Juan Vicente Herrera (El Economista)
Tema: Economía
Vengo sosteniendo que es falso e injusto estimar, como con frecuencia escuchamos, que el modelo de Estado autonómico es uno de los principales responsables de nuestro problema de déficit.
El 80% del desequilibrio con el que se cerró 2009 se produjo en el ámbito estrictamente estatal, que, incluida la Seguridad Social, gestiona el 50 por ciento del gasto. De 11,2 puntos, sólo dos correspondieron a las autonomías o, lo que es igual, de cada cinco euros de déficit público en España, menos de uno es de responsabilidad autonómica.
Ninguna cortina de humo debería hacernos olvidar que la causa fundamental del déficit reside en la fracasada política económica del Gobierno, que destinó a políticas de estímulo más porcentaje del PIB que en ningún otro país comparable sin reducir una tasa de paro que dobla a la europea, y que se embarcó en una espiral de medidas de elevado coste y dudosa eficacia, como la desafortunada deducción de 400 euros o los sucesivos Planes E.
Dicho esto, afirmo también que las CCAA han cometido excesos. Pero, sostengo, no derivan del propio modelo, pues, de ser esto así, todas habrían incurrido en los mismos y con igual intensidad. Y aporto el ejemplo de Castilla y León, una de las cuatro comunidades con menor déficit previsto en 2010.
Se habla mucho, por ejemplo, del coste de las televisiones autonómicas. Hace unos meses, The Economist publicó un artículo muy crítico con España en el que se leía: Cada gobierno autonómico tiene su propia cadena de televisión. Es incierto. Castilla y León es la única comunidad autónoma pluriprovincial que no la tiene, y hay otras tres autonomías en esa situación, mientras que otras disponen no ya de uno, sino de cuatro canales. A esto me refiero cuando tacho de injusto el ataque al modelo.
Otro tanto ocurre con la decisión de comunidades como Castilla y León de no disponer de una policía autonómica, o de no establecer delegaciones de naturaleza política en el exterior, o con el tema de las entidades instrumentales: mientras algunas CCAA cuentan con más de 300, otras, como Castilla y León, no alcanzan la veintena, y aún así estamos impulsando procesos de reducción y racionalización.
Un nuevo ejemplo lo encontramos en el recurso a la deuda. En Castilla y León decidimos no agotar, en los últimos ocho años, los límites autorizados. Si lo hubiéramos hecho, nuestra deuda hoy sería un 45% mayor. Somos la cuarta autonomía con menor ratio deuda/PIB y, por eso, en 2011 el servicio de la deuda consumirá el 4 por ciento de nuestros Presupuestos, y no el 20% como en el ámbito estatal.
- Mala gestión estatal.
Por supuesto, no todas las autonomías han seguido esta senda, siendo razonable, de ahí que se endurezca la disciplina fiscal para que todas se sometan a techos de gasto y deuda. Pero esto no es imputable al modelo autonómico, sino sólo a la trayectoria fiscal de algunos Ejecutivos concretos.
Todo ello es lo que me llevó a inquietarme cuando el gobernador del Banco de España afirmó, hace poco, que las autonomías ?nos fastidian a todos?: no ponía el acento en lo esencial ?la mala gestión del Gobierno? y generalizaba, sin añadir que, en uso de su autogobierno, no todas las autonomías se comportan igual.
Lo expuesto sobre el déficit cabe reproducirlo, de modo similar, en cuanto a la hipertrofia administrativa. En buena medida, el alza de empleados públicos de las CCAA en los últimos años se debe, simplemente, a haberlos recibido por transferencia del Estado al servicio de competencias tan intensivas en capital humano como la Sanidad o Educación.
Mientras, el Estado, que cedió a las autonomías 623.000 empleados públicos desde 1998, sólo ha reducido sus puestos en 268.000. ¿Quién mantiene artificialmente infladas sus plantillas, y además para acabar no ejerciendo con vigor y rigor las competencias de coordinación que conserva y que son esenciales?
- Soluciones.
Hace falta, pues, reconducir la política económica nacional, limitar los excesos de algunas comunidades, racionalizar estructuras y, también, resucitar la coordinación estatal. Y hace falta otra cosa en la que puso el acento Mariano Rajoy en su reciente intervención en el Congreso de Empresa Familiar: atajar la fragmentación normativa que impide la unidad de mercado.
No es de recibo someter las actividades privadas a una maraña de requisitos distintos, incompatibles a veces. En el plano vertical, desde una perspectiva estatal, es necesario un plan de simplificación y armonización regulatoria. En el horizontal, desde las propias autonomías, a iniciativa de Castilla y León se está impulsando la constitución de una Conferencia de Gobiernos Autonómicos con ese mismo fin: eliminar trabas, simplificar actuaciones, en este caso a través de la coordinación entre las propias comunidades, en competencias que les son exclusivas.
Ambas soluciones, complementarias, parten de reconocer la bondad esencial del modelo autonómico. Un modelo que nos ha deparado prosperidad, desarrollo y convergencia europea, que puede y debe ser mejorado, pero que no es, en absoluto, el culpable de los males de España.
Lo peor, con todo, es que los reproches a su supuesta insostenibilidad están ocultando el que sin duda debería ser el gran debate del momento: la sostenibilidad de los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, que suponen el 70% de los presupuestos autonómicos, que hoy ya se encuentran infrafinanciados y cuya supervivencia sólo estará garantizada en la medida en que la economía nacional vuelva a crecer y a generar empleo para sufragarlos.
Vengo sosteniendo que es falso e injusto estimar, como con frecuencia escuchamos, que el modelo de Estado autonómico es uno de los principales responsables de nuestro problema de déficit.
El 80% del desequilibrio con el que se cerró 2009 se produjo en el ámbito estrictamente estatal, que, incluida la Seguridad Social, gestiona el 50 por ciento del gasto. De 11,2 puntos, sólo dos correspondieron a las autonomías o, lo que es igual, de cada cinco euros de déficit público en España, menos de uno es de responsabilidad autonómica.
Ninguna cortina de humo debería hacernos olvidar que la causa fundamental del déficit reside en la fracasada política económica del Gobierno, que destinó a políticas de estímulo más porcentaje del PIB que en ningún otro país comparable sin reducir una tasa de paro que dobla a la europea, y que se embarcó en una espiral de medidas de elevado coste y dudosa eficacia, como la desafortunada deducción de 400 euros o los sucesivos Planes E.
Dicho esto, afirmo también que las CCAA han cometido excesos. Pero, sostengo, no derivan del propio modelo, pues, de ser esto así, todas habrían incurrido en los mismos y con igual intensidad. Y aporto el ejemplo de Castilla y León, una de las cuatro comunidades con menor déficit previsto en 2010.
Se habla mucho, por ejemplo, del coste de las televisiones autonómicas. Hace unos meses, The Economist publicó un artículo muy crítico con España en el que se leía: Cada gobierno autonómico tiene su propia cadena de televisión. Es incierto. Castilla y León es la única comunidad autónoma pluriprovincial que no la tiene, y hay otras tres autonomías en esa situación, mientras que otras disponen no ya de uno, sino de cuatro canales. A esto me refiero cuando tacho de injusto el ataque al modelo.
Otro tanto ocurre con la decisión de comunidades como Castilla y León de no disponer de una policía autonómica, o de no establecer delegaciones de naturaleza política en el exterior, o con el tema de las entidades instrumentales: mientras algunas CCAA cuentan con más de 300, otras, como Castilla y León, no alcanzan la veintena, y aún así estamos impulsando procesos de reducción y racionalización.
Un nuevo ejemplo lo encontramos en el recurso a la deuda. En Castilla y León decidimos no agotar, en los últimos ocho años, los límites autorizados. Si lo hubiéramos hecho, nuestra deuda hoy sería un 45% mayor. Somos la cuarta autonomía con menor ratio deuda/PIB y, por eso, en 2011 el servicio de la deuda consumirá el 4 por ciento de nuestros Presupuestos, y no el 20% como en el ámbito estatal.
- Mala gestión estatal.
Por supuesto, no todas las autonomías han seguido esta senda, siendo razonable, de ahí que se endurezca la disciplina fiscal para que todas se sometan a techos de gasto y deuda. Pero esto no es imputable al modelo autonómico, sino sólo a la trayectoria fiscal de algunos Ejecutivos concretos.
Todo ello es lo que me llevó a inquietarme cuando el gobernador del Banco de España afirmó, hace poco, que las autonomías ?nos fastidian a todos?: no ponía el acento en lo esencial ?la mala gestión del Gobierno? y generalizaba, sin añadir que, en uso de su autogobierno, no todas las autonomías se comportan igual.
Lo expuesto sobre el déficit cabe reproducirlo, de modo similar, en cuanto a la hipertrofia administrativa. En buena medida, el alza de empleados públicos de las CCAA en los últimos años se debe, simplemente, a haberlos recibido por transferencia del Estado al servicio de competencias tan intensivas en capital humano como la Sanidad o Educación.
Mientras, el Estado, que cedió a las autonomías 623.000 empleados públicos desde 1998, sólo ha reducido sus puestos en 268.000. ¿Quién mantiene artificialmente infladas sus plantillas, y además para acabar no ejerciendo con vigor y rigor las competencias de coordinación que conserva y que son esenciales?
- Soluciones.
Hace falta, pues, reconducir la política económica nacional, limitar los excesos de algunas comunidades, racionalizar estructuras y, también, resucitar la coordinación estatal. Y hace falta otra cosa en la que puso el acento Mariano Rajoy en su reciente intervención en el Congreso de Empresa Familiar: atajar la fragmentación normativa que impide la unidad de mercado.
No es de recibo someter las actividades privadas a una maraña de requisitos distintos, incompatibles a veces. En el plano vertical, desde una perspectiva estatal, es necesario un plan de simplificación y armonización regulatoria. En el horizontal, desde las propias autonomías, a iniciativa de Castilla y León se está impulsando la constitución de una Conferencia de Gobiernos Autonómicos con ese mismo fin: eliminar trabas, simplificar actuaciones, en este caso a través de la coordinación entre las propias comunidades, en competencias que les son exclusivas.
Ambas soluciones, complementarias, parten de reconocer la bondad esencial del modelo autonómico. Un modelo que nos ha deparado prosperidad, desarrollo y convergencia europea, que puede y debe ser mejorado, pero que no es, en absoluto, el culpable de los males de España.
Lo peor, con todo, es que los reproches a su supuesta insostenibilidad están ocultando el que sin duda debería ser el gran debate del momento: la sostenibilidad de los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, que suponen el 70% de los presupuestos autonómicos, que hoy ya se encuentran infrafinanciados y cuya supervivencia sólo estará garantizada en la medida en que la economía nacional vuelva a crecer y a generar empleo para sufragarlos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario