su ministro de Finanzas, Brian Lenihan, le recuerdan “al choque entre Michael Collins y Eamon de Valera cuando las negociaciones con Londres para la independencia”. “Irlanda se convertirá de facto en un protectorado de la UE y el FMI, como Bohemia y Moravia lo fueron de Alemania. Habrá elecciones, pero el próximo gobierno tendrá las manos atadas respecto al presupuesto, la política económica y fiscal, el Estado de bienestar. Las decisiones vendrán dictadas desde fuera”, sostiene.
- Irlanda recortará el salario mínimo y creará un impuesto de propiedad. Dublín eliminará 28.000 funcionarios y rebajará un 5% los beneficios sociales.
El severísimo presupuesto extraordinario que el Gobierno irlandés va a presentar mañana miércoles, negociado con los expertos del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, es el esqueleto del plan de austeridad con el que Dublín pretende devolver los créditos de casi 100.000 millones de euros que va a recibir de los organismos internacionales, y sentar las bases de una lenta y penosa recuperación.
Aunque la cuantía y condiciones exactas del rescate –el primero de esta naturaleza en los 88 años de historia de la Irlanda independiente– están todavía por concretarse, fuentes del Tesoro han explicado que 60.000 millones de euros se dedicarán a cubrir la actual diferencia entre ingresos y gastos del Estado (a razón de 20.000 millones por año), y el resto a recapitalizar una banca cuyo agujero oficial es de 50.000 millones, pero podría ser hasta el doble. El canciller del Exchequer británico, George Osborne, ha anunciado en la Cámara de los Comunes la concesión a su vecino de un préstamo directo de 8.200 millones de euros, dada la alta exposición de los bancos del Reino Unido, en especial Royal Bank of Scotland y Lloyds.
Una de las maneras de aumentar los ingresos contemplada en el plan de austeridad es un nuevo impuesto de en torno a los 300 euros sobre la propiedad, que se aplicará en dos fases (año fiscal 2013 y año fiscal 2014) e introducirá por lo menos 500 millones de euros en las arcas del Tesoro. “La ventaja de esta tasa –señala un funcionario– es que permite recaudar rápidamente dinero, pero va a resultar tremendamente impopular para unas clases medias y trabajadoras que consideran que están pagando ellas el salvamento de los banqueros que han hundido el país y tienen sus fortunas a buen recaudo en paraísos fiscales”. No se descarta que los más pobres queden exentos.
Otra de las propuestas más controvertidas del presupuesto es la reducción en un euro –13%– del salario mínimo (actualmente el segundo más elevado de la Unión Europea, 8,65 la hora, en comparación con 6,92 euros en el Reino Unido), a pesar de que afectará a los trabajadores de menores ingresos y cuenta con la oposición de los sindicatos, que han convocado para el sábado una manifestación en las calles de Dublín a la que se espera que acudan decenas de miles de personas. El argumento del ministro de finanzas, Brian Lenihan, es que en los años de vacas gordas ha subido muy por encima del nivel de la inflación, hasta cotas insostenibles en tiempos de austeridad.
Ampliar la red fiscal es otra de las prioridades dentro del paquete de medidas que se anunciarán mañana, ya que un 50% de los trabajadores declara ingresos inferiores al mínimo a partir del cual se empieza a pagar el impuesto sobre la renta. “El peligro de castigar de esta manera al sector de la población menos acomodado, que ya está sufriendo de una manera desproporcionada el impacto de la crisis, es que mucha más gente será incapaz de pagar las hipotecas, los bancos se encontrarán con propiedades que han perdido hasta el 70% y 80% de su valor nominal, y el agujero de sus balances se incrementará aún más. Por no hablar de la reducción del consumo y la demanda interna que implique el empobrecimiento generalizado”, señala el economista Patrick Moynihan.
La imposición de una tarifa al consumo de agua es otra nueva fuente de ingresos contemplada por el frágil Gobierno de coalición liderado por el taoiseach Brian Cowen, que se enfrenta a unas elecciones anticipadas en los próximos meses después de que los Verdes anunciaran la retirada de su apoyo. Muchas de las medidas del plan de austeridad son muy parecidas –aunque proporcionalmente más radicales– a las adoptadas por David Cameron en Gran Bretaña, como la supresión en muchos casos de la ayuda legal y la reducción de los beneficios a las familias con hijos y el subsidio de paro. “Irlanda no se puede permitir seguir pagando 120 millones de euros al día en el Estado de bienestar –dice el ministro de Protección Social, Eamon O Cuiv–, hay que reducir ese total en por lo menos un 5%”.
La pensión oficial del Estado (con un coste de 2.800 millones anuales) no va a sufrir ningún recorte, pero el Gobierno va a penalizar fiscalmente a aquellos empleados públicos ya retirados que cobren paralelamente una pensión privada. El Ejecutivo se dispone a eliminar 28.000 puestos de funcionario, alentando las jubilaciones anticipadas y no cubriendo las vacantes que se produzcan a partir de ahora.
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