Joaquín Leguina (El Economista)
Tema: Política
Tras el último cambio de Gobierno, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció un paquete de medidas "sociales" que no concretó, pero que dejó atónito a medio mundo.
"¿De dónde piensa sacar el dinero para esas medidas?", se preguntaron todos.
En efecto, resultaba impensable que tras el giro dado el 12 de mayo de 2010, el Gobierno -acosado por la deuda externa y por el déficit- pudiera permitirse el lujo de abordar un paquete de medidas sociales. ¿Cómo financiarlas si no había un euro? Estábamos ante un brindis al sol, de eso a nadie le cupo la menor duda.
La semana pasada se desveló el misterio por boca del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba: no se trataba de más gasto, sino de otra cosa. Se preparaba -eso dijo- un conjunto de leyes que, se supone, no costará nada y, entre ellas, la de más relieve -siempre según las palabras de Pérez Rubalcaba- es una que versa acerca de la muerte digna.
No se está en condiciones de analizar ese proyecto de ley, cuyo contenido aún se desconoce, pero si no se consigue el consenso para sacarlo adelante en las Cortes, me temo que entraremos en uno de esos debates que tanto le gustan a ZP: un escarceo más con los obispos. Esta vez, con la eutanasia como telón de fondo. Si es así, habrá llegado el momento de decir basta. Porque ya estamos hartos de ver a nuestros representantes detrás de los clérigos. Unos sosteniendo un cirio y otros blandiendo una estaca. Ya está bien, repito.
En cualquier caso, del paquete siguen sorprendiéndome un par de cosas más: que sea a base de leyes como se quiera rellenar la agenda política y que en un país como España, cuya diarrea legislativa (con 17 parlamentos pariendo normas sin parar) es un mal evidente, se anuncie más madera.
Un país que funciona bien lo hace con pocas pero buenas leyes que, además, se cumplen. La compulsión legislativa es más propia de estados donde no funciona nada bien? y también de gentes confundidas que piensan que la primera labor de cualquier Gobierno consiste en mandar proyectos de ley al Parlamento.
Tras el último cambio de Gobierno, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció un paquete de medidas "sociales" que no concretó, pero que dejó atónito a medio mundo.
"¿De dónde piensa sacar el dinero para esas medidas?", se preguntaron todos.
En efecto, resultaba impensable que tras el giro dado el 12 de mayo de 2010, el Gobierno -acosado por la deuda externa y por el déficit- pudiera permitirse el lujo de abordar un paquete de medidas sociales. ¿Cómo financiarlas si no había un euro? Estábamos ante un brindis al sol, de eso a nadie le cupo la menor duda.
La semana pasada se desveló el misterio por boca del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba: no se trataba de más gasto, sino de otra cosa. Se preparaba -eso dijo- un conjunto de leyes que, se supone, no costará nada y, entre ellas, la de más relieve -siempre según las palabras de Pérez Rubalcaba- es una que versa acerca de la muerte digna.
No se está en condiciones de analizar ese proyecto de ley, cuyo contenido aún se desconoce, pero si no se consigue el consenso para sacarlo adelante en las Cortes, me temo que entraremos en uno de esos debates que tanto le gustan a ZP: un escarceo más con los obispos. Esta vez, con la eutanasia como telón de fondo. Si es así, habrá llegado el momento de decir basta. Porque ya estamos hartos de ver a nuestros representantes detrás de los clérigos. Unos sosteniendo un cirio y otros blandiendo una estaca. Ya está bien, repito.
En cualquier caso, del paquete siguen sorprendiéndome un par de cosas más: que sea a base de leyes como se quiera rellenar la agenda política y que en un país como España, cuya diarrea legislativa (con 17 parlamentos pariendo normas sin parar) es un mal evidente, se anuncie más madera.
Un país que funciona bien lo hace con pocas pero buenas leyes que, además, se cumplen. La compulsión legislativa es más propia de estados donde no funciona nada bien? y también de gentes confundidas que piensan que la primera labor de cualquier Gobierno consiste en mandar proyectos de ley al Parlamento.
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