Fernando García (La Vanguardia)
Tema: Haití
La inmigración haitiana y el comercio bilateral disparan el riesgo de contagio.
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El Gobierno de Leonel Fernández trata a duras penas de blindar el país contra la epidemia de cólera de la vecina Haití tras la aparición de un primer caso en territorio dominicano. El Ejecutivo pidió ayer a sus empresas de construcción y turismo que no empleen nuevos inmigrantes haitianos “por el momento”. Al mismo tiempo, las autoridades reforzaron los controles fronterizos y las restricciones en los mercados bilaterales. Todas estas medidas tendrán inevitablemente un enorme impacto social y económico a poco que se prolonguen. Y en Haití van ya 1.100 muertos.
El paciente número uno de cólera en la República Dominicana, ya fuera de peligro, es el inmigrante haitiano Wilmo Louwes, de 32 años. Contrajo el virus durante unas vacaciones en su tierra. El viernes emprendió el regreso y el sábado ingresó en un hospital de la ciudad en que reside, Higüey, situada a menos de 50 kilómetros de las playas de Punta Cana. La alarma creada en la República Dominicana acabó de dispararse con la noticia de la detección de tres o cuatro casos en el lado haitiano de una de las puertas fronterizas: Ouanaminthe, a sólo 600 metros de la provincia dominicana de Dajabón.
El diputado Héctor Feliz, del opositor Partido Revolucionario Dominicano, añadió argumentos para el pánico al denunciar la ocultación de catorce casos de pacientes con claros síntomas de cólera, a su juicio, que él mismo vio en un hospital de la también fronteriza provincial de Pedernales.
Además de instar a la suspensión de nuevas incorporaciones de haitianos en la construcción y el turismo, el Gobierno impuso la prohibición de entrada para los ciudadanos de ese país sin la documentación en regla (normalmente hay cierta tolerancia), así como la instalación en los puentes de la frontera de colchas de cloro para impregnar neumáticos y zapatos, y, sobre todo, el confinamiento de los mercados binacionales a los que miles de compradores acuden cada semana. La ropa procedente de Haití está vetada desde hace días.
Fernández y sus ministros tratan así de frenar el pánico en el país. Pero los factores de riesgo, tanto de contagio como de afectación económica, son demasiados como para que la población dominicana permanezca tranquila mientras la epidemia sigue avanzando a un ritmo considerable.
Las dos naciones que comparten la isla de La Española están separadas por una porosa frontera de 380 kilómetros, casi imposible de controlar por completo. La decena de mercados bilaterales que dos días a la semana se abren en otras tantas poblaciones de la frontera acogen en cada ocasión a más de 42.000 visitantes, de los que 36.540 son haitianos. La cifra anual asciende a cuatro millones de personas (3,5 procedentes de Haití). Cuando el cólera brotó en el país vecino, el Ejecutivo de Fernández cerró por cuatro semanas el principal de esos mercados, en Dajabón, en el noroeste del país. El día de la reapertura, el pasado 13 de noviembre, tres haitianos resultaron heridos al ser pisoteados por sus compatriotas en la carrera hacia los puestos de venta. En la República Dominicana trabajan alrededor de un millón de haitianos, la mayoría sin papeles y en el sector de la construcción.
Las secuelas del cólera resultan impredecibles. Pero desde ayer afectan ya a toda una isla.
- Florida confirma el primer contagio.
Una mujer residente en Florida, y que viajó a la ciudad de Artibone, en Haití, para visitar a su familia, ha sido hospitalizada a su regreso a casa con síntomas de cólera. Un portavoz del Departamento de Epidemiología de Florida confirmó que el diagnóstico fue ratificado por los laboratorios, aunque la paciente se halla fuera de peligro y en buenas condiciones.
- El estigma de la ONU. Una persona muere en una manifestación contra la Minustah.
Al menos una persona murió y varias resultaron heridas ayer durante nuevas manifestaciones ocurridas en Cabo Haitiano (norte) en contra de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), según informaron medios de prensa en Puerto Príncipe. Miles de personas tomaron las calles de Cabo Haitiano por tercer día consecutivo en protesta por la supuesta responsabilidad de la Minustah en el surgimiento de la epidemia de cólera que ha causado ya más de 1.100 muertos en Haití. El incidente se produjo en la entrada sur de la ciudad, cuando un tanque de la Minustah quedó atrapado en una trinchera.
Súbitamente se oyeron disparos que causaron la muerte a una persona y heridas a otras, reportaron los medios, que no precisaron el origen del tiroteo. La policía haitiana intervino para tratar de restablecer el orden, pero al final de la tarde los manifestantes todavía se encontraban en las calles. El Gobierno haitiano envió a la zona una delegación para tratar de calmar la situación.
La situación responde a una realidad incontestable. Los cascos azules desplegados en el país caribeño desde el 2004 no gozan de buena fama. Su intervención en los incidentes que siguieron al desalojo de Jean Bertrand Aristide del poder, en febrero de aquel año, no estuvo exenta de controversia dentro y fuera de la isla.
Una parte importante de la población acusa a los cascos azules procedentes de Nepal de haber llevado el cólera al país. Señalan que el contingente asiático introdujo la bacteria al verter materias fecales al río Artibonite. Tal acusación, pero también el odio acumulado en estos seis años, están detrás de las violentas manifestaciones que miles de personas han protagonizado contra los soldados de la ONU en distintos puntos del país. En una de ellas, la del pasado lunes en Cabo Haitiano, un casco azul mató a un joven de 20 años “en defensa propia”, según la versión oficial. Otro manifestante murió de otro tiro de procedencia desconocida.
Los responsables de la misión internacional negaron la responsabilidad del contingente nepalí en el brote de cólera. La Organización Mundial de la Salud afirmó por su parte que la prioridad no es averiguar el origen de la enfermedad –la cual no se detectaba allí desde hacía décadas–, sino frenar su expansión.
Pincha en la imagen para ampliarlaEl paciente número uno de cólera en la República Dominicana, ya fuera de peligro, es el inmigrante haitiano Wilmo Louwes, de 32 años. Contrajo el virus durante unas vacaciones en su tierra. El viernes emprendió el regreso y el sábado ingresó en un hospital de la ciudad en que reside, Higüey, situada a menos de 50 kilómetros de las playas de Punta Cana. La alarma creada en la República Dominicana acabó de dispararse con la noticia de la detección de tres o cuatro casos en el lado haitiano de una de las puertas fronterizas: Ouanaminthe, a sólo 600 metros de la provincia dominicana de Dajabón.
El diputado Héctor Feliz, del opositor Partido Revolucionario Dominicano, añadió argumentos para el pánico al denunciar la ocultación de catorce casos de pacientes con claros síntomas de cólera, a su juicio, que él mismo vio en un hospital de la también fronteriza provincial de Pedernales.
Además de instar a la suspensión de nuevas incorporaciones de haitianos en la construcción y el turismo, el Gobierno impuso la prohibición de entrada para los ciudadanos de ese país sin la documentación en regla (normalmente hay cierta tolerancia), así como la instalación en los puentes de la frontera de colchas de cloro para impregnar neumáticos y zapatos, y, sobre todo, el confinamiento de los mercados binacionales a los que miles de compradores acuden cada semana. La ropa procedente de Haití está vetada desde hace días.
Fernández y sus ministros tratan así de frenar el pánico en el país. Pero los factores de riesgo, tanto de contagio como de afectación económica, son demasiados como para que la población dominicana permanezca tranquila mientras la epidemia sigue avanzando a un ritmo considerable.
Las dos naciones que comparten la isla de La Española están separadas por una porosa frontera de 380 kilómetros, casi imposible de controlar por completo. La decena de mercados bilaterales que dos días a la semana se abren en otras tantas poblaciones de la frontera acogen en cada ocasión a más de 42.000 visitantes, de los que 36.540 son haitianos. La cifra anual asciende a cuatro millones de personas (3,5 procedentes de Haití). Cuando el cólera brotó en el país vecino, el Ejecutivo de Fernández cerró por cuatro semanas el principal de esos mercados, en Dajabón, en el noroeste del país. El día de la reapertura, el pasado 13 de noviembre, tres haitianos resultaron heridos al ser pisoteados por sus compatriotas en la carrera hacia los puestos de venta. En la República Dominicana trabajan alrededor de un millón de haitianos, la mayoría sin papeles y en el sector de la construcción.
Las secuelas del cólera resultan impredecibles. Pero desde ayer afectan ya a toda una isla.
- Florida confirma el primer contagio.Una mujer residente en Florida, y que viajó a la ciudad de Artibone, en Haití, para visitar a su familia, ha sido hospitalizada a su regreso a casa con síntomas de cólera. Un portavoz del Departamento de Epidemiología de Florida confirmó que el diagnóstico fue ratificado por los laboratorios, aunque la paciente se halla fuera de peligro y en buenas condiciones.
- El estigma de la ONU. Una persona muere en una manifestación contra la Minustah.
Al menos una persona murió y varias resultaron heridas ayer durante nuevas manifestaciones ocurridas en Cabo Haitiano (norte) en contra de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), según informaron medios de prensa en Puerto Príncipe. Miles de personas tomaron las calles de Cabo Haitiano por tercer día consecutivo en protesta por la supuesta responsabilidad de la Minustah en el surgimiento de la epidemia de cólera que ha causado ya más de 1.100 muertos en Haití. El incidente se produjo en la entrada sur de la ciudad, cuando un tanque de la Minustah quedó atrapado en una trinchera.
Súbitamente se oyeron disparos que causaron la muerte a una persona y heridas a otras, reportaron los medios, que no precisaron el origen del tiroteo. La policía haitiana intervino para tratar de restablecer el orden, pero al final de la tarde los manifestantes todavía se encontraban en las calles. El Gobierno haitiano envió a la zona una delegación para tratar de calmar la situación.
La situación responde a una realidad incontestable. Los cascos azules desplegados en el país caribeño desde el 2004 no gozan de buena fama. Su intervención en los incidentes que siguieron al desalojo de Jean Bertrand Aristide del poder, en febrero de aquel año, no estuvo exenta de controversia dentro y fuera de la isla.
Una parte importante de la población acusa a los cascos azules procedentes de Nepal de haber llevado el cólera al país. Señalan que el contingente asiático introdujo la bacteria al verter materias fecales al río Artibonite. Tal acusación, pero también el odio acumulado en estos seis años, están detrás de las violentas manifestaciones que miles de personas han protagonizado contra los soldados de la ONU en distintos puntos del país. En una de ellas, la del pasado lunes en Cabo Haitiano, un casco azul mató a un joven de 20 años “en defensa propia”, según la versión oficial. Otro manifestante murió de otro tiro de procedencia desconocida.
Los responsables de la misión internacional negaron la responsabilidad del contingente nepalí en el brote de cólera. La Organización Mundial de la Salud afirmó por su parte que la prioridad no es averiguar el origen de la enfermedad –la cual no se detectaba allí desde hacía décadas–, sino frenar su expansión.
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